Luchando por llegar a buen puerto

Por Erika Paradisi

“Cuando la norma cívica trasciende se trasforma en arma política: ellas la escriben, solo ellas la entienden” corea la canción del grupo musical español Mafalda con fuerte convicción y efectivamente ese parece ser uno de los caminos.

En el momento en que para algunos parecía que ya estaba saldada la discusión en torno a la cuestión de género surge un nuevo caso, donde la repercusión mediática abre las puertas al debate y la pone en el centro de la escena.

En agosto salió a la luz la historia de Jessica Millamán, una deportista chubutense ícono de la comunidad LGBT desde el año 2013 por haber sido la primera jugadora transexual en participar en un torneo de hóckey femenino. Se convirtió en noticia cuando no le permitieron volver a fichar en la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped y Pista del Valle de Chubut; amparándose en una reglamentación internacional que para permitirle la participación en las competencias pone como condición no haber sufrido cambios anatómicos, es decir quirúrgicos, terapia hormonal adecuada para el sexo asignado y reconocimiento legal por las autoridades competentes. La deportista consideró su situación como un acto discriminatorio y elevó su solicitud a nivel judicial donde se resolvió el inmediato refichaje bajo apercibimiento de una multa diaria de $30.000 a cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

Pasados cuatro años de sancionada la ley de identidad de género el Estado reconoce a Jessica como mujer y lo acredita mediante su DNI, por lo cual cualquier tipo de reglamento que intente refutarlo cae por el peso jerárquico normativo (una ley nacional pesa más que un reglamento deportivo).  A simple vista parecería ser el fin de la discusión, pero el entramado social lo contradice constantemente. En lo cotidiano la complejización de las relaciones humanas pone de manifiesto el carácter rancio de la dicotomía hombre/mujer, etiquetas político culturales insuficientes para definir a las personas. A pesar de ello, este avance social a nivel estatal se transformó en un arma política de gran relevancia, ya que sin ella hubiera sido sumamente difícil o incluso imposible para Jessica luchar por el derecho a participar en la competencia deportiva. Sin embargo, no es suficiente.

Es evidente que al reconocer un derecho de tal magnitud, como es el derecho a la identidad, el Estado debe ser el encargado de planificar y tutelar políticas públicas de inserción social dirigidas a aquellos sectores de la población que han sido marginados y llevan décadas de desventajas y exclusión en términos laborales, educativos, sanitarios, deportivos y culturales. No solo existe sino que también persiste una deuda para con estos sectores, y se va acrecentando con la inacción estatal. Si bien esta deuda es de la comunidad en su conjunto, el Estado como regulador y articulador de las relaciones sociales es el principal responsable en la promoción del reconocimiento de estos sectores y responsable de resarcirlo por sus faltas.

Vivimos en un mundo plagado de avances y retrocesos en términos de igualdad y derechos, pero tenemos a favor la lucidez y la fuerza necesarias para identificar las falencias y luchar por revertirlas. Jessica contó con el apoyo de organizaciones sociales y civiles  que hicieron eco de su voz, fue recibida por la Comisión de deportes de Diputados junto con otras dos deportistas trans de San Juan y San Luis y en diálogo con la agencia Télam, destacó: “Yo tuve la suerte de volver a entrar a las canchas, pero no la pasé lindo y voy a pelear para que las generaciones futuras no pasen por eso”.

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