Tarifazo: Mitos y verdades de una decisión política

 

por: Facundo Pajón

En los últimos nueve meses, un tema recurrente en el ambiente político de nuestro país ha sido la situación energética y el nuevo cuadro tarifario con el que debían regirse las empresas prestadoras de servicio en base al consumo de los ciudadanos -usuarios- desde la asunción del nuevo gobierno.

El encargado de dicha tarea fue el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien había reconocido en el mes de febrero, según lo que manifestó el Diario Clarín del día 1 de febrero del 2016, que “en el caso del sistema de gas el atraso era menor al del sistema eléctrico, y que el anterior gobierno “había reconocido un precio diferencial para el gas adicional. Sin embargo, la aplicación del nuevo cuadro tarifario, fue discrecional. En este sentido, es menester destacar que no se convocó a ninguna audiencia pública, requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas ante los ojos de la Corte Suprema de Justicia acorde a lo dictaminado luego del fallo del mes de agosto que obligó al gobierno a realizarlas; por lo cual en algunos casos los aumentos en la tarifa del gas habían alcanzado hasta el 1000%.

Ante este panorama, durante tres días se realizó la audiencia pública dictaminada por la Corta Suprema de Justicia en la Usina del Arte, donde diferentes dirigentes políticos, ex funcionarios y representantes de la sociedad civil, se convocaron a debatir desde sus distintas perspectivas en base a las posibles soluciones que, el reajuste tarifario, amerita. En éste sentido los disertantes coincidieron en varios puntos que se detallarán.

En primer lugar, durante la audiencia, convocada para fijar el precio de gas a boca de pozo, no se presentaron estudios previos que acreditasen cuáles son los verdaderos costos de extracción en los distintos yacimientos del país. En este sentido, es interesante observar que los niveles de cotización del BTU (unidad de medición del gas de boca de pozo) en nuestro sistema tarifario se encuentran plasmados en valor dólar, por lo cual calquier modificación en el tipo de cambio -por ejemplo, devaluación– generaría un incremento en el precio del BTU, por ende, en las tarifas. Además cabe señalar que el costo por extracción del gas en boca de pozo en nuestro país, duplica el de los paises desarrollados.

En segundo término, los expositores coincidieron en que las empresas no registraban pérdidas, sino lo que se manifiesta en la decisión política del gobierno es una transferencia de recursos en materia de subsidios. Y este es el asunto relevante. Lo que explicitamente el ministro Aranguren asegura es que con el reajuste tarifario habrá un sinceramiento de precios, aunque debería denominarlo transferencia de recursos. ¿Por qué ese nombre? Porque el valor del BTU, que se encontraba en un 70% subsidiado por el Estado -para hogares, clubes y pymes- hoy recae en esos sectores que con el anterior régimen se veian beneficiados. Pero entonces podemos preguntarnos ¿Quién se beneficia con esta transferencia de recursos? Y, de existir algun beneficiado, ¿en qué se beneficia el Estado? La primera de estas dos preguntas es fácil de responder, la transferencia de recursos se traduce en la reducción de ganancias y poder adqusitivo en la clase media y las pymes, junto con un aumento en la ganancia directa en las petroleras. Lo que el gobierno no tuvo en cuenta, es que si las pymes no pueden afrontar este ajuste tarifario lo que está en juego es el 70% del empleo calificado que las mismas proporcionan al mercado local. En cuánto a la segunda pregunta, no existe una respuesta concreta. Lo que sucede es que siguiendo la teoria de derrame, los economistas del MINEM creen que las empresas al obtener mas ganancias invertirán más dinero en su rubro. Esto puede suceder cuando existe un mercado competitivo, que no es este el caso. Debemos advertir que el mercado de productoras de gas y petroleo está controlado por 7 empresas que acaparan más del 80% del mercado, por ende sería una competencia oligopólica que las pone en una situación privilegiada. Además, al no existir un plan de inversión desde el Ministerio, nos encontramos ante la “no obligación” de las empresas a reinvertir sus ganancias en el desarrollo local.

Por último, todos los presentes -incluyendo al Ministro Aranguen- se cuestionaron el rol del Estado. Algunos advirtiendo que éste debe atender las necesidades y los derechos de los más vulnerables, asegurándoles una vida digna -lo cual incluye el acceso al agua, la luz y el gas – y otros, entendiendo que solo debe regir el Estado de derecho que demarque los limites legales de la acción de los privados, su interacción y posibilite el libre crecimiento económico a las empresas y los ciudadanos, en donde todos tengan igualdad en sus oportunidades, pero sin prever si todos parten desde el mismo lugar.

En suma, lo que está en juego es siempre el rol que ocupa el Estado en su intervención en la sociedad civil. Y en esto hay dos claros caminos: intervenir en las interacciones que los diferentes actores poseen preservando -y garantizando- los derechos individuales y colectivos de todos; o por el contrario, siendo un mero juez que, a traves de sus instituciones, dirime los conflictos y preserva el orden. ¿Y dónde queda la igualdad en el acceso a las oportunidades (en esa segunda alternativa)? Quienes la sostienen esperan que las dirima la natural lucha de clases, o como el establishment osa llamarlos: emprendedores.

 

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