La educación pública en el ojo del huracán

Por Carolina Bojorge (técnica en Relaciones Laborales)

El proyecto impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal a través de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires consiste en evaluar los saberes de los jóvenes de terceros grados de primaria y los terceros años de secundaria. Pero, ¿de qué se trata?

Principalmente este proyecto estaría dividido en dos etapas. La primera, según el Presidente del Consejo Escolar del Partido de La Matanza, Alejandro Schvartzman, se basa en “evaluar un conocimiento dado y que no tienen en cuenta al sujeto que tiene en frente” extrayéndolo de su contexto social y económico. El método por el cual se llevaría a cabo esta evaluación es mediante la técnica de opción múltiple, ejecutado por un docente que no es el mismo que acompañó el aprendizaje del alumno y que por lo tanto lo desconoce íntegramente. Una consecuencia inmediata es la alienación del joven.

Esa primera evaluación del alumno desembocaría directamente en la segunda etapa que es evaluar a los docentes en su desempeño dentro del aula. Con el fin último de desestimar lo realizado desde la promulgación de la ley de educación media en 2006, reemplazándolo paulatinamente con el modelo educativo chileno que premia a aquellos que no tienen altas tasas de repetidores y que no realizan medidas de fuerza como ser las huelgas o paros.

Lo cierto es que en nuestro país, la ley de asociación sindical 23551 contempla en su art. 5 el derecho a la manifestación y el uso de acciones directas como se huelgas o paros, y es por esto que se rechazó el planteo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires que busca tercerizar los servicios de educación y auxiliares que se encuentren realizando una medida de esa índole. Según lo informado por el gobierno es para “garantizar la continuidad educativa”, pero realmente es en detrimento del poder de negociación de los sindicatos, como sucedía allá por 1921 cuando en las fábricas se contrataban rompehuelgas que trabajaban durante el transcurso de la medida, desalentando el uso de la huelga como una herramienta de negociación colectiva.

Es evidente que los métodos que se están impulsando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tienen un antecedente histórico. En la década del 90 se intentó implementar la misma medida de evaluación, la cual fue rechazada rotundamente porque perjudicaba directamente la calidad de la educación. Si se analiza la medida que se está queriendo implementar, surge a las claras que ésta se opone con lo que se impulsó desde el gobierno durante los últimos diez años en la Argentina.

Se podría afirmar entonces que por medio de la implementación de este proyecto se busca precarizar la calidad de la educación pública, que pasa de ser crítica del sistema y formadora de seres capaces de realizar análisis propios, a un sistema donde el joven es solo un medio de reproducción de la información que se le inculca desde las diferentes currículas; propiciando de este modo un vaciamiento de contenido.

En este contexto, no resultan menores las palabras del presidente del Consejo Escolar, quien afirma que “es el momento de juntarnos para no permitir que esto suceda, más allá que el Consejo Escolar no tiene injerencia en lo pedagógico, es dar una pelea desde todos los foros que tengamos para que esta evaluación no se lleve adelante.”

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