La industria del libro en crisis

Por Víctor. E.G

En la dictadura cívico militar del año 1976, se encontraba a cargo del Ministerio de Economía, un ortodoxo liberal, José Alfredo Martínez de Hoz, descendiente de una familia de estancieros, presidentes de la Sociedad Rural Argentina. El slogan de esa época era: “Achicar el estado es agrandar la Nación”. Y una forma de disminuir la función del estado fue la apertura de las importaciones. El plan fue un gran fracaso: inflación, fuga de capitales y una economía estancada; el funcionario renunció.

Ya no hubo barreras que contengan la entrada al país de los diversos bienes de consumo terminados. El motivo fue promulgar una competitividad de precios y parar con el abuso por parte de los fabricantes nacionales, que según el gobierno de facto dañaba el bolsillo del comprador con productos de baja calidad, y en cambio así el consumidor podía libremente elegir entre importar o comprar en el país.

Hoy el régimen de Cambiemos a  dopta la misma y vieja receta neoliberal. El Ministro de Producción, Francisco Cabrera (quien también es presidente de la Fundación Pensar, que se encuentra bajo investigación de la Procelac, por el desvío de fondos públicos que terminaron en dicha fundación macrista), dijo en el diario La Nación:”Las trabas del gobierno anterior, no sólo aislaron al país, sino que  hicieron caer la industria editorial nacional dados que los costos de producción locales la hicieron menos competitiva y desalentaron la exportación de libros”.

Al relato  de la “pesada herencia”, se contrapuso los datos suministrados por la Cámara Argentina del Libro (CAL): en el primer semestre del 2016, la importación de libros en el país aumentó un 50 % en relación al mismo período del pasado 2015; mientras que se registró una baja en las exportaciones del 6%; a la vez que la producción propia cayó en un 12%.

Argentina junto con Brasil y Colombia son los mayores productores de textos en la región. Y las tasas de lectura nacionales (casi en todos los formatos) es una de las más altas de Latinoamérica. Los datos surgieron en una encuesta Nacional de Consumos Culturales efectuada por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), realizada en el  año 2014.

El Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quién en su prontuario registró: haber sido ex gerente editorial de la empresa TyC Sport (perteneciente al Grupo Clarín), y ex periodista del diario La Nación. El funcionario dio su opinión sobre la medida económica tomada por el gobierno; y declaró en Infobae: “Los lectores argentinos van a tener acceso a la mayor oferta bibliográfica disponible, sin obstáculos ni limitaciones que impedían la libre circulación de las ideas”.

La ideología de los conservadores no ha cambiado con el tiempo, las ideas se circunscriben a leer un libro y si éste es importado enaltece el statu quo del lector. En nombre de la libertad, cierran las fábricas nacionales, que ya no pudieron competir con un bien fabricado en Singapur. El ejemplo claro fue el cierre de la emblemática librería “Adán Buenos Aires”.

En éste período del “cambio” la inflación no se aquieta. El papel que es un insumo fundamental que sigue aumentando en forma abrupta. Y se agrega un problema más: la empresa Papel Prensa. Clarín cuenta con un 49% de las acciones, y el resto se reparte entre el diario La Nación, 22,49%, y el Estado Nacional con un27, 46% directo y un 6,2% de la agencia oficial de noticias Telam.

En septiembre de 1978, durante El proceso de Reorganización Nacional se inauguró la planta de Papel Prensa. Cuyos dueños son Mitre; Herrera de Noble y Magneto. Comenzaba la asfixia a los diversos consumidores de la materia prima, que fueron y son sometidos al pago del alto precio fijado por el monopolio.

Desde 2010, hay una causa judicial a cargo del juez Ercolini; quien investiga los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la adquisición de las acciones, por parte de los personajes nombrados anteriormente. Quienes amenazaron de muerte a Lidia Papaleo (viuda de Graiver, antiguo accionista de la empresa del papel), la obligaron a vender a un precio vil el paquete accionario que fue de su legítima pertenencia.

No sólo la industria del libro está en crisis. También hay un trance institucional que atenta la calidad democrática de un país. Se mesclan los políticos oficiales con los empresarios que apoyaron su campaña, los favores son recompensados con medidas económicas que favorecen a los más fuertes. Cúspide, es una de las más grandes cadenas de librerías del país y pertenece al Grupo Clarín, en ella se encuentran los textos que no hay en otras librerías a un costo arbitrario.

El factor primordial de la fabricación de periódicos y textos está manchado con denuncias de crímenes que no son atendidos con celeridad por los jueces. El papel se encuentra bajo las garras del monopolio que es cómplice de la debacle en la industria nacional y por ende, las pequeñas librerías no pueden aguantar los costos. Los grandes e inescrupulosos empresarios pueden soportar el embate económico porque son los formadores de precios y son los mayores importadores. Ellos son los dueños de la información.

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