Macri y la vuelta a los noventa en la cuestión Malvinas

Por Christian Libonatti

El Gobierno de Mauricio Macri decidió replicar la política exterior de Carlos Menem con respecto a la disputa sobre Malvinas, priorizando los acuerdos comerciales antes que el reclamo por la soberanía.

La conversación con la primera ministra Theresa May duró menos de un minuto, apenas fue un cruce en los pasillos de la ONU. Pero trajo muchos dolores de cabeza en el Gobierno. La propia Canciller Susana Malcorra desmintió al Presidente, quien había asegurado que el Reino Unido tenía intenciones de discutir la cuestión del dominio político  sobre las Islas. A pesar de esta puesta en escena diplomática, la intención de Cambiemos es darle un giro de 180 grados a la disputa política por la zona del Atlántico Sur.

En 1997 comenzó a asomar la visión de Macri sobre la cuestión del Atlántico Sur. Durante una entrevista al diario Página 12, el entonces presidente de Boca Juniors aseguró: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Las Islas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina”. Su visión se centraba en un aspecto económico fundamental: “Tengo entendido que al Tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año mantenerlas”. Era la época de la llamada política de seducción del Canciller Guido Di Tella con los malvinenses y de una fuerte vinculación comercial con el Reino Unido.

Todo comenzó en 1989, cuando ambos países firmaron en Madrid una declaración conjunta que abrió las puertas para diversos acuerdos comerciales, dejando de lado la discusión política. El famoso “paragüas diplomático” permitió retomar la agenda bilateral sin que sea necesario resolver el fondo de la cuestión. El documento firmado por el Gobierno de Carlos Menem señalaba en su segundo párrafo que nada de lo acordado sería “interpretado como un cambio en la posición de la República Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las islas Malvinas”.

La novedad es que hace unas semanas ese contrato volvió a tomar vigencia, en su sentido más legal y diplomático. Tras la reunión de Malcorra con el Ministro de Estado para América Latina de la Cancillería británica, Alan Duncan, ambos países difundieron un comunicado conjunto en donde se destacó “el mejoramiento de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido” y se señaló que todo está enmarcado en los papeles diplomáticos de 1989, renovando así la impronta menemista.

Los puntos más destacados son “el establecimiento de conexiones aéreas adicionales entre las Islas del Atlántico Sur y terceros países, además de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino” y una política que busca “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Los obstáculos vendrían a ser los reclamos de soberanía.

Desde la oposición salieron rápidamente a criticar este acuerdo conjunto. El exsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, señaló que allí no se hace mención a ninguna de las históricas demandas argentinas, como “la resolución 2065 de Naciones Unidas, que plantea la necesidad de la negociación bilateral para resolver la controversia o la violación de la resolución 31/49 que prohíbe las acciones unilaterales que el Reino Unido está llevando adelante en el área”.

En el Frente Renovador opinaron de una forma similar y las palabras del diputado Alejandro Grandinetti fueron claras: “El petróleo, la pesca y la navegación son la soberanía. Es absurdo decir que defendemos la soberanía y no poner sobre la mesa esos temas, estableciendo en la declaración un principio de entrega de los intereses argentinos sobre las islas”.

Al igual que durante el menemismo, desde Cambiemos priorizan los acuerdos comerciales antes que la discusión diplomática. El negocio es importante: en mayo de este año la petrolera Rockhopper Exploration anunció que en la plataforma marítima en disputa hay casi 1.000 millones de barriles de crudo para explotar. Y el Gobierno argentino no quiere quedarse afuera.

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