Boleta Única Electrónica: transparencia vs modernidad

Por Sabrina Perez (Lic. En Ciencia Política)

El gobierno de Mauricio Macri envío al Congreso un proyecto de reforma de la ley electoral, que prevé entre otras cosas, instituir el voto electrónico a nivel nacional para implementar en todo el país en las elecciones legislativas de 2017.

Hay distintos métodos de voto electrónico, pero el que se propone en el proyecto consiste en una Boleta Única Electrónica (BUE). La BUE introduce dos reformas importantes: por un lado, permite que todos los candidatos a una categoría se muestren simultáneamente; y por otro, el procedimiento de votación de realiza en una pantalla táctil que imprime el papel que irá a la urna, y a su vez el voto queda registrado en un chip.

De esta manera, el votante deposita su sufragio, pero el mismo queda también inscripto en la máquina, que es de donde provienen los datos finales que se utilizan para el escrutinio general. Luego se toma una muestra de algunas mesas y se compara los resultados con los recibidos en forma electrónica. Este sistema presenta ventajas como la agilidad del conteo;  descarta el problema del faltante de boletas en el cuarto oscuro; disminuye los costos de impresión de boletas, (especialmente beneficioso para los partidos chicos); elimina los márgenes de error ligados a la interpretación de los fiscales sobre la validez de los votos; entre otros.

Sin embargo, también ha recibido críticas de ONG’s como Vía Libre, la Defensoría del Pueblo y analistas informáticos nacionales e internacionales y cuenta con desventajas entre las que se encuentran que el presidente y los fiscales no pueden auditar íntegramente el sistema; no existen garantías sobre la privacidad de los datos y la seguridad del formato electrónico; y no es funcional a las personas con discapacidad.

En ese sentido, los técnicos señalan que se trata de un procedimiento vulnerable en varios puntos. De acuerdo con las auditorías realizadas sobre las experiencias pasadas de este sistema en nuestro país, tanto en Capital Federal  como en Salta, los servidores sufrieron, días previos a los comicios, ataques informáticos que permitían robar información y realizar ediciones en los datos de las escuelas, los votantes y los resultados. También se detectó que con ciertas modificaciones sobre el chip, se puede generar que cada voto se contabilice varias veces. Algunas de estas intromisiones ni siquiera necesitan tecnología compleja para realizarse, basta con un celular con las funciones típicas.

Si tomamos las experiencias previas mundiales, encontramos que ninguno de los países con mayor desarrollo humano lo utiliza, excepto parcialmente Estados Unidos. En Alemania, Irlanda, Reino Unido y Holanda el sistema se prohibió, luego de experiencias fallidas.

Durante el 2006 los neerlandeses comprobaron que se podía violar el secreto del voto, mientras que en Finlandia en 2008 se encontraron múltiples errores que llevaron a la anulación total de los comicios, en tanto al año siguiente la Corte Suprema del país germano lo consideró inconstitucional, ya que no permitía que el ciudadano controlara íntegramente el proceso. Con respecto a Estados Unidos, donde aún se realiza en algunos estados, el sistema sigue recibiendo cuestionamientos sobre su seguridad y transparencia.

Hay una importante desventaja más, en términos económicos: este sistema es muy costoso. Se calcula que el Estado debe adquirir unas 90.000 máquinas, suponiendo que haya una por mesa para poder implementar el método en todo el país, que requieren cuidados y mantenimientos especiales, y cuya reutilización no está garantizada.

Esto lleva la cuestión a aguas más turbulentas: ¿Quién recibe la licitación para la provisión de las máquinas? ¿Qué intereses se encuentran detrás de las mismas? Actualmente hay solo una empresa, Magic Software Argentina (MSA) que las produce, aunque existe la posibilidad de ampliar el mercado a un oligopolio con dos compañías más. La baja competencia deja poco margen para el abaratamiento de los costos, y mucho para el lobby corporativo. La oposición al gobierno directamente calificó al proyecto como “un negociado del oficialismo”.

El voto electrónico se nos presenta como una innovación moderna y ágil, y apela a lo que Ernesto Calvo llama el “fetiche por la tecnología” de los argentinos. Pero no siempre nos simplifica la vida. Si no se puede certificar la transparencia, seguridad, control y confidencialidad de los comicios, entonces lo que se gana en tiempo se pierde en garantías, y eso puede representar un grave daño a la democracia.

 

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