La emergencia de una ley

Por Esteban Martin Pastoriza

Diferentes organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Corriente Clasista y Combativa(CCC) reclamaron por la aprobación del proyecto de Ley de emergencia social, que ya fue presentado en el Congreso de la Nación y que enmarca el otorgamiento de un salario social complementario y la creación de un millón de puestos de trabajo que permitan paliar la situación de hambre, pobreza y despidos que se atraviesa en todo el país y que principalmente afecta a los sectores informales de la economía.

Estas agrupaciones del campo popular están promoviendo la Campaña “Ley de Emergencia Social Ya! + Dignidad + Más trabajo” como respuesta al ajuste económico aplicado por el Gobierno de la Nación y cuyos efectos colaterales se asientan en una profunda recesión económica, caída del consumo doméstico con implicancias en el mercado interno y  una retracción del Estado con respecto a la protección del empleo.

Lo que hace novedoso a este reclamo de los sectores más vulnerables de la sociedad es que en primer lugar piden la institucionalización de la economía popular como una forma de crear un sistema de protección social que abarque a aquellos trabajadores desocupados, con trabajos precarios o informales. Y en segundo término que ese pedido se apoya en una extensa campaña nacional en los territorios a partir de la instalación de mil ollas populares en las principales  ciudades de las provincias argentinas.  Los puntos más convocantes fueron frente al Obelisco, en la Plaza del Congreso, en el puente Pueyrredón, como así también en diferentes sectores de la ciudad de La Plata, y las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

El proyecto de ley contiene un articulado de cuatro capítulos en los cuales se requiere, en primer lugar, que el Programa Ingreso Social con Trabajo creado por la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social N° 3.182/2009 pase a denominarse Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, que en el marco de ese mismo Ministerio se creen un millón de nuevos puestos de trabajo. Segundo, la creación del Consejo de la Economía Popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para definir en un plazo de hasta 180 días un Salario Social Complementario (SSC) definido de acuerdo a un índice de canasta popular.  Tercero, se propone la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), en el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la Economía Popular que quieran recibir el SSC. Por último, se solicita la declaración de la Emergencia Social en el territorio nacional por el término de un año que permitiría incrementar los montos de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social.

En los fundamentos del proyecto, la declaración de la emergencia se justifica en tres cuestiones. Por un lado, la situación recesiva que atraviesa la economía: hay 2 millones de argentinos más con problemas de empleo; es decir, que han perdido su trabajo o que trabajan menos horas de las que podrían y desearían hacerlo. Luego, la reducción del consumo doméstico que ha puesto en problemas a los pequeños emprendimientos sociales y productivos y por último, la falta de propuestas del Estado para generar nuevos puestos de empleo. Estas tres variables, sumadas al proceso inflacionario y a la disminución del poder adquisitivo, ponen en jaque a la clase trabajadora y en especial a la economía popular que, por sus características, cuentan con menos protección social y en consecuencia menos posibilidades de recuperar ingresos.

En relación con ello y en base a los datos del Barómetro de la Deuda Social elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, vemos que en la República Argentina en lo que respecta a lo transcurrido del 2016 los índices de pobreza se han incrementado,  a punto tal que actualmente abarca al 34,5% del total de la población. El cálculo de la UCA es que entre diciembre de 2015 y abril de 2016 hay 1.400.000 más pobres y 400.000 más indigentes, pero la  diferencia con el período anterior es que no sólo están siendo afectados los segmentos de la población más vulnerables,  sino también la clase trabajadora media, los pequeños comercios y lo trabajadores eventuales.

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