Es de Temer: Brasil frena el gasto publico por 20 años

por Esteban Pastoriza

El Congreso Nacional del Brasil logró que su Cámara de Diputados apruebe por 366 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones, la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 241) que impone un freno al gasto público por el periodo de 20 años. El proyecto impulsado por el Presidente de Brasil, Michel Temer, forma parte de  un paquete de medidas de ajuste que buscan, según el gobierno brasilero, reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza de los inversores.

Esta nueva arremetida del gobierno de Temer, que se adueñó de la investidura presidencial del país luego de impulsar el proceso de juicio político (impeachment) que destituyó a Dilma Rouseff de su cargo como primera mandataria del país, da cuenta de un nuevo régimen fiscal que intenta establecer un techo a lo que antes estaba previsto como un piso por la Constitución. Es decir, lo que anteriormente el Gobierno consideraba una base mínima para invertir en educación, salud, asistencia social y otras políticas públicas, ahora se convierte en un techo máximo que se somete solo a la inflación del año anterior sin tener en cuenta el crecimiento económico ni demográfico del país.

El proyecto fue aprobado en la primera ronda de votación en la Cámara de Diputados, pero debe someterse a una segunda instancia; y en la medida en que vuelva a conseguir un resultado positivo, pasará a la Cámara de Senadores para entablar un nuevo debate y buscar su promulgación definitiva.

 Cómo repercute la Propuesta de Enmienda Constitucional en la salud

Actualmente, los gastos destinados al sistema sanitario están vinculados en forma directa a los ingresos líquidos del Gobierno Federal, esto implica que se debe obedecer el piso mínimo de aporte en salud que equivale al 13% de los ingresos del País, y donde los estados y municipios deben invertir como mínimo el 15 % de sus recaudaciones tributarias y presupuestos.

Ante la urgencia del Gobierno de Brasil por aprobar el PEC 241, el Consejo Nacional de Salud clasifica a la “enmienda del techo” como “la muerte del SUS” (el sistema público de salud de Brasil). Dicho sistema, que hoy en día atiende al 75% de la población brasilera, cerca de 150 millones de personas; puede sufrir un deterioro muy importante en su estructura, planificación y recursos. Además, puede llevar a otro de los objetivos propios del plan de ajuste del Presidente Michel Temer: la privatización del sistema de salud.

Las consecuencias de estas medidas pueden ser perjudiciales tanto para aquellos sectores más vulnerables de la sociedad que dependen de la intervención del Estado mediante el desarrollo de distintos programas sociales; como así también para los asalariados y jubilados que van a ver sus ingresos reducidos y afectados en su capacidad de consumo, ya que el plan de ajuste también enmarca una serie de reformas que refieren a la flexibilización laboral y aumentos en la edad jubilatoria.

Estas políticas derivadas de una matriz mercado-céntrica que buscan entablar la expresión de un Estado mínimo, sin grandes intervenciones y sometido a la lógica de la economía de mercado, puede producir resultados negativos que perjudiquen  la calidad de vida de la población, incrementen los índices de desempleo, afecten al  bolsillo del trabajador y produzcan un deterioro en el mercado interno que  imposibilite el crecimiento económico de Brasil.

Encontramos los argumentos a lo planteado en las propias palabras del Ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, que promueve la llegada de diferentes organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: “Vengan e inviertan en el país, porque el Estado por 20 años contendrá el gasto público y ese ahorro favorecerá a los negocios, tomando créditos, subsidiando inversiones y haciendo infraestructura que sus empresas aprovecharan”.

Sin embargo, la reciente historia nos demuestra que el retorno de las viejas políticas neoliberales que supieron tener un fuerte desarrollo en la región durante la década del ’90, no nos asegura que la disminución del gasto público mejore el déficit fiscal sino que  puede ser una razón para que éste se mantenga o hasta se incremente, debido a que los grandes beneficios que las empresas transnacionales obtienen en estas tierras se traducen en importantes ganancias que nunca devienen en inversiones locales; sino más bien  desembarcan en sus países de origen.

 

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