La lucha de Diana Sacayán continúa vigente.

Por Christian Libonatti

A un año del asesinato de la militante social, organizaciones LGBTI siguen reclamando que el Gobierno bonaerense reglamente la ley que obliga a emplear un cupo de travestis, transexuales y transgénero en el Estado.

El 13 de octubre de 2015 Diana fue encontrada sin vida en su departamento de Flores. El crimen fue caratulado como homicidio agravado por violencia de género luego de constatar la ferocidad extrema ejercida por los dos hombres acusados por la fiscalía: la autopsia determinó que fueron 27 las heridas, 13 de ellas con un cuchillo.

La investigación del Juzgado de Instrucción Nº 33 fue diferente a otras que se llevan adelante en la Justicia argentina. Se tomó en cuenta la perspectiva de género y se reconoció que la violencia contra personas LGBTI es un fenómeno estructural, vinculado a la existencia de patrones culturales de discriminación, subordinación y marginación por razones de género. Otro punto fundamental es que es el primer caso de un crimen contra una travesti caratulado como femicidio, un hecho histórico en nuestro país.

Paralelamente, mientras la investigación sigue su curso y desde el juzgado esperan poder elevar la causa a juicio oral este mismo año, la lucha de Diana sigue vigente. Una de sus principales peleas fue lograr la creación de un cupo laboral trans, algo que fue aprobado en la Legislatura Bonaerense un mes antes de su muerte. Pero como todo cuesta más para la comunidad LGBTI, la administración de María Eugenia Vidal aún no reglamentó la Ley que permitiría cumplir con el cupo del 1% de trabajadoras trans en el Estado.

“Las travas peleamos por tener un trabajo, por tener otras opciones a la prostitución. Queremos trabajar y para nosotras es mucho más que ganar para comer, es también ganar la dignidad”, decía Diana hace poco más de un año, cuando fue consultada sobre la iniciativa que intentaba ayudar a un colectivo que tiene una expectativa de vida promedio de 33 años, un alto nivel de discriminación y una mínima inserción laboral.

El Gobierno provincial, sumando todos los poderes y organismos descentralizados, tiene unos 600.000 empleados, lo que podría darle trabajo a casi 6.000 integrantes de la comunidad LGBTI.

“Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos”, explicó Laurana Malacalza, directora del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo.

A un año del asesinato de Diana, la comunidad trans espera que el Estado bonaerense permita que la vida de miles pueda cambiar. Las organizaciones sociales aún confían en la palabra empeñada por el secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón, quien en julio las recibió en su despacho y les prometió la pronta reglamentación.

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