Por Maximiliano Fiuxench (Fiuxench.pg@gmail.com)
El presidente Mauricio Macri anunció que el contrato que une al Estado con el programa Fútbol Para Todos (FPT) terminará el 31 de diciembre de 2016, motivo por el cual la AFA y los clubes podrán negociar los derechos para transmitir los partidos, con cadenas nacionales o internacionales.
La recisión del vínculo se dio en medio de un conflicto entre la Asociación de Fútbol Argentino y la Primera División por una reducción de dinero pactado para el mes de octubre, en el que Armando Pérez, presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, es atosigado desde todos los flancos con el pedido de su renuncia y de nuevas elecciones.
En jaque, Pérez no sólo se enfrenta a los clubes, sino también al Tribunal de Disciplina (que se sumó al pedido de éstos), y como si fuera poco, a la necesidad de saldar las deudas que la asociación posee, sin poder contar con el dinero del Estado, que le soltó la mano porque supuestamente la plata que le otorgaban era malgastada.
Con la disolución de FPT, se pone sobre la mesa un tema que divide aguas: ¿Está bien que el Estado destine fondos para que todos los argentinos puedan ver gratis el deporte más popular del país? Por un lado están quienes aseguran que ese dinero debería ser destinado a otro sector que lo necesite más, ya que consideran que el fútbol no es imprescindible; por el otro, se encuentran los que entienden que el acceso a un baluarte de nuestra cultura, tan importante como es el futbol, es un derecho.
Los detractores del “futbol para todos”, basaron su posición en una frase que se viralizó en las redes sociales: “Que el fútbol junte tapitas y el dinero vaya al Garrahan”, aunque cabe destacar que la plata invertida por el Gobierno en este programa, representa el 0,01% del presupuesto nacional, es decir, un porcentaje que no solucionaría los problemas que algunos le achacan a este “gasto innecesario”, como mejorar el sistema de salud o el educativo.
Hay un 99,99% del dinero que el Estado puede redirigir a otros sectores, sin necesidad de quitar lo establecido para el programa coordinado por Fernando Marín, que es de 1800 millones de pesos, ya que el presupuesto de la nación es de 1,8 billones (según datos del Ministerio de Hacienda).
El ex coordinador de este programa estatal, Gabriel Mariotto, quien integra la “Comisión de defensa del Fútbol Para Todos”, aseguró que este es “un grupo donde hay periodistas, hombres y mujeres de la cultura, y muchos ciudadanos de a pie que saben que la pretensión del gobierno de Macri en complicidad con los dirigentes de la AFA es una aberración”.
Además, Mariotto agregó que “se sumaron muchos gremios y universidades”, en un reclamo que “seguirá hasta diciembre”, a fin de evitar que se suprima el FPT, y tiene esperanzas de que esto suceda, ya que “no se van a arriesgar los compradores a invertir en algo que no saben si podrán sostener” debido a “la bronca social que va a haber” y a que “este gobierno con las medidas antipopulares que está tomando no garantiza que ganará las elecciones de 2017”.
El macrismo continúa saldando deudas con los grupos económicos más poderosos del país, que ahora vuelven a tener la oportunidad de manejar la transmisión de un deporte que mueve a millones de personas, así como cantidades irrisorias de dinero, en uno de los negocios más rentables que existen. Los perjudicados, los mismos de siempre, aquellos que si quieren disfrutar del fútbol, tendrán que destinar parte de su salario, que cada vez vale menos.
