“Si esta cárcel sigue así…”

 Por Florencia Dávalos

El pasado martes 25 de octubre la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari oficializaron y anunciaron públicamente la intervención civil por noventa días del servicio penitenciario bonaerense(SPB), medida que también incluye el desplazamiento del jefe del servicio Fernando Díaz,toda la cúpula de la misma (incluye cinco directores y cinco subdirectores), y el pase a retiro en total de 132 oficiales superiores.

La reforma implica,en palabras de la gobernadora,dos medidas eje: la primera es la finalización del “autogobierno” del servicio penitenciario, el manejo por civiles de toda la estructura administrativa; y, por último, el tratamiento de los internos.Se decidió también poner a prueba y realizar auditorías por tres meses a todos los agentes a cargo de Alcaidías, Unidades y Complejos Penitenciarios, durante estos 90 días quien se hará cargo como interventor y ocupara el lugar de Díaz, es el actual subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric.

Medidas conocidas:

Si bien las medidas anunciadas por los funcionarios son prometedoras, y apuntan a mostrarnos la imagen de un nuevo Gobierno bonaerense más “comprometido” con un área sensible como lo fue y lo es el penitenciario en nuestro país, no son para nada nuevas. Desde su asunción, inclusive cuando en la mayoría de sus discursos enfatice el cambio que está llevando adelante su gestión respecto a la anterior, la gobernadora no hizo más que repetir los mismos errores cometidos durante la gestión kirchnerista encabezada por Daniel Scioli en la provincia. Todo, desde el 10 de diciembre, es una serie continua de desaciertos, medidas y discursos contradictorios protagonizados por la gobernadora, quien sin embargo es fiel a su mensaje de que todo es por “la lucha contra las mafias”.

En cuanto a los desaciertos de los cuales hablamos, tienen que ver con no haber rescindido de funcionarios cuestionados de Scioli, la triple fuga de loscondenados por el triple crimen de General Rodríguez y por último la asignación no solo del Jefe de servicio, sino también de otros funcionarios seriamente cuestionados e investigados por la justicia.

En principio,a exactamente 4 días de haber asumido el cargo, María Eugenia Vidal nombra a Carlos Mahique como Ministro de Justicia, quien fue cuestionado por el CELS ( Centro de Estudios Legales y Sociales) , funcionarios y organizaciones sociales entre otros por posturas conservadoras en contra de los derechos humanos, y el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, este último en referencia a su voto en disidencia en la sentencia por la cual el máximo tribunal avaló el 31 de julio del año 2006, la práctica de un aborto no punible a una joven que convivía con una deficiencia mental y que a los 19 años quedó embarazada luego de ser abusada por su tío. El mismo día que asume Mahique todas las subsecretarías quedan sin autoridades, debido a el cese de los contratos por el cambio de gestión,sin embargo quien queda por más tiempo para “colaborar” en la tardía gestión es Cesar Albarracín otro funcionario de la era Scioli cuestionado por causas de violaciones a los derechos humanos en las cárceles en las cuales estaba involucrado. Finalmente, el 23 de diciembre tanto el cómo Florencia Piermarini (Jefa de servicio designada desde la gestión de Daniel Scioli) piden a Mahique que acepte su renuncia,los días posteriores hasta el 27 de diciembre del 2015 cuando se produce la triple fuga, si bien el ministro no había firmado las renuncias, el servicio se encontraba sin autoridades. Acá es cuando se presenta la primer gran turbulencia para el Gobierno de cambiemos en la provincia, ya que quedo en total evidencia la falta de compromiso de los mismos en las designaciones y en  la gestión en sí del servicio penitenciario, llego a ser más notorio en los días siguientes a lo ocurrido, debido a las constantes contradicciones tanto en el hablar como en el actuar de todos los funcionarios del gobierno, a nivel provincial como nacional, ni María Eugenia Vidal, ni su ministro de seguridad Cristian Ritondo, ni el de justicia Carlos Mahique reaccionaron a los hechos, el gobierno nacional decidió hacerse cargo de la situación. En este contexto, el de un sistema en crisis y acéfalo, es que la gobernadora designa y anuncia la asunción de Fernando Díaz en el cargo de Jefe de servicio penitenciario. Esta asignación hizo poner nuevamente en alerta a las organizaciones sociales y de derechos humanos, el funcionario ya era conocido en el sistema, había estado en ese cargo desde el año 2005 durante el gobierno de Felipe Solá hasta el 2009 cuando ya se encontraba Daniel Scioli. Bajo su gestión en el SPB ocurre una de los hechos más graves en las cárceles de la provincia: la masacre de Magdalena, allí 33 jóvenes privados de su libertad murieron en la Unidad Penal Nº 28 cuandoal incendiarse uno de los pabellones agentes penitenciarios reprimieron y cerraron las puertas. La responsabilidad del funcionario fue más que evidente, sin embargo tanto este hecho como los otros tantos casos similares que ocurrieron los años posteriores fueron justificados públicamente por Díaz. Al parecer todos estos acontecimientos, como también las interminables denuncias efectuadas por la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) contra el funcionario por la utilización de métodos de tortura en las cárceles (que fueron probados judicialmente) y el deterioro de las condiciones de detención y de la salud de la población detenida, fueron de baja relevancia para la gobernadora y los ministros al momento de designarlo nuevamente en el cargo.

Como se ve, es en realidadla presión nuevamente de las organizaciones, la reciente cita a indagatoria de Díaz solicitada por un juez federal de Salta por la causa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (caso en el que están involucrados 37 funcionarios del SPF) en la que se investiga el deficiente servicio alimentario que se le brindaba a los presos del Complejo Federal del NOA lo que hace que nuevamente sean cuestionadas las precipitadas designaciones en el servicio penitenciario, y lo que deriva sin más en la reciente medida anunciada por la gobernadora y su ministro. La respuesta de la mandataria ante la consulta de un periodista por la designación del funcionario en el servicio, en medio de su conferencia de prensa el 25 del pasado fue “Respecto de Díaz, lo nombramos en medio de una crisis importante que fue la primera crisis del gobierno y tuvo que ver con una primera etapa que se cumplió debidamente”, justificándose de la evidente falencia en la gestión.

Si bien hace explícito en todos sus discursos su compromiso, el de sus funcionarios e inclusive el del Gobierno Nacional con la seguridad bonaerense y todo lo que respecta a ella:“La inseguridad no se resuelve con parches ni con improvisaciones, requiere de un plan y un trabajo en varios frentes” textuales palabras de la gobernadora en la conferencia de prensa en La Plata, desde el día uno de su gestión podemos ver que se dio todo lo contrario. Falta de compromiso en las designaciones, personal y funcionarios cuestionados, violaciones a los derechos humanos, y más casos de inseguridad es todo lo que nos deja hasta ahora la gestión de Cambiemos en la provincia, lo cual no hace más que sumar fallas a todo el servicio, incluyendo a la seguridad tanto de los habitantes de la provincia, como también elde los presidiarios.Nada cambio respecto a la anterior gestión, y esta precipitada medida tampoco hace la diferencia, es más del nuevo juego mediático del cual tanto escuchamos en los últimos meses de la nueva gobernación, y al cual parece, nos vamos acostumbrando.

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