La falta de mar ahoga Bolivia.

Por Daniel Rossetti

Los trabajadores chilenos dejaron en evidencia la necesidad del Estado Plurinacional de Bolivia de tener su propia salida al mar. El conflicto de los empleados públicos en Chile, que no tiene mira de solución, comenzó a fines de octubre de 2016 dejó al descubierto, como efecto no deseado, las dificultades de desarrollo económico pleno del pueblo boliviano. Pero no por esto el presidente Evo Morales Ayma confunde a los responsables del problema, ya que denunció desde su cuenta de Twitter a la oligarquía chilena y sus representantes en el gobierno por “el estrangulamiento económico de Bolivia mediante paros portuarios irresueltos”.

El presidente boliviano denunció que no existe el libre tránsito hacia los puertos chilenos e hizo un llamado a los organismos internacionales para que verifiquen los obstáculos que debe enfrentar su país y también al mundo entero para que juzgue las políticas portuarias que incumplen el Tratado de 1904, norma garante de la circulación de mercancías desde y hacia puertos chilenos, que se suceden por los paros de los trabajadores y las privatizaciones de las terminales con salida al Pacífico.

Reforzando la posición del jefe de Estado, el vicepresidente Álvaro García Linera y su canciller David Choquehuanca denunciaron la discriminación que sufren los transportistas bolivianos, cuando se les da prioridad de paso a los camiones chilenos. Delegados de la Cámara Boliviana de Transporte se reunieron con su representante diplomático para señalar las arbitrariedades y abusos que sufren sus afiliados, dando como ejemplo regulaciones sobre medidas o cantidad de contenedores vacíos, que los funcionarios chilenos hacen cumplir a sus representados, pero no a las empresas transportistas de bandera chilena. Esto afecta directamente a los productos que salen o ingresan a Bolivia e inevitablemente también a su economía. El canciller declaró sentirse indignado por la situación de sus connacionales que sufren las consecuencias del incumplimiento de los acuerdos firmados entre dichos Estados.

García Linera aclaró la raíz del problema al exponer que la economía boliviana había crecido mucho, acortando la brecha entre ambos países. Recordó que hace diez años atrás la economía chilena era catorce veces más grande que la de su país, mientras que hoy es ocho y que en alrededor de quince años estarían al mismo nivel. Este crecimiento, asegura el vicepresidente, es lo que preocupa a los sectores concentrados de la economía chilena y se plasma en un conjunto de medidas que sabotean el crecimiento boliviano y rompe con los acuerdos internacionales.

El domingo 14 de noviembre hubo un fuerte cruce entre funcionarios bolivianos y un grupo de carabineros, cuando junto al viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, repartían víveres a los transportistas varados. El funcionario declaró ante medios de su país que los carabineros amenazaron con denunciarlos si registraban lo que sucedía con los trabajadores del transporte y que luego de quince minutos, se acercaron con intención de minimizar lo ocurrido. Cabrera señaló que es decisión del presidente Morales Ayma apoyar a los transportistas damnificados.

El gobierno de Michelle Bachelet, por medio de su canciller Heraldo Muñoz declaró que el conflicto que se denuncia “es ficticio” y que desde esa oficina estatal se hacen las gestiones necesarias para atender las demandas de los sectores implicados. En respuesta a esto, por parte del canciller Choquehuanca se realizaron ya varios reclamos formales antes las autoridades chilenas por la falta de resolución del conflicto con los trabajadores estatales y el incumplimiento del tratado de 1904 y comunicó que estudia llevar su reclamo ante la Organización Mundial de Comercio.

El Tratado de Libre Circulación de 1904 al que se hace referencia surgió como solución final de lo que se conoció como la “Guerra del guano y el salitre”, cuando en 1878 las autoridades de Antofagasta, departamento que en ese momento pertenecía a Bolivia, aumentaron los impuestos a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (CSFA). Chile realizó un reclamo ante el gobierno del presidente Hilarión Daza, amparándose en un acuerdo fronterizo que lo prohibía. El gobierno boliviano, alegando que era una decisión interna, rechazó el pedido de Chile de arbitraje internacional. Ante esta postura en 1879 la armada chilena invadió el desierto de Atacama desde la costa del Pacífico y luego de varios enfrentamientos, logró imponerse finalmente en las batallas de Tacna y Arica al ejercito de la alianza entre Bolivia y Perú, estados que tenían un acuerdo de protección fronteriza. La guerra con Perú continuó por dos años más, finalizando cuando el estado peruano pierdió el departamento de Tarapacá y recuperó los de Tacna y Arica. La ocupación de Atacama dejó a Bolivia sin salida al mar y en su capitulación se vio obligada a firmar el Pacto de Tregua Indefinido en 1884, luego del inapelable triunfo armado de Chile sobre las dos naciones. Como finalización definitiva del conflicto Chile y Perú firmaron el Tratado de Lima en 1929, acuerdo fronterizo que dejó Tacna a Perú y Arica a Chile.

Bolivia, que se llevó la peor parte de la guerra, firmó en 1904 el Tratado de Libre Tránsito, que obliga al estado chileno a permitir la libre circulación hacia los puertos de ese país de las mercancías que ingresen o salgan del territorio boliviano, la construcción de un ferrocarril entre el puerto de Arica y la cuidad de La Paz, entre otra líneas férreas que comuniquen con sus puertos, una compensación de 300.000 Libras esterlinas y distintos créditos a cargo del estado chileno, mientras que Bolivia reconocía a perpetuidad la soberanía chilena sobre los territorios ocupados en virtud de acuerdo paz de 1889.

La totalidad de estos acuerdos se llegó a cumplir hacia fines del siglo XX y esto es interpretado por Bolivia como causa para objetar el tratado, ya que muchas condiciones del pacto tenían un plazo de treinta años para su acatamiento. Por esto ha hecho diversas presentaciones en organismos internacionales para poder salir del ariete que es sometida su economía por los procesos políticos de Chile. En octubre de 2015 logró que la Corte Internacional de Justicia se declare por amplia mayoría como competente para definir las presentaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y así obligar a ambas naciones a nuevas instancias de diálogo para darle algún tipo de salida al Pacífico autónoma.

La patria grande soñada por Simón Bolívar, padre de Bolivia, no tendría estos problemas. El gobierno a manos de un trabajador, como Evo Morales, entiende que quienes impiden el desarrollo de los pueblos no son los trabajadores en legítimo reclamo por mejores condiciones de salario, sino los sectores concentrados que se amparan sus negocios en falsos sentimientos patrióticos. La única solución racional sería acceder al reclamo de Bolivia y cederle algún tipo de corredor autónomo hacia el Pacífico, que ampliaría los proyectos de ferrocarriles bioceánicos que desarrolla junto con Brasil y Perú, y de esta manera recuperar el anhelo de su soberanía económica.

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