Anuario

Por Daniel Germán Rossetti

Hace apenas un año el mapa latinoamericano se veía lleno de interrogantes sobre cuál sería su futuro, y éstos se están resolviendo de la peor manera para los sectores postergados. El triunfo de Mauricio Macri en nuestro país dio impulso a los sectores corporativos de Brasil para que desde sus representantes en el congreso brasileño avanzaran sobre el impeachment (acusación) a Dilma Rousseff hasta lograr su destitución. El intento de unir en un solo bloque político progresista que se planteó en la Cumbre de las Américas en 2005 en Mar del Plata empezó a mostrar fisuras y es por ahí donde las oligarquías latinoamericanas forzaron rupturas que en Argentina se plasmó en los votos y en Brasil en el juicio político que dejó a Michel Temer en el Planalto.

El ensayo de la derecha de imponer su voluntad por los votos un presidente que les respondiera, se perfeccionó y logró su objetivo en Argentina. En 2014 las elecciones en Brasil dejaron a Dilma Rousseff como presidente con 3% de diferencia sobre Aécio Neves en segunda vuelta electoral. Un poco más que la diferencia que obtuvo el presidente Macri, de este lado de la frontera legitimó al primer mandatario, mientras que del otro al avance de los sectores corporativos desde las instituciones, que se sintieron con derecho al verse acompañados por el avance neoliberal sobre los gobierno progresistas de Paraguay, con éxito en la misma operatoria y Venezuela en plena disputa.

Desde el primer momento de su segundo mandato Dilma vio a su gobierno atormentado por acusaciones de corrupción forzando el pedido de investigación de la cámara de diputados brasileños y luego en la usurpación legal del puesto de presidente a Michel Temer, vicepresidente y aliado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su aliado en la fórmula presidencial, que en enero de 2015 sostenía que no habría avance en el pedido de investigación y poco meses después conspirara para traicionar al mandato popular.

La primera visita protocolar de Macri, aún sin asumir como presidente pero recibido como tal, fue a Brasil  en plena génesis de las maniobras destituyente. El electo presidente declaró su confianza en las instituciones brasileñas y la consolidación de su sistema democrático, pero a diferencia de Cristina Kirchner en ejercicio de la presidencia, no apoyó explícitamente a Dilma, excusándose en no interferir en las cuestiones internas cariocas. La administración de Rousseff intentó sacar provecho de la visita de la delegación argentina, pero quienes esperaban en San Pablo al futuro Jefe de Estado argentino estaban en sintonía con lo que prometía su gestión.

La poderosa Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), se tranquilizaron al escuchar que el Mercosur volvería a ser lo que fue en los 90’. Paulo Skaf, presidente de Fiesp y dirigente del PMDB (Partido del Movimiento Democrático de Brasil) destacó la correspondencia de miradas con respecto a la función del mercado común, luego de entregar la Orden del Mérito Industrial a Macri. Los empresarios devenidos políticos sabían muy bien como actuarían en el corto plazo. En el plano regional, el argentino  ante la presidente Rousseff atenuó los ataques a Venezuela y su propuesta de expulsarla del Mercosur, que había manifestado en declaraciones posteriores a su triunfo electoral.

El domingo 17 de abril la cámara de diputados brasileños resolvió el proceso impeachment a la presidente en una votación con ribetes ridículos y peligrosos, que fue desde diputados que votaron por sus familiares o equipos de futbol, hasta el diputado Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano (PSC),que voto revindicando la dictadura militar y los torturadores de la presidente en sus años de militante revolucionaria. Lo que comenzó con investigaciones por corrupción en maniobras de lavado de dinero con la empresa Petrobras, derivó, ante la falta de pruebas que involucren a Dilma, en acusaciones por manejo irregulares de partidas presupuestarias. Si bien este manejo era una práctica habitual que se realizó en las administraciones anteriores, en este caso, fueron la excusa que llevó al golpe blando de la derecha brasileña en forma de juicio político.

El vicepresidente Michel Temer, aliado de Rousseff desde su primer mandato, no dudó en traicionar la alianza y más cerca del ex presidente Fernando Cardozodel Partido Socialista Democrático de Brasil (PSDB) que de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) e impulsor de la alianza, asumió la presidencia interina mientras el senado comenzaba las deliberaciones para dar comienzo al proceso de enjuiciamiento. El líder del PSDB, que precedió al proceso iniciado por Lula, reconocióen un reportaje publicado en el diario argentino Perfil en el mes de abril,el carácter netamente político del proceso “La Constitución es clara.

El impeachment no necesita de delito en el sentido penal de la palabra, basta con que el presidente no obedezca normas claras ligadas al presupuesto”[1]. Reconociendo la necesidad de apartar a Dilma, ofreció un tibio apoyo a quien interinamente ocupaba el Planalto, dando como finalizado el proceso, aunque faltaban meses para la destitución del PT del poder. Más cómodo con su papel de intelectual orgánico del establishment que del dirigente que se opuso a la dictadura, el autor de “Dependencia y desarrollo en América Latina” legitimaba el bochorno ocurrido en la cámara de diputados.

Los organismos latinoamericanos y el ala progresista de la región salieron a respaldar a su aliada. El presidente de la Unasur, el ex primer mandatario de Colombia Enrique Samper, declaró que miraban con preocupación el proceso brasileño ya que desde el organismo no encontraban pruebas sólidas para la destitución de Dilma.El presidente boliviano Evo Morales Ayma comparó la maniobra brasilera a los golpes de estado de las décadas de 60’ y 70’ del siglo pasado, diferenciando a los actores, pero con los mismos objetivos. Para esto pidió una reunión de urgencia de la Unasur en defensa de la democracia y la paz social en Brasil.

Aún sin la destitución de Rousseff concretada, Temer comenzó con lo que se esperaba de él, cambiar el rumbo en la política socio-económica de Brasil. José Serra, ex vicepresidente de Cardozo y figura relevante del PSDB, fue designado al frente de la cancillería brasileña y desde ahí rechazó todas las críticas de la región al impeachment y anunció el giro del Mercosur en sintonía con el que desde Argentina ya se había informado, ahora se proponía el acercamiento del bloque a la Unión Europea, EEUU y el alejamiento de los gobiernos nacional populares de América Latina.

El canciller, junto al presidente interino, marcó tempranamente su posición cuando a fines de junio anunciaron que no asistirían a la asunción de Nicolás Madura como presidente pro témpore del mercado común, siguiendo a los gobiernos neoliberales de Paraguay y Argentina, dándole entidad a los opositores al gobierno bolivariano, en clara intromisión de los asuntos internos de Venezuela. La crisis del bloque se visibilizó a fines de julio cuando Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay y en la presidencia del Mercosur, dejó su lugar al presidente Maduro, apoyándose en el reglamento, función que el presidente venezolano aceptó.

El presidente de Paraguay comenzó el ataque haciendo referencia a la cláusula democrática y denunciando que Venezuela no cumplía con los pactos de adhesión al bloque. Si bien Argentina a través de su canciller Susana Malcorra mantuvo una posición conciliadora, al momento de las definiciones se abroqueló a la postura de Brasil y Paraguay haciendo ejercicio de la presidencia de manera colegiada. Uruguay que reconoció al comienzo el derecho venezolano al cargo, luego adhirió a la postura de sus socios.

Mientras todo esto se desarrollaba, no se encontraban pruebas contra la presidente electa Dilma Rousseff por la principal acusación de manejos que perjudicaran al tesoro brasileño que impulsaron los diputados. Un informe realizado por los peritos técnicos del senado demostró que no existían pruebas de transferencia de ingresos públicos a través de contratación de servicio con bancos públicos hacia otros rubros con saldo positivo a favor del gobierno, lo que en Brasil se conoce como “pedaleadas fiscales”. El trabajo de 223 páginas elaborado por los auditores demostró, que si bien hubo cuatro decretos que reasignaron partidas presupuestarias sin el aval del congreso y tuvieron impacto fiscal, no se hallaron pruebas de acciones directas de que la Jefa de Estado haya contribuido al atraso en pagos a los bancos por parte del tesoro brasileño. Al ser esta una de las cuatro acusaciones contra la presidente, aunque todas con la misma raíz presupuestaria, el juicio siguió su cauce.

“Acaban de derribar a la primera mujer presidenta de Brasil. Este golpe es misógino, homofóbico, racista, es la imposición del prejuicio y la violencia” fue la declaración de la democráticamente electa Dilma Rousseff luego que 61 senadores sobre 81 en total la destituyera. La falta de pruebas consistentes evidenció la maniobra de los sectores corporativos de la principal economía sur americana que finalizó el 31 de agosto de 2016. “La historia será implacable(…) con el gobierno golpista”[2]. Los alegatos que presentaron los defensores de la presidente de más de 500 fojas, no hicieron ningún efecto sobre la postura predeterminada de los opositores al PT. Así la voluntad de los sectores corporativos representados en solo 61 legisladores, pudo más que la voluntad de 54,5 millones de brasileños.

El primero en reconocer el proceso de destitución y el asalto a la presidencia de Michel Temer fue el presidente Mauricio Macri. El comunicado emitido por la cancillería argentina se pronunció por el respeto del proceso institucional, la obsesión por la formalidad no dejó espacio para el análisis de la legitimidad del proceso. A esta altura de los acontecimientos los acusadores de Dilma estaban procesados por los delitos que habían comenzado la operación política, sobresaliendo la destitución de diputado Eduardo Cunha, presidentede la cámara de diputados cuando se inició el pedido de impeachment.

Nicolás Maduro, denunció el golpe de estado en Brasil, remarcando las similitudes en su enfrentamiento con la oposición de su país por el pedido de revocatoria de su mandato. Igual que el presidente Evo Morales Ayma, quien, junto a Rafael Correa Delgado, retiraron sus embajadores, en respaldo de la presidente petista. Desde sus cuentas de Twitter, los mandatarios identificados con el proceso iniciado por Lula, dejaron claras sus posturas: “Jamás cohonestaremos estas prácticas, que nos recuerdan las horas más obscuras de nuestra América”, escribió Correa en su cuenta, y envió su “solidaridad con la compañera Dilma, con Lula, y con todo el pueblo brasileño”.

Maduro expresó “toda la solidaridad” con Rousseff. “Condenamos el golpe oligárquico de la derecha ¡Quién Lucha Vence!”, escribió. Agregó que el “golpe de Estado parlamentario” forma parte de la “embestida oligárquica e imperial” pronunció en la red social. Morales tuiteó: “Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil”[3].Uruguay a través de su cancillería consideró una “profunda injusticia”. Ernesto Samper, desde UNASUR, mantuvo coherencia con la acción del organismo al llamar a una reunión de cancilleres, mientras que declaró que generaba preocupación la forma en que se destituyó a la presidente popularmente electa. De esta manera en el plano regional quedó consolidado el bloque neoliberal que intenta la ruptura del ciclo populista que reivindicó a los sectores postergados.

La primera actuación oficial como Jefe de Estado de Temer fue concurrir a la reunión del G-20, donde se encontró con el primer mandatario argentino y definieron la nueva agenda entre ambos países. Macri obvió toda alusión al modo de llegar a la presidencia de Temer y rescató que la relación “es muy buena y de alta positividad”, diferenciándose de su antecesora, Cristina Fernández, que había considerado al proceso de “golpe de Estado institucional”. En esa reunión se comenzó a divisar cual sería el nuevo rol del Mercosur. Las reuniones con las principales potencias y los elogios del presidente norteamericano Barack Obama marcaron que el bloque regional aspira, como en la década de 1990, a ser su socio proveedor.

El presidente Temer tiene puesto en cuestión su poder de forma cada vez más explícita. Desde los actos de repudio en los Juegos Olímpicos de Rio, hasta diversas manifestaciones populares de rechazo a cada una de sus medidas de gobierno, pero estas todavía no hacen mella en las decisiones que se toman en el Planalto. Las recetas neoliberales marcan la agenda del gobierno, reducción del presupuesto en educación, salud y asistencia social y el golpe más grave al núcleo de gobernabilidad futura, que congela todas las partidas presupuestarias en favor del pago de la deuda externa por veinte años por medio de una enmienda en la constitución.

El avance contra Venezuela dentro del Mercosur terminó de plasmarse el pasado 2 de diciembre cuando se dio a conocer la posición de los socios fundadores que alegaban el incumplimiento de la aplicación de la cláusula de aceptación, acusando al gobierno de Maduro de no cubrir los requisitos para la adhesión al bloque regional, negándole la potestad de ejercer su presidencia. Nicolás Maduro acusó a los cancilleres de “agresión ideológica, política de la triple alianza”, de aplicar la “ley de la selva” y dejó en claro que no piensa abandonar el mercado común y apelará a todos los organismos internacionales que correspondan.

Si bien no están posibilitados para expulsar a Venezuela del bloque, el intento es que deje la presidencia en manos de Argentina, a quien le correspondería por el orden sucesorio. La canciller venezolana Delcy Rodriguez desmintió que la comunicación haya sido oficial y que Venezuela sigue presidiendo el bloque. El sábado 3 de diciembre la cancillería presentó una denuncia formal acusando a los cuatro cancilleres de los países fundantes del Mercosur por intentar de manera “ilícita y fraudulenta”[4] apartar al Estado bolivariano de las funciones que les son propias y remarcó que ya han cumplido con el 95% de los requerimientos en solo cuatro años, logrando avances mayores que los países integrantes. Brasil, Paraguay y Argentina avanzan sobre la gobernabilidad del presidente Maduro y diferenciando al presidente Tabaré Vázquez al cual le pidió una entrevista, recordando que fue Uruguay el único que sostuvo en el principio del conflicto el derecho de Venezuela a la presidencia del bloque.

Luego del avance sobre las instituciones en Paraguay y Brasil, la legitimación por los votos en Perú y Argentina, las dificultades planteadas en el proceso de paz colombiano y el triunfo de Donald Trump en EEUU, la próxima tarea del neoliberalismo en América Latina es la destitución de Nicolás Maduro reforzando la envestida contra las formas populistas de gobierno. Luego de un año de franco avance sobre la región de la derecha,la única respuesta a los nuevos interrogantes para 2017es la reorganización de los sectores populares para la recuperación de sus derechos sobre el nuevo avance en losprivilegios de los sectores corporativos.

Referencias:

[1] Disponible en: http://www.nodal.am/2016/04/fernando-henrique-cardoso-expresidente-brasileno-era-necesario-apartar-a-dilma/

[2]Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-308306-2016-09-01.html

[3]Disponible en: http://www.nodal.am/2016/09/brasil-y-la-region-gobiernos-de-venezuela-bolivia-y-ecuador-retiran-a-sus-embajadores-y-argentina-es-el-primero-en-reconocer-a-temer/

[4] Disponible en:http://www.nodal.am/2016/12/venezuela-rechaza-su-fraudulenta-suspension-del-mercosur-y-maduro-le-pide-una-reunion-a-tabare-vazquez/

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