Ciencia y tecnología: no era un capricho, no es un olvido

Por Valeria Saita

La apuesta al desarrollo de la ciencia y tecnología no es una decisión aleatoria, se trata de una política vinculada a un modelo económico industrial, con investigadores argentinos que lleven adelante un proceso soberano generador de empleo. Desde el año 2003, hubo políticas dirigidas a incentivar el sector y repatriar a todos aquellos científicos que durante los ´90 decidieron desarrollarse profesionalmente en el exterior, porque las condiciones que ofrecía Argentina no daban ni para “hacer un esfuerzo para estar cerca de la familia”. A un año de Macri presidente, el camino recorrido parece desandarse para tomar otro diferente: el del desfinanciamiento por parte del Estado y el de dejar que empresas privadas extranjeras manejen la ciencia y tecnología a su antojo.

Más de 1.300 fueron los científicos que volvieron al país a partir de la Ley RAICES (Red de argentinos investigadores y científicos en el exterior) sancionada en el año 2008, política que estuvo acompañada por un incremento en el presupuesto destinado a proyectos e investigaciones, ampliación del sistema de becas del CONICET y desarrollo de aristas tecnológicas no explotadas por el Estado hasta el momento, como la industria satelital con los Arsat y la creación de la Televisión Digital Abierta.

Ante el posible escenario de ballotage en noviembre de 2015, los investigadores y científicos fueron, quizás, quienes más efusivamente alertaron sobre las consecuencias del triunfo de Cambiemos, realizando lavadas de platos simbólicas a lo largo y ancho del país, radios abiertas e infinidad de jornadas de sensibilización de la población para intentar evitar el escenario más temido para el sector.

Presupuesto

Sin embargo, durante la campaña electoral, Macri había anunciado en sus redes sociales que iba a duplicar la inversión en ciencia y tecnología, a la vez que sostuvo: “nuestra propuesta es mantener el compromiso con la investigación y ponerla al servicio del desarrollo del país: aplicar todo el conocimiento generado para crear más empleo, más tecnología propia. Queremos acercarla a la sociedad para mejorar la forma en la que viven los argentinos”. A un año de gestión, nada más lejos de la realidad,el gobierno prevé para el presupuesto 2017 una reducción del 0,71% al 0,59%.

La reacción de los científicos cuando se conoció el proyecto de la “ley de leyes” en el mes de septiembre, no se hizo esperar. Organizados desde el 2015 ante el posible triunfo del ex jefe de Gobierno, el espacio de investigadores, becarios del CONICET y estudiantes de universidades públicas “Científicos y Universitarios Autoconvocados”, iniciaron una campaña en las redes sociales que consistió en diversas fotos que de forma breve explicaban en qué trabajaba cada científico bajo la consigna “No al ajuste en ciencia, tecnología y universidad”. Algunos de ellos trabajan en el diseño de vacunas para enfermedades de transmisión sexual, contra la tuberculosis, investigación de políticas petroleras que lleven a una soberanía energética y búsqueda de nuevos tratamientos contra el cáncer de mama, entre otros.

En comunicación con FM “La Patriada”, Rocco Carbone, militante de Científicos y Universitarios Autoconvocados e investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento explicó que gracias a la reacción del colectivo se lograron modificaciones importantes en el proyecto presentado por Cambiemos: “por un lado la restitución de la autarquía de los organismos de ciencia y técnica, que es importante porque le otorgan la facultad de definir la planta de investigadores, y también se anunció un incremento de 1290 millones al presupuesto original, pero no alcanza para mantener la vitalidad del sistema de ciencia y técnica para lo cual serían necesarios 100 mil millones”, y aseveró que “estamos frente a un ajuste brutal”.

Uno de los sectores más afectados por el presupuesto fue el INTA, desde donde calcularon que para continuar funcionando como hasta ahora teniendo en cuenta la inflación y los aumentos de costos serían necesarios 6.400 millones, mientras que el Gobierno propone 5.112 millones, lo que pondría en peligro no solamente las tareas experimentales y de investigación que se llevan adelante en las 440 sedes de todo el país sino también el pago del salario de 500 trabajadores. Luego de varias instancias de diálogo con los legisladores, desde el INTA llevaron tranquilidad a los trabajadores diciendo que no se producirían despidos aunque el ajuste es evidente.

Otra consecuencia del recorte es la reducción en la cantidad de ingresos en el CONICET para el año 2017: de 943científicos que entraron el año anterior a la carrera de investigador científico y tecnológico, este año serán solamente 385, es decir una baja del 60%, según publicó la agencia de exactas de la UBA, NEXciencia. “El directorio trató los ingresos de este año y lamentablemente va a haber un 60 por ciento menos de ingresos a la carrera que en el año 2015”, sostuvo la directora del CONICET en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, Dora Barrancos.

 

Falsa continuidad

Lino Barañao fue el único hombre del gabinete de Cristina Fernández que quedó en la gestión macrista, al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual no significó una continuidad de las políticas llevadas adelante en los últimos años. En los 11 meses de gestión, la cartera funcionó con el presupuesto diseñado por el kirchnerismo pero a la hora de que el nuevo gobierno tomara sus propias decisiones para el sector en cuanto a la plata destinada, Barañao estuvo a punto de dar un paso al costado, ya que era inadmisible el ajuste previsto por la alianza. Las modificaciones logradas a través de la movilización y lucha de la comunidad científica le dieron un changüí al ministro, a pesar de que ya anunció que no continuará otro mandato.

Industria Satelital

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había tomado la decisión política de incursionar en un área de la Ciencia y Técnica no explotada hasta el momento que era la industria satelital. En el año 2006 se creó la empresa ARSAT, la cual junto a INVAP desarrollaron los dos satélites geoestacionarios de telecomunicaciones que fueron lanzados a la órbita en el 2015, con el objetivo de comenzar a andar el camino de la soberanía satelital y ofrecer los servicios a toda la región. La política de Estado se consolidó con la sanción de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que incluye el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. Dicho plan prevé la construcción de ocho satélites financiados con los servicios vendidos al exterior del anterior puesto en órbita. En 2014, Macri había dado su opinión sobre dicha industria: “Hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan”.

La llegada del jefe del PRO al gobierno no fue una buena noticia para el sector. Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad, fue el elegido para estar al frente de la compañía estatal ARSAT y una de las primeras decisiones fue frenar la construcción del ARSAT-3. A un año de gestión, si bien de Loredo asegura haber facturado 1000 millones en ventas (cuando el gobierno anterior preveía 1200 millones para este año), se ejecutó solamente el 10% del presupuesto asignado.

Nuevo marco regulatorio

Cabe recordar que una de las primeras medidas tomadas por “el mejor equipo de los últimos 50 años” cuando asumió en el mes de diciembre fue llevarse puesta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, disolver el AFSCA y crear el ENACOM. Paralelamente, el Gobierno está trabajando en la confección de un marco regulatorio que unifique la mencionada Ley 26.522 y la Ley 27.078 de Telecomunicaciones: la Ley de Comunicaciones Convergentes.

Además de darle el visto bueno a empresas extranjeras competidoras de ARSAT para operar en Argentina, el Gobierno, según una investigación de Página 12, contrató los servicios de la consultora estadounidense McKinsey& Company, supuestamente para diseñar un plan de negocios para la estatal, pero en realidad se trata de un asesoramiento para el esbozo de un nuevo marco regulatorio que serviría para justificar la privatización: la ley de comunicaciones convergentes. Según Página 12, se trata de una “tercerización del diseño de la política pública de comunicaciones a manos de una empresa privada”.McKinsey se lleva por el trabajo de 16 semanas 12,5 millones de pesos. Asimismo, se denunciaron irregularidades en la empresa Hispasatpor proveer servicios satelitales de forma ilegal, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue denunciado por “negocios incompatibles” con su cargo por haber formado parte del directorio de Tesam Argentina S.A., hoy convertida en Tesacom.

En una entrevista realizada por la periodista Nadia Luna para la agencia TSS, Matías Bianchi, ex presidente de ARSAT aseguró que “está claro que este Gobierno no apuesta a la industria nacional, sino que va hacia una dependencia tecnológica. Si la política es abrir los cielos y dejar que entren los grandes operadores satelitales, me parece que no tiene mucho sentido el desarrollo nacional”.

Si a todo lo mencionado le sumamos que el gobierno de Macri comenzó con el vaciamiento de la Televisión Digital Abierta, le puso fin a Fútbol para Todos y dio inicio a un gran negociado con las empresas de cable (entre ellas el grupo Clarín, FOX y la recién desembarcada Turner), podemos decir que la soberanía tecnológica y satelital no es el camino que se quiere seguir, sino todo lo contrario: llegaron al sillón de Rivadavia para hacer sus propios negocios con empresas extranjeras. Para un gobierno neoliberal, la palabra soberanía no implica inversión, sino gasto, gasto y más gasto. Y las únicas habilitadas para hacer inversiones son las empresas, no el Estado.

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