Recortando el futuro

Por Sabrina Perez

La educación nacional pública y gratuita es una conquista que enorgullece al pueblo argentino. Permite que los sectores populares y medios concreten aspiraciones de progreso en base al estudio y el esfuerzo propio. Sin embargo, también es necesario un esfuerzo social para poder sostener ese modelo educativo inclusivo, canalizado a través de un Estado presente y garante de derechos.

Luego de un año de gestión del gobierno de Mauricio Macri, se han revertido muchos de los avances conquistados en la última década que permitían que cada vez más argentinos accedan a una formación profesional accesible y de calidad. No es de extrañarse de un mandatario que al inicio de su campaña, en un evento en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA preguntó con indignación “¿Qué es esto de universidades por todos lados?”. En pocas palabras quedó sintetizada una concepción de la educación fuertemente restrictiva, elitista y exclusiva, que lejos está de facilitar el alcance de todos a los estudios superiores.

Esta mirada se ve reflejada en el ajuste al que fueron sometidas diversas áreas educativas, entre ellas las universidades nacionales, desde principios de año. Primero al ser aplicados los aumentos a las tarifas de servicios como la luz, a partir de los cuales varias instituciones como la UBA y la Universidad Nacional de la Matanza declararon la imposibilidad de pago. La UNLaM pasó de abonar100 mil pesos mensuales a 711 mil y en base a estodebió plantearse cerrar el turno nocturno para poder ahorrar energía, lo que afortunadamente no ocurrió.

A ello, se le suman los aumentos de los salarios docentes por debajo de la inflación, y el recorte presupuestario para el año 2017 tanto en educación como en ciencia y tecnología. En el primer caso caerá del 7,16% al 6,78% del PBI nacional, lo que representa un cambio brusco luego de años de aumento constante de la relación entre esta variable y el PBI.

Concretamente, en el proyecto se prevé destinar 131 mil millones de pesos a educación. Si bien son 30 mil millones más que el año pasado, en realidad no explica que incluye el programa Conectar Igualdad, partidas para el Deporte, o la construcción de jardines de infantes, entre otros rubros que antes no estaban a cargo de este ministerio.

En el documento también se recorta el plan progresar y otras becas nacionales, el Plan FINES, la educación de adultos, la producción de libros, y los fondos destinados a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (40% menos), al Instituto Nacional de Formación Docente (24% menos) y a la Educación Técnica (27% menos).

El CIN (Concejo interuniversitario Nacional), organismo que nuclea a las Universidades Nacionales Argentinas, junto con numerosos rectores de universidades defendió “la propuesta elevada oportunamente por este Consejo por la que se estimó en 85.000 millones las necesidades del sistema para 2017, por lo que insistimos con su adopción en la Ley”.

“De todos modos, tomando en cuenta, con reservas, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, entendemos que cualquier incremento adicional que se incorpore como resultado del debate y/o acuerdos en esa Cámara de Diputados, debería alcanzar a la totalidad de las Universidades Nacionales y no solamente a un grupo. Deberían aplicarse criterios de equidad (como los contemplados en el modelo de pautas de distribución presupuestaria del CIN), y teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento específicas tanto para cada una de las instituciones nuevas como de aquellas consolidadas”.

Esta última afirmación se vincula a la polémica por la asignación arbitraria de 1029 millones de refuerzo presupuestario en 2017 para 21 de las 55  universidades. Entre las más beneficiadas se encuentran la Universidad de San Martín (140 millones), la universidad Nacional de Córdoba (120 millones) la Universidad Tecnológica Nacional (100 millones) La Universidad de La Matanza (85 millones) y la Universidad de Tres de Febrero (60 millones).

Con respecto al área de Ciencia y Tecnología, el presupuesto para el ministerio, el CONICET y la Conae es de 14 mil millones de pesos, lo que representa una caída del 0,8% del PBI al 0,59%. Ante esto, la directora del CONICET anunció que deberán recortar en un 60% los ingresos a la carrera de investigador, lo que representa pasar de 943 nuevos becarios a 385 para 2017.

En este punto es pertinente preguntarnos qué proyecto de país tiene un gobierno que recorta en ciencia, tecnología y educación. Es claro que el desarrollo tecnológico y la profesionalización de sus habitantes no están entre sus prioridades. ¿De qué forma quiere insertar en el mundo al país cuando la principal ventaja comparativa está en el desarrollo de la técnica? ¿Se deben estos recortes a la austeridad, al vaciamiento del Estado, o tienen como objetivo favorecer a intereses foráneos y elites locales?

Aun no podemos medir las consecuencias de estas decisiones, pero si intuirlas. En este mundo la sociedad que no se desarrolla está destinada al estancamiento, la pobreza y el sometimiento a los mandatos ajenos. Quizá es ese exactamente el camino que nos están preparando quienes deberían velar por la mejora de las condiciones de vida de todos los argentinos.

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