LA HORA DE LA VENGANZA

El regreso de los viejos fantasmas del pasado, los argentinos pensábamos que la condena legal a los genocidas era un tema consolidado e indiscutible como  política de estado, legitimado por la sociedad y asegurado por la ley; no fue así. El fallo a favor de una ley que puede dar la libertad a los represores. Avalada solapadamente por la tibia exposición mediática, las cuales no criticaron la medida en forma contundente.

 

Por Víctor. E.G

 La asunción de la Alianza Cambiemos abrió las puertas del infierno y despertó la ira de los demonios de la antigua derecha argentina, cómplice de todas las dictaduras cívico militares que hemos padecido. No fue perdonada la exposición de sus delitos, que fueron sacados a la luz en los últimos años por intermedio de las políticas públicas en favor de los Derechos Humanos. Por esa razón, una porción significativa del pueblo argentino se dio cuenta que detrás de los uniformes se encontraban los verdaderos verdugos de los crímenes de lesa humanidad: las grandes empresas; la Sociedad Rural Argentina; algunos importantes medios de comunicación y la Cúpula Eclesiástica Católica.

Párrafo aparte ocupan las grandes corporaciones de comunicación como fueron y son los casos de los diarios Clarín y la Nación, fieles mastines, defensores de la ideología neoliberal, ya sea en tiempos  democráticos o bajo los regímenes dictatoriales. El ejército de escribas avanzó a paso redoblado en defensa de su vil interés económico; en la guerra contra lo que ellos llaman “populismo”, todo vale, el axioma goebbeliano,“muchas mentiras construyen una realidad”, sigue tenazmente vigente hasta el día de hoy. Y para ello fue necesario aplicar el noveno “Principio de la Silenciación: Acallar sobre las cuestiones que no tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de los medios de comunicación”. Ardua y conocida función del periodismo servil de los grandes intereses económicos.

Apenas un día después de que Mauricio Macri ganara el ballotage, el diario la Nación exigió al flamante gobierno la reparación de la “verdad histórica”, es decir su verdad sesgada. Por intermedio de una editorial titulada, “No más venganza”, los coautores intelectuales de los genocidas escribieron sin ningún tipo de escrúpulo: “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos” (…)Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional”.

Con estupor vimos que poco tiempo después el mandato del diario de los Mitre se hizo realidad. La Corte Suprema de Justicia, avaló la ley del Dos por Uno en casos de delitos de lesa humanidad. La praxis neoliberal de 1976 volvió con algunos cambios, los que antes hacían negocios y asesoraban las políticas económicas por fuera de las instituciones nacionales, hoy se encuentran dentro de la Casa Rosada, viven y festejan sus hazañas financieras en la Quinta de Olivos. Tiempo atrás la élite susurraba a los oídos de los asesinos la lista de los que podrían entorpecer el “Proceso de Reorganización Empresarial”. Ahora pueden gritar a viva voz sus planes porque fueron legitimados por los votos de una numerosa parte de la ciudadanía nacional.

No sólo se presentó la legalización y la legitimación de los jueces mortales, Rosenkrants (ex abogado del grupo Clarín S.A), Highton De Nolasco y Rosatti, quienes votaron por la afirmativa. Sino también la jerarquía eclesiástica, legitimo desde  lo alto del pedestal, el Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Monseñor, José María Arancedo, afirmó que “la reconciliación mira al pasado, ciertamente, pero es camino y profecía de una sociedad nueva”, e insistió en advertir que “no hay, por lo mismo, futuro posible de una Patria de hermanos sin espíritu de reconciliación”. Extraña coincidencia entre los encargados de la administración de la ley de los hombres y los custodios de la ley divina.

Lógicamente, se  sumó la palabra del oficialismo, que siempre caminó al filo de la ley;  el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expresó: “Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de La Corte al respecto. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”. Sin embargo, el gobierno tuvo un revés en una encuesta telefónica llevada a cabo a horas después de conocer el fallo de algunos jueces de la Corte; los números daban un 85% en contra de la medida tomada por los tres supremos jueces.

Fiel a su manual  de estilo, el Cambio, dio vuelta su discurso , por el simple hecho de continuar con la política del maquillaje oportunista, y en concordancia con una hipocresía absoluta, Marcos Peña, escribió en las redes sociales: “Nosotros consideramos que el 2X1 es un símbolo de impunidad en la Argentina. (…) En Argentina hay plena  división e independencia de poderes y querer relacionar un fallo de la Corte Suprema con una postura (que no es tal) del Gobierno es incorrecto y malicioso”. El Jefe de Gabinete se hizo el desentendido, soslayó, que la interpretación de la Ley siempre tiene una ideología política detrás de cada acción judicial. No hay malicia, si hay antecedentes que condenan al líder del Pro, que junto a su familia amasaron una sideral fortuna con las ejecución de innumerables obras públicas durante la última dictadura.

Dos jueces (Rosenkrants y Rossati), que en un primer momento fueron puestos por el dedo de Macri en la Alta Legislatura, negaron la vinculación del país al sistema interamericano de derechos humanos. Sin dudas, se produjo un fallo de época, producto del consenso de una minoritaria parte de la sociedad con mucho poder, que tal vez, necesite de los viejos verdugos como asesores de los nuevos represores, quienes pueden gozar del privilegio del 2X1 que no es para todos los reos por igual. La supuesta igualdad ante la Ley no llega a liberar al ladrón de gallinas. El mensaje fue claro: señores de la Fuerzas Armadas y de Seguridad, ustedes pueden asesinar, violar, hacer desaparecer personas y secuestrar sus bebes y no tendrán el mayor de los castigos que tendrían que ser aplicados en forma legal a los delitos de lesa humanidad.

Lo curioso (o no) del caso es que no se escuchó a los periodistas amigos o socios del gobierno poner el grito en el cielo, por la posible liberación de homicidas y violadores. ¿Dónde están los animales sueltos, que pedían la pena de muerte para todos aquellos que no tuviese valor por la vida del otro y por lo tanto, no pueden vivir en sociedad? ¿En qué lugar quedó la mesa de los fines de semana, con la “conductora de la voz del pueblo” y sus invitados denunciando las atrocidades del garantismo? El silencio se apoderó de los programas y si hubo alguna expresión fue sin énfasis, sólo aguadas declaraciones. Las columnas de opinión no fueron tan implacables y repetitivas como si lo fueron ante los mismos hechos aberrantes perpetuados por civiles comunes. Pareció que la significación de ser un ex miembro de alguna Fuerza Armada o de Seguridad, da por sentado para el futuro que el criminal (liberado) será un ser inofensivo capaz de vivir armoniosamente en la sociedad.

Los grandes medios, tiempo atrás, se encarnizaron con las políticas de los DD.HH de los gobiernos anteriores, hasta el punto que una de las promesas de campaña del actual presidente, aseguraba: “conmigo se acaba el curro de los derechos humanos”. Las corporaciones mediáticas estaban encargadas de estigmatizar a todo aquel que tomara la bandera de los DD.HH como parte de su identidad política y nacional. Simplemente, porque lo asociaban a ficticios casos de corrupción. Y ésta cooptación subjetiva no es ingenua, la idea siempre fue que el pueblo no legitimara las investigaciones y las condenas que hasta el día de hoy sólo fueron para los militares y policías, el fin fue que no se llegara a los verdaderos ideólogos del siniestro plan, los empresarios civiles.

Los criminales podrían recuperar su libertad en nombre de una falas reconciliación que no puede ser tal porque nunca hubo sentimientos humanitarios ante la tortura, el secuestro y la desaparición de personas. La hora de la venganza llegó, se quiere poner fin a la justicia y con fastidio vemos la paradoja que es el mismo poder judicial actuó como ariete para derribar lo que tanto costo: enjuiciar y condenar a los genocidas. El Cambio y los grandes medios de comunicación ,también, brindaron a escondidas la posibilidad del regreso del terror en la Argentina del Siglo XXI.

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