La educación pública en jaque

Por Violeta Machado Portas* y Facundo Pajon**

 Uno de los principales conflictos de este año fue la Paritaria Nacional Docente, situación que el gobierno nacional no considera una responsabilidad. Muy por el contrario, pretende dejar la negociación en manos de los gobiernos provinciales (librando a la suerte la negociación que cada provincia tenga con los gremios locales). Mientras tanto, para los sindicatos docentes, la paritaria nacional debe garantizarse a través de la Ley de Financiamiento Educativo, que rige desde el año 2006.

Se ponen sobre la mesa, entonces, distintos ejes: el rol del Estado, los actores involucrados y la garantía constitucional sobre el derecho, que cada ciudadano posee, al acceso a una educación pública de calidad.

Ley de Financiamiento Educativo: ¿Cómo se financia la educación?

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la Ley de Financiamiento Educativo en su artículo 10, establece que:

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (actual Ministerio de Educación y Deportes), juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas referidas a: a) condiciones laborales; b) calendario educativo; c) salario mínimo docente y; d) carrera docente”.

Esto quiere decir que el salario mínimo docente, mediante esta ley, se encuentra garantizado por la negociación que encabeza el gobierno nacional, mediante el Consejo Federal de Cultura y Educación. En él se reúnen todos los responsables de las carteras de Educación de cada provincia junto al Ministro de Educación de la Nación y, además, donde participan los diversos sectores docentes para debatir, ni más ni menos, el rumbo que debe tener la política educativa a nivel nacional.

Es interesante detenernos en este punto y repensar el modelo educativo actual: ¿Incluye al docente a la discusión? ¿El proceso es realmente democrático? ¿Qué hacemos entonces con las leyes vigentes?

La paritaria nacional docente es uno de estos temas pero no el único. En los Consejos Federales, se discute la currícula que debe regir en cada provincia, se acuerdan convenios de material de trabajo e infraestructura (como las Orquestas Juveniles, la entrega de libros gratuitos y el programa Conectar Igualdad, hoy desfinanciados), se plantean nuevos proyectos y metas y, por sobre todo, las problemáticas particulares de cada provincia para que la política nacional pueda adecuarse a la realidad de cada jurisdicción.

El gobierno nacional ante la pregunta por el reclamo de paritarias responde, que los docentes están cerrados al “diálogo”. Diálogo que, curiosamente, se encuentra plasmado en una ley vigente desde el 2006. Entonces, este intento atolondrado y casi apurado por modificar esta ley y, por ende, las instancias de consenso ya estipuladas entre los distintos actores que intervienen en la educación, pone en dudas los verdaderos motivos de esta intención.

Plan Maestro: Mitos y verdades sobre el proyecto del gobierno

El pasado 24 de abril, el Presidente Mauricio Macri, anunciaba en conferencia de prensa el lanzamiento del “Plan Maestro”. Una plataforma que procura (por lo menos desde el discurso) la transformación de la escuela secundaria y del rol del “maestro” tal cual lo conocemos hoy día.

Este proyecto de ley, que viene a reemplazar (y derogar) la Ley de Financiamiento Educativo, consta de 108 puntos. Entre los cuales, el mismo gobierno, se encargó de mencionar los 13 principales. Entre los que se destacan:

  1. Garantizar para el 2026 la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3.
  2. Lograr para el 2019 que las 23 provincias y CABA tengan implementado el nuevo modelo de escuela secundaria 2030 que garantice la calidad educativa y la innovación en el aprendizaje.
  3. Lograr disminuir para el 2026 un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria.
  4. Lograr que el 90% de alumnos de nivel primario y secundario alcance el nivel satisfactorio en Lengua, Matemática y Ciencias en las Evaluaciones Nacionales APRENDER para el año 2021.
  5. Equidad educativa: reducir para el 2021, en 15 puntos la brecha socioeconómica entre los estudiantes del primer cuartil y el cuarto cuartil que alcanzan nivel satisfactorio/avanzado en APRENDER.
  6. Lograr para el 2026 la jornada extendida en el 100% de escuelas de nivel primario y secundario, con el modelo “la escuela sale del aula”, promoviendo el uso de espacios públicos de cada municipio incrementando las actividades físicas, artísticas, tecnológicas y de aprendizaje.
  7. Generar sistemas de información y evaluación educativa integrales y confiables, a través de la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad para 2018.
  8. Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente para el 2021.
  9. Carrera de directores y supervisores: lograr para el 2026, que el 100% de los directores y supervisores en ejercicio hayan realizado la formación específica en liderazgo educativo.
  10. Lograr para el 2021 la implementación completa del sistema de información educativa nominal SINIDE en todo el territorio nacional para garantizar transparencia, evidencia y datos estadísticos educativos confiables.
  11. Lograr para el 2018 que el 100% de las escuelas estatales del país estén conectadas a Internet, alcanzando así la universalización del acceso a las tecnologías de la información.
  12. Lograr para el año 2021 que el 100% de las universidades nacionales desarrollan planes de articulación con escuelas secundarias.
  13. Garantizar para el año 2021 que el 100% de la oferta de educación superior esté articulada y que los estudiantes pueden transitar por el sistema de educación superior con un reconocimiento automático de su trayectoria formativa

No obstante, este proyecto de ley (que será enviado el 30 de mayo al Congreso) elimina la paritaria nacional mediante la derogación, a través de un anexo, de la ley de Financiamiento Educativo. Si bien, los objetivos plasmados en el Plan Maestro son, sin dudas, compartidos por todos los actores del sistema educativo, el rol que posee el Estado en la implementación del mismo, no lo es.

La Ley de Financiamiento Educativo, fue promovida por todos los sindicatos docentes de alcance nacional y avalada, por el entonces Presidente, Néstor Kirchner. Sin dudas, ésta fue una instancia de debate, diálogo y discusión política; que no tenía precedentes en la historia reciente del país. Vale recordar que durante los noventa, no existió la paritaria nacional para el sector docente, luego de la promulgación de la ley N°24.049, de transferencia educativa, en 1992. A raíz de esto, muchas provincias no pudieron sostener los costes de la transferencia y, con la perfecta excusa de la convertibilidad y la baja inflación, congelaron las paritarias por más de 10 años.

El Plan Maestro, al derogar la Ley de Financiamiento, vuelve a convertir al Estado Nacional en un Estado “delegativo”, que transfiere a las provincias la obligación de sostener la educación pública (los apercibimientos mensuales de los docentes, las mejoras en infraestructura, las innovaciones en educación, etc.) monitoreando estos procesos, pero sin participar con recursos reales en la implementación de las mejoras en dichos aspectos, al corresponderse éstos, a obligaciones de las provincias, y al ya estar estipulados en la coparticipación federal.

En otras palabras, a través de este proyecto de ley, el Estado Nacional no se hace responsable de garantizar las condiciones mínimas salariales de los docentes, eludiendo el conflicto y responsabilizando las provincias de gestionar los mismos. Es decir, que aunque los objetivos plasmados en el Plan Maestro sean ambiciosos y aceptados por gran parte del colectivo perteneciente al sistema educativo, si el gobierno nacional no cambia su metodología y garantiza las condiciones mínimas laborales de los trabajadores de la educación, el anhelo de mejorar la calidad del sistema educativo, quedará sólo en los papeles.

El gobierno de las contradicciones: diálogo a puertas cerradas

La Argentina, sigue construyendo su educación sobre un sistema que tiene más de un siglo de vida. Modelo que debería replantearse, por lo menos, en algunos conceptos.

En principio, el sistema educativo argentino, posee el porcentaje más bajo de PIB destinado a este sector en los últimos siete años. En el año 2016 se acercaba al 7,16% y hoy, lentamente, vuelva acercarse al 6% (6,78%, exactamente). (Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP).

Por otro lado, debe ponerse sobre el foco de la discusión los estándares de calidad que maneja el gobierno nacional. La evaluación APRENDER, que responde a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), no sólo pretende homogeneizar la educación pública sino además privatizarla, y es por eso que, debe tenerse cuidado a la hora de escuchar el “discurso esperanzador” que plantea Cambiemos. Ya que esta educación homogeneizada, no tiene en cuenta los diversos contextos socio-culturales de los estudiantes.

Sin embargo, el gobierno se ha jactado de ser abierto al diálogo y a la construcción colectiva, pero esto no parece ser así. Los estudiantes, protagonistas principales de esta historia, no son parte del juego del debate. Su participación en las discusiones, siempre, es desde el lugar de “espectadores” de la negociación de su futuro. Los docentes, por otra parte, al eliminar la figura del Consejo Federal como vinculante en las paritarias y no promover otros espacios de negociación con el gobierno nacional, también ocupan ese lugar. En conclusión, este juego no es democrático: ni para el maestro, ni para los estudiantes.

Si a esto le sumamos, el desfinanciamiento de la Subsecretaría de Juventud y del programa Conectar Igualdad, el PRO.GRE.SAR cada vez más deteriorado, las Orquestas Juveniles rumbo al quiebre y las Paritarias Docentes, aún sin llevarse a cabo. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿Cuál es la educación a alcanzar?

En estas instancias, es necesario que el pueblo vele por los intereses de la educación pública, en la que la mayoría de los argentinos “cae” todos los días. Una educación pública que vuelve a estar en jaque.

 

*Responsable del Movimiento Argentino de Estudiantes Secundarios (MAES).

**Coordinador Educativo del Centro de Estudios Políticos y Culturales Zona Oeste (CEPOC).

 

 

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