México, un Estado en descomposición

 

México es el país más violento de toda la región y el segundo en el planeta, detrás de Siria. Sucesivos asesinatos ocurren en un Estado que está cada vez más lejos de serlo, pero su alineamiento a los poderes corporativos protege al presidente que “fabricó” Televisa. Mientras la OEA ataca permanentemente al gobierno venezolano, apenas realizó una tibia declaración en repudio del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, y ya ningún medio hegemónico recuerda Ayotzinapa.

“¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!

Nemesio García Naranjo

Por Daniel G. Rossetti

Cuando a cualquier estudiante de Ciencia Política o politólogo nos preguntan qué es el Estado, nos sale como una plegaria aprendida en la infancia la definición weberiana de “aquella institución que reclama para sí, con éxito el ejercicio de la violencia legítima en un territorio”, solo después de esta especie de padrenuestro ampliamos todas sus complejidades, pero es una convención que violencia legitimada es casi el atributo natural de esta institución que nació con la modernidad y garantizó el desarrollo del capitalismo. En México nada de esto se cumple, la violencia no está monopolizada por los grupos que son armados con recursos del Estado, y cuando ésta ocurre no es legítima y muchas veces tampoco es legal.

La crisis humanitaria Siria tiene su correlato latinoamericano en México. Los distintos enfrentamientos, la cantidad de muertos, desplazados y desaparecidos llegan a niveles tan altos que pueden considerarse de una dimensión similar a los de una guerra abierta. Los carteles del narcotráfico, que se diversifican en número, manejan cada vez más territorios, cooptando, por medio de compra de voluntades o por ejercicio de medios coercitivos, la complicidad de los funcionarios públicos. Distintos alcaldes y gobernadores fueron presos o extraditados a EEUU por sus contactos con los narcotraficantes. La Administración para el Control de Drogas (DEA, según sus siglas en inglés) se maneja como un organismo de control y regulación del tráfico de sustancias ilegales, más que cómo una organización para su combate. Si no de qué manera explicar que ese país es el mayor consumidor de productos adictivos, con casi un cuarto de su población afectada por el consumo de estupefacientes, según datos de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se calcula, a pesar de todas las dificultades que genera estimar una actividad ilegal, que entre 600 y 700 mil millones de dólares son los que mueve el narcotráfico, que sumado a diferentes actividades delictivas, como el secuestro extorsivo o el robo de combustible, llegan al 10% del Producto Bruto Interno (PBI) mexicano. Esto explica el poder que lograron los carteles en el país, al punto de plantear una abierta competencia armamentística con las Fuerzas Armadas. Fue el presidente Felipe Calderón quien al declarar “la guerra al narcotráfico” produjo la militarización de la lucha antidrogas, que lejos de ser exitosa ya produjo 23 mil muertos, más de 35 mil desplazados y una cifra indeterminada de desaparecidos desde 2006.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hay 32.236 desaparecidos, mientras que para el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reconoce 30.973, por lo que esta diferencia se debe a que no existe voluntad política para determinarlo, según declara Nadín Reyes fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos “Hasta Encontrarlos” (HE). Reyes atribuye que muchas veces las familias no denuncian por las amenazas o intimidaciones que reciben por parte de las propias autoridades responsables de tomar las denuncias, de esto, que ellos calculan que el número debe ser mucho mayor. En cuanto a las medidas anunciadas contra estos delitos por el presidente Peña Nieto, ninguna pasó de las declamaciones sin ningún resultado concreto, apenas sólo 6 sentencias, sin mayores detalles de cuáles fueron las penas. Caso paradigmático es del padre de la fundadora de “HE”, Edmundo Reyes Amaya, que tras diez años de su desaparición, recién en 2014 se logró una resolución judicial que ordenara la apertura de la investigación de su paradero en las instituciones de detención estatales, sin ningún resultado en los tres años trascurridos desde entonces.

Esta verdadera “guerra sucia” se cobró, el pasado 10 de mayo, la vida de otra luchadora por la aparición con vida de los mexicanos secuestrados. En la noche del que se celebra el Día de las Madres, un comando atacó el domicilio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, parte del “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad Victoria”, en el estado de Tamaulipas. La luchadora por los Derechos Humanos se había unido a la agrupación luego de la desaparición de su hija Karen Salinas Rodríguez en 2012. El coordinador del colectivo, Guillermo Gutiérrez, quien también busca a su hija Raquel, junto a  otros 400 padres en ese estado, relató que Miriam ante las autoridades reclamó mayor apoyo y protección y había advertido ante los funcionarios “A ver si no me matan”. El comentario sarcástico se transformó en realidad ante la falta de acción de las autoridades, cuenta Gutiérrez, que también advierte: “Nos persiguen, nos vigilan, nos van a matar, Miriam no es la única”.

El 26 de septiembre de 2014 Fuerzas Armadas federales y municipales atacaron a 49 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, cuando iban a movilizarse en repudio de la masacre de Tlatelolco de 1968 y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos, mientras que seis fueron asesinados. Todavía sin noticias de sus destinos, sus familiares instalaron un “plantón” frente a la Procuraduría General de la República (PGR), donde exigen mayor compromiso del Estado para averiguar la situación de los estudiantes. Reclaman la detención de los policías y militares involucrados que ocultan información de la trágica noche y también que se deseche la teoría sostenida desde la PGR, sobre la incineración de los cuerpos en un basurero de Coluca. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), instituciones que apoyan la búsqueda de los familiares, recomiendan una ampliación de la zona de búsqueda para desechar definitivamente esta tesis.

El abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, reclama que se investigue también la complicidad de las fuerzas armadas por el Estado con grupos de narcotraficantes, específicamente el corredor Iguala-Chicago, “no es incapacidad, es estrategia política” denuncia el letrado. La búsqueda de los normalistas dejó en evidencia la sistematicidad del accionar de los violentos, verdadera práctica de terrorismo de estado; en la medida que se los buscaba se fueron encontrando distintas fosas donde ocultaban los cuerpos de otras víctimas. Se llevan encontradas 855 fosas comunes repartidas en los distintos estados, de donde exhumaron más de mil quinientos cuerpos.

Como parte de las prácticas de terrorismo de estado, también está el acoso que sufre la prensa que se encuentra por afuera de los intereses corporativos. El 15 de mayo asesinaron en la calle y a plena luz del día al periodista Javier Guerreo, autor del libro “Narcoperiodismo”, fundador del semanario Riodoce y parte de la red de periodistas independientes que denuncian la convivencia entre el estado mexicano y los grupos narcos. Su homicidio es el sexto en lo que va de este año y se suma a los 126 desde que Felipe Calderón declarara la guerra al narco en el 2000. La impactante cifra ubica a México en el tercer puesto de los lugares más peligrosos del planeta para el ejercicio de la profesión, detrás de Siria y Afganistán, según “Reporteros sin fronteras”. La reacción del presidente Peña Nieto fue un mensaje en Twitter y otra declaración de investigar hasta las últimas consecuencias. Cuesta creer la veracidad y el compromiso del mandatario, dado que en ninguna de las muertes de los periodistas se ha encontrado a los actores intelectuales de los crímenes.

Imposible despegar las políticas neoliberales de lo que ocurre en México. A los habitantes les queda elegir entre trabajar en condiciones semi esclavizantes en las maquiladoras, consecuencia directa de los tratados de libre comercio firmados con los EEUU, ser un “soldado” de los carteles del narcotráfico o convertirse en un frijolero, come señalan a los que intentan cruzar la frontera con los vecinos del norte, aventura cada vez más difícil desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. “Se pretende que la sociedad no se movilice y sea más fácil implementar una serie de reformas neoliberales”, la denuncia la sostiene Nadín Reyes de “HE”, agregando que las respuestas del gobierno es que los actos son consecuencias de la delincuencia organizada, en claro ensayo de deslindarse de sus responsabilidades y de eludir las complicidades con los carteles de narcotraficantes. La dirigente de los Derechos Humanos aclara también que todo esto se hace en búsqueda de disminuir los derechos sociales que la comunidad ha conseguido, instaurando el miedo desde el terrorismo, que se ha transformado en una herramienta de control social.

Los casos de violencia se reproducen en todos sectores de la sociedad, feminicidios, infanticidios, trabajadores, la comunidad LGTB, luchadores por los derechos de los pueblos originarios, ecologistas contra la megaminería. Cada día una nueva víctima cae en el suelo de Emiliano Zapata.

El presidente Enrique Peña Nieto, surgido del “laboratorio” comunicacional de Televisa, tiene como respuesta a esta crisis humanitaria, “advertir” sobre el resurgimiento de los populismos, tal como lo hizo frente a representantes del poder financiero en la 80° Convención Bancaria Mexicana. Estas declaraciones pueden tomarse como parte de la campaña por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante las elecciones presidenciales del año próximo. Paradoja insostenible, si pensamos que su partido nace con los movimientos populistas latinoamericanos. Su lógica es continuar la alianza con los EEUU, mantener las maquilas como forma de producción y seguir haciendo altisonantes declaraciones mediáticas de lucha contra los carteles y de protección de la ciudadanía. La crítica del presidente a los movimientos populares la realiza comparándola con el mayor éxito de su gestión, la destrucción de la institución Estado.

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