El crimen más antiguo del mundo

Por Gala Kreisler

El pasado 2 de junio un grupo de mujeres activistas que conforman Fuerza Artística de Choque Comunicativo (FACC) sorprendió a todos con una perfomance que incluyó desnudarse frente al Congreso, Casa Rosada y Tribunales en pleno invierno. El objetivo de esta acción se hallaba detrás de los cuerpos tiritando: una bandera que expresaba la consigna: “El femicidio es genocidio”. ¿Es correcta esta afirmación? De ser así, ¿Qué consecuencias tendría?

Para responder estas preguntas, primero hay que definir qué es femicidio, qué es genocidio y si entonces es posible asimilar dichos conceptos.

En Argentina el femicidio está reconocido en la ley 26.791, que castiga con cadena perpetua los crímenes considerados de género. La misma fue sancionada el 14 de noviembre de 2012, y promulgada el 11 de diciembre de mismo año. Esta norma modifica el artículo 80 del Código Penal, incorporando como agravante del homicidio la violencia de género. La misma establece que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, al tiempo que modifica otros tres incisos del mismo apartado.

Dado que no existe un ente oficial que elabore estadísticas sobre el tema, Argentina no aparece en el informe que presentó Naciones Unidas en 2015 sobre la situación de la mujer en el mundo. Se calcula que una mujer es asesinada cada treinta horas, y corre más peligro de muerte en el lugar donde vive (en convivencia con su pareja, marido o novio) que en la calle. El Instituto de Políticas de Género “Wanda Taddei” realizó un informe reciente en donde revela que la cifra de una mujer cada 30 horas cambió y ahora es cada 18 horas.

Como sostiene la antropóloga feminista Rita Segato, la violencia contra las mujeres no sólo no se detiene, sino que se expresa con una crueldad inusitada. Si bien cada vez hay más denuncias y pareciera que la cuestión de género se ha instalado socialmente, el número de víctimas no para de aumentar, y con ellas la crueldad de los ataques. Una explicación a este fenómeno podría hallarse en la desesperación que encuentran los victimarios ante la posibilidad de verse limitados en el ejercicio de su poder masculino: lo que antes era acallado e invisibilizado, intramuros, hoy toma carácter público y con ello acarrea la condena social. Ante esto, se produce una escalada de violencia, llegado en algunos casos a culminar con el suicidio del perpetrador.

Segato explica la relación de género como una relación de poder fundante, la primera elección de todas las otras formas de poder, todas, en la larga historia de la Humanidad, y también en la vida de cada persona. Según la académica, en Argentina la crueldad en los femicidios se manifiesta de forma bélica, hay más crueldad: es un mensaje a todas las mujeres y a la sociedad entera, y al propio Estado y a la legalidad.

En relación al genocidio, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, lo define como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

El principal impulsor de dicha Convención fue el jurista Raphael Lemkin, nacido en Polonia, quien definió por primera vez al delito de genocidio. En uno de sus libros lo definió como “la puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento”.

Desde la sanción de la Convención a esta parte, el término ha ido evolucionando y con él su aplicación. Si bien utilizaron el término genocidio en el juicio de Núremberg, lo cierto es que las condenas fueron por “delitos de lesa humanidad”.

De hecho, tal fue la figura utilizada originalmente para juzgar en Argentina los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Esto es porque la Convención no hace referencia a los grupos políticos en su definición, carácter que sí estaba incluido en el proyecto de la misma pero fue removido al redactarla, junto con la expresión “otros”, haciendo referencia a causales no previstas en el artículo.

Sin embargo, ante esta redacción han surgido variables interpretativas. La primera es la normativa, que indica que debe aplicarse a todos los grupos, para no vulnerar un principio general del derecho que es el de la igualdad y no discriminación; esto incluiría a los grupos políticos, y en el caso de estudio, a las mujeres como grupo específico. La segunda es la restrictiva, que prioriza la tipicidad (atenimiento a lo que está tipificado, regulado, sin posibilidad de ampliación), que descartaría cualquier uso de analogía, práctica prohibida por el derecho penal. Finalmente, se ha desarrollado la interpretación de la “jurisdicción universal”, la misma establece que cualquier país puede solicitar la aplicación de la Convención, independientemente de su ratificación, lo que la ha convertido en una herramienta de presión internacional.

En el caso de Argentina, la jurisdicción internacional permitió que el Juez Baltazar Garzón pudiera juzgar los hechos ocurridos durante la dictadura que duró de 1976 a 1983, antes limitados por el principio de extraterritorialidad que impedía extender la competencia. Dicho Juez consideró que en el país sudamericano “el delito de genocidio, que se instrumentó a través de asesinatos múltiples, detenciones, secuestros, desapariciones, sustracción de menores, torturas, violaciones y apoderamiento de bienes” y se refirió a la “destrucción parcial de grupo nacional”.

Ahora bien, habiendo presentado ambos conceptos, resta dilucidar entonces si el homicidio de mujeres a manos de hombres puede considerarse como un genocidio, es decir, como actos que tienden a la destrucción por parte de un grupo nacional, según la definición más reciente pero que, a su vez, guarda mayor relación con la redacción originalmente propuesta por Lemkin.

Desde un punto de vista sociológico, el especialista en genocidio Daniel Feierstein sostiene que no es sólo la aniquilación de una fuerza social (en este caso, las mujeres) sino también la destrucción de relaciones sociales en el conjunto de la sociedad a la cual va dirigido (aquí, la sociedad patriarcal).

Según el autor, los genocidios necesitan una realización simbólica de las prácticas genocidas, que sea pensado de una determinada manera y no de otra. De esta forma no se recuerda esa relación social y el hecho genocida queda remitido a una práctica irracional: aquí podría mencionarse la frecuente definición de los femicidas como “locos”, “bestias”, o “salvajes”; que lleva incluso a atenuar las penas por encontrarse los ejecutores en estado de “conmoción violenta”.

Para Feierstein este fenómeno implica también que la identidad de aquellos sujetos aniquilados (las mujeres), el tipo de relación social que encarnaban, que es lo que intentaba destruir el genocidio, ni siquiera pueda ser recuperada.

En este punto cabe preguntarse si es dable sostener que detrás de los femicidios existe esa intención de destruir la relación social que plantean las mujeres, y es perfectamente posible dar una respuesta afirmativa: todo aquello que desafíe el orden heteropatriarcal puede considerarse como una amenaza a lo establecido, y como tal, representar el riesgo de pérdida de poder en manos de una mujer, que un hombre no puede permitirse.

Como desarrolla Segato, detrás de la violencia hacia la mujer hay un lenguaje de poder y una dimensión de lo relacional entre el agresor y la víctima, la venganza, la afirmación de propiedad sobre su persona, se encuentra siempre una estructura donde el hombre tiene que actuar, espectacularizar su poder. En esa relación él está disciplinando a todas las mujeres de la sociedad.

Entonces, una vez que se considera la violencia contra la mujer como genocidio, ¿Cómo es posible dar fin al crimen más antiguo del mundo? La respuesta no puede provenir desde un solo enfoque y son múltiples las aristas involucradas, pero resulta prioritario desnaturalizar las prácticas que permiten su continuidad.

Así, ante las críticas a la tipificación del femicidio como un tipo penal especial, las mismas no deben agotarse en una lógica academicista sino discursiva: el reconocimiento de la violencia hacia la mujer como una práctica específica genera efectos jurídicos que operan en el plano de lo simbólico. Sin embargo, no debe olvidarse el carácter de última ratio del derecho penal, por lo que debería desentramarse la cuestión social que al día de hoy permite la reproducción de estas prácticas.

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