Chile, Perú, Colombia o la espina dorsal del neoliberalismo

Por Daniel G. Rossetti

En la región más desigual del mundo, emergen los tres estados donde apenas un centenar familias poseen más del 15% de las riquezas totales de sus países. Fieles aliados de los EEUU. Chile, Colombia y Perú mantienen al neoliberalismo vivo como ideología hegemónica y representan la playa de maniobras en la batalla contra los movimientos nacional populares.

Cuando el general San Martín salió por mar de Chile hacia el Alto Perú para encontrarse con el general Simón Bolívar, que bajaba de la Gran Colombia, su reunión en Guayaquil selló la alianza para liberar el sur del continente. Un siglo y medio después, los mismos espacios que formaron el espíritu independentista, están anclados fuertemente a las experiencias noeliberales que resistieron el avance de los gobiernos nacional populares de principio del siglo XXI. Hoy son las bases de ataque contra los focos de resistencia a las políticas de ajuste. Con datos macroeconómico positivos solo expuestos por los organismos internacionales de crédito, los conflictos internos son ocultados por los medios de comunicación hegemónicos y son presentados, desde estas plataformas, como los modelos a seguir en la región.

Chile, que desde el 11 de septiembre de 1973 es el ejemplo paradigmático del éxito de los ensayos socio económicos del neoliberalismo, muestra los resquebrajamientos de la teoría del derrame. Movilizaciones de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios y otros sectores sociales empezaron a tomar las calles en rechazo del proyecto neoliberal y si bien los fines perseguidos obtuvieron distintos éxitos, lo que resulta inocultable, es el agotamiento de la paciencia de los sectores populares ante la acumulación de riqueza y privilegios cada vez en menos manos.

 La marcha de los estudiantes durante el 2011 en reclamo de la gratuidad en la enseñanza universitaria nos reveló la inequidad de una sociedad que tiene como obligatoria la enseñanza en tres de sus cuatro niveles educativos. La fuerte participación de la gestión educativa privada e índices altos de deserción en los sectores empobrecidos de la sociedad son el primer escollo hacia el peldaño final de la formación académica, el universitario, que es el que termina de abrir el camino hacia el incremento del saber tecno-científico, y por tanto es reservado para los alumnos provenientes de los sectores tradicionales, reaseguro de que serán sus propias necesidades las que se satisfagan y también las que le permitan mantenerse en las cúpulas del poder y en los ámbitos de decisión estructural, ya sea dentro del espacio estatal o en el de las empresas privadas.

Así lo denuncia la ex militante estudiantil y hoy diputada Camila Vallejo: “Es mucho más fácil y un flanco predilecto de crítica que yo sea mujer y, además, ser comunista”, señalando el poco interés de las facciones corporativas del emponderamiento de los sectores populares, la amplitud ideológica y la inclusión de género. Tanto es así que luego de las luchas estudiantiles, el cambio de gobierno a manos de la Concertación con el retorno al Palacio de la Moneda de Michelle Bachelet, solo se consiguió una ley de becas universitarias que los propios legisladores denominaron “ley corta” por lo acotado de su alcance y lo difícil de su acceso.

Otro mito caído del imaginario neoliberal es el éxito de los sistemas de pensión privados chileno, sistema que dejó expuesta sus falencias en marzo de este año, cuando amplias franjas de la ciudadanía se movilizaron en rechazo al régimen, llegando a dos millones de manifestantes en un país con una población de algo más de dieciocho millones. El fracaso del sistema de capitalización de aportes para el retiro se evidencia en quienes fueron los ganadores de esta estafa a los trabajadores, las aseguradoras de los fondos se apoderaron del equivalente de la mitad el Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2015, acumulación de riqueza que no llegó a derramarse hacia los trabajadores, que han sido obligados desde la dictadura de Pinochet a adherirse a esa forma de asegurarse un ingreso en su vejez.

La educación es el más claro indicador del deterioro en los sectores populares de las políticas nacidas del Consenso de Washington y sus enmiendas de forma y, como es de esperarse, en Colombia también está en crisis. Los docentes aculaban treinta y siete días de huelga consecutivos hasta el 16 de junio, en un conflicto que el gobierno de Santos no parece querer solucionar. El reclamo de los educadores es, además de salarial, por el aumento del presupuesto educativo, proponen que llegue al 7,5% del PBI puesto que ahora es solo del 3,8 %, y esta escasa asignación partidaria se evidencia en las deficiencias infraestructurales de los establecimientos, en la falta de estímulos a los docentes y en la alimentación de los alumnos, que como denuncia Flor Patricia Silva Martínez, secretaria general de la disidente Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca (ASIEVA), pasó de ser un derecho de los niños colombianos a un favor de los gobernantes.

La militante sindical también denuncia los intentos del gobierno por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), algo que resulta imposibilitado por las deficiencias del sistema colombiano al que gobierno propone solucionar incentivando la matrícula en instituciones privadas, que sumado al trabajo infantil y la consecuente deserción escolar, le dificulta el ingreso para poder ser evaluado por las pruebas PISA, punto que también resisten los docentes, ya que la metodología de ponderación de nivel educativo no consideran los componentes sociales, históricos y culturales propios de la nación latinoamericana.

Los acuerdos de paz alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los avances con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) van en un solo sentido; desde que empezó el año ya llegan a 36 los militantes de derechos humanos asesinados en Colombia, que superan los cientos veinte si le sumamos los dirigentes populares que resultaron el año pasado cuando se decretó el alto el fuego y comenzaron las conversaciones por la paz. La condena de muerte se decreta con la calificación de comunista a cada dirigente que reclama mayor justicia social y reconocimiento de derechos ciudadanos, las sentencias se cumplen luego de que los sectores de derecha condenan al calificar y dejan las ejecuciones a manos de sus grupos armados.

Las tropas paramilitares no perdieron un ápice de su poder y siguen, con la anuencia de la DEA, regulando el narcotráfico en el país caribeño, por medio del control en el puerto de Buenaventura, otro gran éxito del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con la potencia hegemónica continental. Abandonado por el estado colombiano llegó al punto de poner a todo el pueblo en paro ciudadano en reclamo de que se declare la emergencia económica de la ciudad. La historia de este punto estratégico dentro de la economía local, ya que es la principal puerta de entrada y salida de mercancías, puede contarse desde la rúbrica del (TLC) y se plasma en el deterioro de los indicadores de empleos, que desde que se privatizó la empresa pública ColPuertos, se destruyeron doce mil empleos directos y toda la economía local quedó profundamente resentida a raíz de la dependencia de esos salarios en el movimiento de dinero de Buenaventura.

En manos de los paramilitares y con empleos precarizados las principales materias primas del país caribeño se escapan por esta salida al pacífico. Renán Vega Cantor, historiador y docente de la Universidad Pedagógica Nacional, nos presenta lo delicado de la situación al señalar qué con 450.000 habitantes, en su mayoría de raza negra, sobreviven en una hay región con temperaturas medias de 35°C sin agua potable, algo que por si solo que pone en grave peligro la salud pública y se agrava por el hecho que no existen hospitales, y deben recorrer ciento veinte kilómetros para llegar a un centro de salud que atienda casos complejos. Como destaca Flor Silva Martínez, “el gobierno de Santos habla de paz, pero mata de hambre al pueblo”.

Las manchas de corrupción de la empresa Obredetch llegan a toda américa, pero en Perú han calado tan profundo que las denuncias de corrupción alcanzan a los últimos tres presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García. Nada diferencia a lo que fue la sede del mayor imperio del sur de américa antes de la invasión europea de los casos de Chile y Colombia. Este cronista tuvo la oportunidad de visitarlo y la llegada por aire a Lima revela la dependencia de los productos importados del pueblo peruano, al ver la llegada por el Pacífico a un número impresionante de barcos Panamax desbordantes de contenedores con manufacturas de diversos orígenes. En tránsito hacia Cuzco, las conversaciones con los lugareños revelaban la precariedad de la economía peruana, cuando relataban cuáles son las matrices de producción del país, que depende del sector de servicios y de lo que sale de la tierra, granos, minerales y petróleo. La explotación de estos recursos se encuentra en manos de empresas privadas extranjeras, característica básica de la dificultad de la llegada de las rentas a la población.

La principal industria local es el turismo, que con sus impresionantes paisajes, sus preciosos tejidos artesanales en lanas de llama y alpaca, limita al área de servicios la generación de empleos calificados y divisas de la nación. La solidaridad del pueblo cubano, al enviar médicos sanitaristas para asistir al gobierno peruano en medio de las terribles inundaciones y aludes que sufriera la comunidad peruana, sigue siendo el golpe más certero y evidente del triunfo de la política puesta al servicio de los intereses de sus ciudadanos, opuesto a lo que proponen las ideólogos del neoliberalismo que callan cuando sus mentiras quedan expuestas.

Los tres países muestran temibles niveles de desigualdad y esto llevado a números desnuda la mentira de la teoría del derrame. Más del 15% de la riqueza generada queda en manos de un centenar de familias locales. Paradójicamente, o no tanto desde la lógica neoliberal, doce apellidos chilenos pertenecen a la lista de Forbes con más de mil millones de dólares y la sumatoria de esas fortunas llega al diez por ciento del PBI local, y resalta el nombre de Iris Fontbona, una de las primeras cien fortunas del globo. En Colombia suman tres los mil millonarios, tal el apelativo que se les da en la lista, pero sus fortunas están por encima de un tercio del PBI, en tanto que en Perú la nómina llega a cinco y se aproximan a la mitad del producto nacional.

A pesar del grado de desintegración de estos estados, del abandono de cualquier pretensión de desarrollo propio, de la violencia interna que pone en cuestión la funcionalidad estatal, cuando los mandatorios de Chile, Colombia y Perú se reúnen con otros líderes plantean los problemas de Venezuela ignorando lo que sucede fronteras adentro de sus naciones y la prensa hegemónica destaca los mensajes de intelectuales con Mario Vargas Llosa, Álvaro Uribe o Sebastián Piñera, dándoles amplios espacios y medios para que expongan sobre los problemas del populismo, ocultando conscientemente que son las consecuencias del neoliberalismo las que generan estas brechas económicos sociales y los gobiernos nacional populares quienes las solucionan.

Ninguno de los estados mencionados tiene una industria propia que satisfaga un programa de desarrollo autónomo dentro del conjunto de las naciones para lograr un mínimo nivel de igualdad en las relaciones de comercio. Las economías extractivistas (justo es decirlo, como en todo el subcontinente) los ponen en relación de desventaja ante la oscilación de los precios de los commodities y las consecuencias la sufren los empleos que dependen de los sectores de servicios, generando una gran inestabilidad en los trabajadores. En el continente que posee todas las posibilidades de un desarrollo equitativo, la avaricia del orden mundial globalizado se profundiza dejando una estela de corrupción, estados desarmados y sociedades quebradas en su solidaridad orgánica. Las garras de neoliberalismo, aferradas en el triple entente que no se acercó al proceso de reconversión política del nuevo siglo, tiene las armas para sostener la avanzada neoliberal en la batalla cultural, que se ve cada vez más franca.

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