La estrella de mi bandera no cabe en la americana

Por Daniel G. Rossetti

En Puerto Rico se llevó a cabo un plebiscito para definir su anexión a los Estados Unidos, pero los resultados no fueron los esperados por parte de la clase dirigente. Con una abstención del 77% de los ciudadanos, la legitimidad del 97% obtenido cae por su propio peso. Abandonados por el país que no muestra mucho interés la inclusión de un nuevo estado, la crisis económica y social muestra otro rotundo fracaso del modelo aplicado sobre otra víctima del Imperio.

El 11 de junio de este año impulsado por el gobernador de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Roselló, se realizó una consulta popular sobre la necesidad de integrar a la nación caribeña como Estado pleno de los Estado Unidos de Norteamérica. Si bien el resultado arrojó la impresionante cifra de 97,18% de aceptación, el dato principal a tener en cuenta es que fue la segunda convocatoria ciudadana con mayor abstención de la historia boricua al alcanzar el 77% del total de los isleños.

Lejos de ser una respuesta anómica, los portorriqueños expresaron su disconformidad con el intento de estadidación y también su descontento con el gobierno de Roselló y el plan de ajuste al que está sometiendo a su pueblo, en defensa de los intereses de las empresas estadounidenses, que presionaron a tal punto las arcas del estado que lograron su quiebre. Para los impulsores de esta acción, no fue el simple desinterés, sino el boicot popular a una medida innecesaria en medio de la crisis que soportan,

La expresión de las urnas se dividió en estos números por “Plebiscito para la descolonización de Puerto Rico” 97,15%, por “La libre asociación” 1,0%, “Independencia” 0,7% y por mantener el actual status territorial 1,15%. A la propuesta ganadora queda ahora llevarla a Washington para que el congreso le de tratamiento, lo que será llevado a cabo por la comisionada residente Jennifer González Colón. La función de esta legisladora es representar a su estado en el congreso de EEUU, donde tiene voz, pero no tiene voto, a menos que se le otorgue previamente y siempre y cuando no sea determinante en el tema tratado. Ella será quien lleve adelante las negociaciones con los congresistas estadounidenses junto con los siete comisionados que designe el gobernador para tal fin.

La tarea no será sencilla viendo los movimientos en política internacional de la administración Trump. No hubo apoyos explícitos desde su gobierno a la consulta más allá de la corrección diplomática de las declaraciones del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer que expresó “Ahora que la gente se ha expresado en Puerto Rico, esto es algo que el Congreso tiene que atender. El proceso tendrá que darse a través del Congreso”, aunque la última firma depende del presidente, de quien no se conocen demasiadas opiniones.

Esto no desanima a la comisionada González Colón, quien desestimó al boicot y se expresó en defensa de quienes votaron afirmando “En los procesos electorales, ganan quienes votan y se toma la participación de los que participen en el proceso, no de los que se quedan en su casa”. La oposición no comparte esta opinión; el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), sostuvo que “El boicot fue una expresión política contundente. Esto no fue abstención. La abstención se da cuando no te importa una elección. El boicot fue precisamente porque nos importa Puerto Rico y fue una forma de repudiar esta elección”. Llegando un poco más lejos comparó el resultado de los sufragios con el gobierno de Sadam Hussein por lo abultado de los cómputos. Dentro del mismo espacio Héctor Ferrer, presidente del PPD, sentenció “Se derrotaron ellos mismos. La estadidad está muerta” en referencia a lo contundente de la acción política.

En tanto desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) la crítica se centró en la cláusula que sostiene el carácter colonial de la isla, según la mirada de su vicepresidenta María de Lourdes Santiago. Mientras que el senador por el espacio, Juan Dalmau, atacó al PNP señalando que no tuvo siquiera “el poder de movilizar a su propia gente”, más allá de los recursos utilizados para hacer propaganda mediática y la movilización de los agentes estales para que vayan a votar. Para controlar el proceso electoral el PIP prestó a sus afiliados para fiscalizar la elección. Dalmau destacó que la participación fue solo para evitar actos ilegales en la votación y poder denunciarlas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Otra fuerte crítica compartida por todo el abanico político fue el costo de la elección en la que destinó alrededor de siete millones de dólares, cifra que parece exigua, aunque se vuelve relevante ante el plan de austeridad que está llevando a cabo el gobierno de Roselló.

La expresión popular del domingo 11 de junio se visibilizó en las calles en las manifestaciones de los movimientos sociales que marcharon por las calles de San Juan mientras se desarrollaba el escrutinio. En este sector el pueblo reclamaba ir más allá y reclamar la soberanía de Puerto Rico, mientras que exigían un tratamiento diferente del que lleva adelante el gobierno sobre temas coyunturales como la auditoría de la deuda externa, contra el recorte presupuestario y contra los funcionarios del gobierno aliados de los “buitres”.

¿Boicot al plebiscito o a las políticas del gobierno?

La expresión del pueblo boricua debe entenderse en el contexto político económico que atraviesa la isla. El 1 de mayo los trabajadores realizaron una huelga general contra las medidas de ajuste que decretó el gobernador Roselló, quién agobiado por una deuda de 73 mil millones de dólares, decretó la quiebra del país el 3 de mayo. “Auditoría YA” fue el reclamo de los manifestantes mientras que denuncian que el proceso de endeudamiento es consecuencia directa de la falta de soberanía de la isla y la colonización estadounidense. La condición de Estado Libre Asociado supedita las decisiones económicas al congreso de EEUU, situación que produjo que en 1976 se le incluyera dentro del Código de Impuestos Internos Federales junto con la sección 936, con reducción de tasas que funcionaba como incentivo a que las empresas del país central invirtieran en la isla.

Esto dio impulso a la economía local, pero la sometió a la economía de EEUU y los excedentes se remesaban a las casas centrales, desfinanciando las arcas puertorriqueñas, dejándoles las migajas de un  derrame que no fue tal. Como resultado se transformó en un centro financiero por donde desfilaban las ganancias a las casas matrices de las empresas. En 1996 Washington consideró una “donación cara” la 936 y paralizó por diez años la quita impositiva, generando que los intereses de los inversores desaparecieran juntos con sus beneficios. Cumplidos los diez años, se derogó definitivamente la 936 y en 2006 Puerto Rico entró definitivamente en recesión.

No resulta difícil imaginar en manos de quien caían los bonos de altísimo riesgo. Los fondos buitres fueron los únicos que prestaron dinero y hoy poseen los bonos de la deuda. Microsoft, Total Petroleum, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, entre otros, con la coincidencia de origen.

Los resultados no podían ser otros: 45% de pobreza y 12 % de desocupación en una población de apenas cuatro millones de la cual emigraron cuatrocientos mil puertorriqueños en el último año. La deuda será refinanciada con la obligación ineludible del pago. Las condiciones también son las que conocemos, recortes en salud pública, reduciendo la cantidad de prestaciones que le darán a los habitantes, que alcanzará solo a los servicios básicos. Recortes en educación que afectan a la universidad de Puerto Rico en 45 millones de dólares mientras que el departamento de educación cerrará 184 escuelas al terminar este ciclo lectivo. Característica del sistema de educación puertorriqueño es que solo la educación primaria es garantizada por el estado, mientras que el nivel secundario y el universitario son pagos, lo que aumenta la crueldad de las medidas. También privatizaciones, tercerización de servicios y todo el programa neoliberal aplicado por EEUU y su poder financiero a la región

Durante las manifestaciones en el boicot el artista plástico Félix Cordero, de 86 años, tomó un recipiente metálico y luego de contar una a una cien banderas les prendió fuego, frente al CEE con la policía de espectador. “Esto es un ‘art happening’. Somos una colonia y ya es tiempo de que nos suelten y nos den la libertad”, declaró el artista al medio El Nuevo Día. Difícil ser más claro en un mensaje.

Fuentes: Nodal.am; Diario El nuevo día.

 

 

 

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