Salud para pocos

Por Eva Morales Guido

En la Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye 20 vacunas, durante este año se incluyó la inyección contra el meningocco, el neumococo y se amplió la del Virus del Papiloma Humano (HPV) a varones; el objetivo principal es garantizar la protección a toda la población, de forma gratuita y obligatoria, facilitando su acceso especialmente a sectores vulnerables. La obligatoriedad de las vacunas ha sido cuestionada en el proyecto de ley de la diputada nacional Paula Urroz, de Unión PRO, el cual plantea que la vacunación sea opcional y que aquellos que sean  responsables de un menor puedan aceptar o rechazarla, mediante el consentimiento informado.

Sociedades científicas de todo el país refutaron fuertemente el proyecto de la diputada del PRO, ya que vulnera el derecho a la salud, siendo la vacunación una de las políticas sanitarias más equitativas en nuestro país. La Sociedad Argentina de Pediatría rechazó contundentemente el proyecto, ya que “lejos de traer un beneficio, induciría un mayor rechazo a inmunizar a los niños poniendo en un serio riesgo a la salud de la población”. La Sociedad Argentina de Infectología, la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Medicina y el Foro de Medicina Clínica en conjunto, han emitido un comunicado oficial manifestando el rechazo a dicho proyecto ya que “representa un retroceso en política sanitaria, con serias consecuencias potenciales para la salud de nuestra población”.

La opinión ha sido unánime, sin embargo, el pasado viernes 23 de junio por orden del nuevo presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan designado en cargo por el Gobierno nacional, Carlos Kambourian, el vacunatorio que funcionaba en el hall del hospital fue completamente desmantelado. La toma de decisión del funcionario no es inocente, sino que responde a los intereses económicos de los sectores privados. Kambourian cuenta con el antecedente de haber sido denunciado por haber permitido el arancelamiento de las prestaciones que realizaba el Hospital Público de Odontología de Pilar, durante su gestión como secretario de Salud del intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté. Junto a Kambourian, también fue nombrado consejero del Hospital por el Gobierno nacional, Roberto Debbag, ex director médico regional para América Latina de la farmacéutica Sanofi Pasteur, destinada a la producción de vacunas. Se podría deducir fácilmente que los intereses de los funcionarios, al desmantelar el anexo del Hospital donde en los últimos dos meses se aplicaron 11.060 vacunas, es direccionar la demanda hacia el sector privado vulnerando el derecho de los argentinos a acceder a un servicio de salud básico y universal como es la vacunación, sin lugar a dudas, las políticas PRO en materia de salud han ido, desde el comienzo de la gestión, en contra del concepto de “salud para todos”.

Chau REMEDIAR

Durante el año 2016, un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria[1] denunciaba que el Programa REMEDIAR, que realizaba la compra y distribución de medicamentos esenciales a los más de 7 mil centros de atención primaria de la salud de todo el país, había sufrido una reducción de un tercio de sus tratamientos, comparando al 2015; la entrega de remedios tuvo una tendencia descendente durante el 2016,  siendo que durante el segundo semestre se transfirieron a las provincias un 40% menos de tratamientos comparado al primer semestre del mismo año; como resultado de que el programa no realizó licitaciones durante todo el periodo y dio de baja los contratos con laboratorios de producción pública.  El programa REMEDIAR contaba con 74 medicamentos fundamentales en su vademécum, es decir aquellos necesarios para cubrir cerca del 90% de las enfermedades más frecuentes en todas aquellas personas que se atienden en el Primer Nivel de Atención en todo el territorio nacional, garantizándole el acceso a 1,7 millones de personas por mes. En febrero del corriente año, la Fundación Soberanía Sanitaria alertaba acerca de que sin cobertura gratuita de medicamentos, una persona de 60 años, diabética (10% de la población adulta) e hipertensa (33% del mismo grupo) empezaría a gastar mensualmente de su bolsillo al menos $1075.  Finalmente el programa REMEDIAR, fue reemplazado por la Cobertura Universal de Salud (CUS), establecida en la Resolución 475/2016, como política sanitaria del Gobierno nacional, avanzando hacia un sistema de aseguramiento, con financiamientos administrados por una Unidad Ejecutora, con dos representantes del Ministerio de Salud, dos de la Superintendencia de Servicios de Salud y dos de la CGT.

El Programa REMEDIAR había sido implementado durante el año 2002 debido a los efectos de la crisis económica y social del año anterior, con el objetivo de generar acceso a los medicamentos esenciales. La senadora Silvia García Larraburu por la provincia de Río Negro manifestó: “Reemplazar el programa REMEDIAR por el CUS no sólo implica disminuir la cantidad de medicamentos de los botiquines de 74 a 39 y de las partidas a los 8.000 Centros de Salud de las Provincias y CABA de 174 a poco menos de 100 para este año, sino que delegaría a las provincias esas funciones que hasta hoy garantizaba el Ministerio de Salud de la Nación” (14/06/2017).[2]

Roxana Galiano, directora de Farmacia del Ministerio de Salud Pública de Misiones denunció que “la Nación está enviando el 40% de los medicamentos que demandan los pacientes que se atienden en la salud pública”, ante ese faltante la provincia, a través de este organismo “provee el 60% restante, porque no podemos dejar a la población sin medicamentos, estamos esperando que esta situación se normalice y justamente esa es la promesa de las autoridades nacionales para el corto plazo”. (25/06/2017).[3] Las denuncias acerca de la falta de remedios en todo el territorio alertan acerca de la discontinuidad de la distribución de medicamentos esenciales, la cual debía ser llevada a cabo por el CUS. Un Estado presente con políticas públicas sanitarias, como el programa REMEDIAR, permiten la equidad en materia de salud, entendiéndola como derecho innegable y al medicamento como bien social.

Menos pensiones, más gastos de bolsillo en salud

Siguiendo con la lógica de ajuste, el Gobierno nacional, dio de baja durante el mes de junio 173 mil pensiones mediante el uso de un decreto del menemismo que implica un endurecimiento en las condiciones de acceso a dicho derecho. Las pensiones no contributivas asisten en su mayor parte (72%) a personas con discapacidad, la titularidad implica la cobertura médica asistencial que el Estado nacional garantiza a través de la implementación del Programa Federal Incluir Salud (PFIS) del Ministerio de Salud de la Nación, brindando una cobertura con 100% de gratuidad para todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO), y les garantizan el acceso a prestaciones que son necesarias para el desarrollo de su vida. Este programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de donde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.  La quita de pensiones no contributivas significa, no sólo la pérdida del ingreso monetario para el titular y su grupo familiar, sino también la eliminación de la cobertura de salud para el paciente y la mayor presión sobre los ya complicados sectores públicos de salud de los Estados provinciales.

Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria[4] denunció que la provisión de medicamentos para personas con discapacidad también sufrió un importante recorte en la provincia de Buenos Aires de casi el 40% tomando como referencia mayo de 2015 y el mismo mes de 2017. En particular, el ajuste sobre la provisión del alimento especial líquido para la nutrición adecuada de las personas con parálisis cerebral superó el 95%, mientras que en mayo de 2015 se garantizaba mensualmente la prestación para 80 titulares de PNC en la actualidad se autoriza para apenas 3 tratamientos, dejando a por los menos 77 personas sin el soporte nutricional. En el documento se calculó el “Gasto de Bolsillo Mensual” que podría tener una persona con diagnóstico de esquizofrenia al no poder acceder a la cobertura de salud que le correspondería según el PFIS: incluyendo la medicación antipsicótica, la psicoterapia individual y el centro de día; el gasto rondaría entre $16.333 a $39.091 por mes. En el caso de paciente con insuficiencia renal crónica, que realiza tratamiento en un centro de diálisis incluyendo el gasto del tratamiento y el transporte el gasto sería de $28.210 a $33.341; tras el recorte de las pensiones, dichos gastos deben ser enfrentados por la provincia o por la familia.

Este tipo de medidas de ajuste en el sector, son las que viene efectuando el Gobierno nacional, y detrás de cada accionar se pone en juego la salud de cada ciudadano y un modelo de país en políticas sanitarias que planteaban a la equidad como eje principal. Detrás de todo este escenario, los más afectados son, como siempre, los que menos tienen.

[1]    El cierre del Programa Remediar. Fundación Soberanía Sanitaria. Febrero 2017.www.fundacionsoberaniasanitaria.org.ar

[2]    “García Larraburu manifestó su preocupación por el cierre del programa REMEDIAR”. Agencia Periodística Patagónica. 14 de Junio, 2017. www.appnoticias.com.ar/app/garcia-larraburu-manifesto-su-preocupacion-por-el-cierre-del-programa-remediar/

[3]    “La Nación sólo envía el 40% de los medicamento del progama CUS”. El territorio, Posadas, Misiones. 25 de Junio del 2017. www.elterritorio.com.ar

[4]    Disminuyen las pensiones, aumentan las barreras para el acceso de salud. Fundación Soberania Sanitaria. Informe FSS N°13. Www.fundacionsoberaniasanitaria.ogr.ar

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