Tocando fondo

por Esteban Pastoriza

 

El cambio de paradigma político que presenta la llegada de Cambiemos al Gobierno Nacional trae aparejadas cuestiones que refieren a  cómo entablar un programa económico conservador, la continuidad o eliminación de  programas sociales,  y hasta  la propia dimensión que debe tener el Estado según la visión neoliberal que propone Mauricio Macri para afrontar la realidad.

Podemos tomar una de las promesas de la campaña presidencial del 2015 donde  Macri aseguraba el 82% móvil para los jubilados y pensionados mediante una frase que se enmarcaba como un “compromiso asumido”.

Sin embargo, vemos que las decisiones políticas propuestas actualmente por el Gobierno Nacional difieren por completo de aquellos anuncios prometedores  y se presentan como ejemplos evidentes de un plan  para desestructurar y vaciar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y modificar el sistema previsional de jubilaciones y pensiones.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado en el 2008 en el mismo momento que se anunciaba el final de las AFJP, es un conjunto de activos financieros administrados por la ANSES. El Fondo tiene acciones de más de 40 empresas, que cotizan en bolsa, con un valor aproximado de 90.000 millones de pesos.

Los principales objetivos que se pretendían cumplir con el surgimiento de las inversiones del FGS tendían a promover el crecimiento económico, generar más empleos y evitar la especulación financiera; como así también servir de fuente de financiamiento para programas de seguridad social como Conectar Igualdad, Plan Progresar o Procrear, entre otros.

El giro hacia la derecha que propone el Gobierno actual con sus medidas de reducción y ajuste es incompatible con la lucha contra la desigualdad, pues  no hace otra cosa que profundizar la división social entre excluidos e incluidos del sistema.

Teniendo en cuenta las resoluciones que se efectuaron desde que asumió Emilo Basavilbaso a la dirección general de la ANSES, la gran mayoría de ellas han perjudicado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad encargado de administrar más de 56.000 millones de dólares de los jubilados.

En efecto, el Gobierno de Mauricio Macri en sintonía con su proyecto económico de mega endeudamiento y continua fuga de capitales al exterior,  está otorgando plata de los jubilados a bancos y empresas sin control alguno sobre el destino del dinero. En los últimos meses del año pasado, el Banco Santander Río, el Supervielle y el BBVA Banco Francés recibieron 200 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Estas transferencias de recursos públicos que se hicieron con la suscripción de Obligaciones Negociables (ON), un instrumento que tienen las empresas para financiarse, forma  parte del cambio de modelo económico implantado por el macrismo: mientras que, desde su creación, el FGS impulsó proyectos de matriz productiva, ahora vuelca recursos al sistema financiero.

Si bien  “la plata de los jubilados” es una creación mediática,  lo cierto es que el dinero de la ANSES tiene una función primordial que responde a la seguridad social y destacando de esta manera un concepto mucho más amplio, que en el caso argentino, responde a un esquema solidario. No es que cada jubilado cobra en función de lo que aportó en su vida, sino que los trabajadores actuales sostienen las jubilaciones. A partir de la estatización de las AFJP, el FGS funcionó como garante para sostener el sistema de jubilaciones y pensiones, pero con un criterio de inversión en proyectos productivos.

Si hacemos una comparación sobre la utilización del FGS bajo la administración del gobierno anterior y el actual, encontramos algunas claras diferencias entre los fines propuestos en cada uno de ellos. Pues, durante el Gobierno kirchnerista las suscripciones de ON más destacadas dan cuenta de inversiones en YPF, prestamos en la industria automotriz, proyectos de vivienda y turismo, con un único antecedente vinculado a un banco privado (Finansur) donde se aprobó la suscripción de 10 millones de pesos de ON.

En comparación con los 200 millones de pesos destinados a los bancos Santander Rio, BBVA Banco francés y Superville, significa que en un año de gestión  de Cambiemos, la ANSES le dio a los bancos 20 veces más dinero que en toda la administración anterior.

Este criterio de Cambiemos, de utilizar el FGS como otra herramienta que da movilidad a la llamada “bicicleta financiera”, ya tuvo consecuencias negativas para algunos de los funcionarios a cargo.  Luis María Blaquier, quien supo ser el responsable de las operaciones financieras del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, tuvo que dejar su lugar luego de ser denunciado por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Así lo determino una investigación a cargo de la Unidad Fiscal para Delitos a la Seguridad Social (UFISES), que demostró que  Blaquier en su rol de subdirector ejecutivo del FGS, había realizado negociaciones en beneficio propio o de terceros a quienes de alguna forma se encontraba vinculado, como el Grupo Clarín y la empresa Arcor.

De esta manera, el argumento que dio lugar a la investigación  y que establecía que se estaba “perturbando la imprescindible equidistancia que debe guardar el funcionario público en los contratos y operaciones en los que intervenga la administración”, confirmo que hubo una operación que consistió en la suscripción de Obligaciones Negociables de dichas empresas y que le costaron a la Anses 22 millones de dólares. Frente a esta situación, la UFISES inició una investigación preliminar a fin de determinar si se trataba de un nuevo caso de conflicto de interés que envolvía al Gobierno Nacional. El resultado, como ya anticipamos, fue alejarlo de la escena pública.

Como si fuera la continuación o  un nuevo capítulo, la semana pasada  se conoció  que la Unidad Fiscal para Delitos a la Seguridad Social ha denunciado al director ejecutivo de ANSES, Emilo Basavilbaso, por presuntas irregularidades en la compra de obligaciones negociables emitidas por Pampa Energia SA.

Se investiga si hubo delitos de fraude al Estado en operaciones realizadas con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que deberían ser destinados a seguridad social y que fueron utilizados para una suscripción de 15 millones de dólares emitidos por la empresa Pampa Energia SA, cuyos beneficiarios habrían sido los empresarios Marcos Mindlin, dueño de la empresa y Joseph Lewis, un actor con fuertes intereses en el área energética que pudo haber mejorado su posición con esta operación.

El Gobierno de Mauricio Macri no mide el impacto de sus errores políticos, solo busca efectuar programas económicos que resulten redituables a sus intereses privados y sin importar cuales fueron las promesas de campaña hace poco menos de dos años.

Los jubilados se encuentran completamente cautivos a las imposiciones de Cambiemos. Pues el Gobierno ya ha intentado modificar el cálculo de la movilidad jubilatoria que terminaba reduciendo el importe a cobrar, promulgó la “Ley de reparación histórica” que establece requisitos que funcionan como barreras o filtros de los solicitantes y proponen incrementos en jubilaciones que en su mayoría no superaron los 100 pesos.

Además, dicha legislación formaba parte de lo que se conoció como “ley ómnibus”, ya que se encontraba “atada” al blanqueo de capitales, cuyo sistema voluntario permite la revelación de activos no declarados en un momento crítico para el Gobierno nacional, justo cuando se descubrieron un sin fin de sociedades offshore  en paraísos fiscales y todas relacionadas con Mauricio Macri.

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