Brasil y el retorno a la esclavitud

Por Nahuel Peña

“Puedes construir en años, pero todo se destruye en un día” afirmó el, por entonces, alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana, Juan de los Santos (1970-2015), en la última entrevista previo a ser asesinado de cuatro balazos a sangre fría. Esta frase tan popularizada en diferentes ámbitos, sintetiza la historia de más de un siglo de avances en materia de derechos laborales alcanzados por el movimiento obrero brasileño, la cual ha sufrido un duro contragolpe del sector capitalista.

En el mes de junio del corriente año, se cumplieron 100 años desde la primera huelga general brasileña, dando inicio así a un siglo de lucha y grandes progresos para la clase trabajadora. La huelga fue iniciada en la fábrica textil Cotonificio en San Pablo, por alrededor de 400 trabajadores -en su mayoría mujeres-, en reclamo de aumentos salariales y la reducción de jornada laboral. La medida de fuerza se propagó rápidamente a los Estados de Rio de Janeiro y Porto Alegre, alcanzando un carácter “nacional”.

Recién para el año 1943, 26 años después de aquella primer huelga, los principales reclamos y demandas del movimiento obrero organizado se vieron institucionalizados bajo la Consolidación de Leyes Laborales (CLT), sancionada por el ex presidente Getulio Vargas. Esto estableció como principales conquistas garantizar la estabilidad del empleo después de diez años de servicio, la reglamentación del descanso semanal, del trabajo de menores, de la mujer, del trabajo nocturno y también la fijación de la jornada laboral en ocho horas de servicio.

La reforma laboral aprobada el 11 de julio del corriente año por la cámara de senadores de Brasil, con 50 votos a favor y 26 en contra, puso fin a décadas de conquistas por mejores condiciones de trabajo, aumento del poder adquisitivo de los salarios, e inclusión en el mercado laboral de sectores históricamente relegados. La misma fue impulsada por el Presidente de facto, Michel Temer quien asumió luego del golpe institucional contra la ahora ex presidente Dilma Roussef. Temer utilizó su muy acotado capital político para aprobar la nueva legislación, sancionada luego de numerosas modificaciones que no han alterado su esencia ideológica.

El proceso de debate legislativo de la reforma se dio en un marco de amplia conflictividad social y con tres paros generales por parte de las nueve centrales sindicales. El gobierno de Temer enfrentó, luego del lanzamiento de esta polémica ley, el primer paro general luego de más de 10 años sin huelgas de carácter nacional, ante una legislación que busca “mejorar la competitividad”.

Principales puntos de la reforma

La nueva legislación-que entrará en vigencia el mes de noviembre- tiene un claro objetivo: atacar al movimiento obrero organizado y el respaldo jurídico que la aún vigente ley otorga en los trabajadores.

Establece como puntos centrales:

  • La preeminencia de los acuerdos privados o por empresa, por sobre los convenios colectivos y las disposiciones legales, aún cuando estos determinen condiciones de mayor desventaja para los trabajadores.
  • La empresa podrá negociar condiciones de trabajo con una comisión no sindical de representantes de los trabajadores, con posibilidad de “mutuo acuerdo” sin validación sindical.
  • La contribución sindical pasará a ser voluntaria.
  • Ampliará la posibilidad de tercerizar tareas, incluso la principal de la empresa.
  • Posibilitará de una jornada laboral de 12 hs, flexibilizando a discreción de las necesidades de la empresa la misma y sin necesidad de acuerdo previo, siempre y cuando no exceda las 44 hs semanales.
  • Flexibilizará las condiciones de despido. El monto de las indemnizaciones no estará atado por el salario del trabajador y el preaviso baja de 30 a 15 días.
  • Se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. El empleador convocará al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo
  • La ley creará la figura del trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente.
  • Restringirá del acceso a la justicia laboral por parte del empleado, debiendo pagar los costos del juicio en el caso que lo pierda.
  • Se permitirá que las embarazadas trabajen en ambientesno del todo salubres.

Estas medidas, en un marco de aumento del desempleo y gran inestabilidad laboral, tendrán como consecuencia inmediata una incapacidad del trabajador de pelear por mejores condiciones laborales. La formación de un ejército industrial de reserva, es decir, de excedente de fuerza trabajo, generará un aumento de la precarización de las condiciones laborales institucionalizadas en el marco de la ley, al permitir acordar mutuamente por debajo de lo establecido en los convenios colectivos.

Representa un claro ataque al rol de los gremios como cuerpo representativo de los trabajadores, y los coloca como sujetos individuales en condiciones asimétricas, es decir, de gran disparidad de fuerzas. La ofensiva contra los gremios no es solamente de pérdida de derechos como órgano representante de los trabajadores, sino también en su financiamiento y en la pérdida de preeminencia en la elección de las comisiones internas dentro de los establecimientos laborales.

A nivel personal, según diversos especialistas en el campo de la salud laboral, podría generar una gran pérdida de equilibrio entre la vida privada y laboral, debido a que con la flexibilización de las jornadas se ve claramente alterado el normal desarrollo de la vida particular y familiar de los trabajadores.

Traerá también como  grave consecuencia la pérdida de estabilidad laboral, creando condiciones de mucha mayor facilidad para las patronales de despido; como la reducción del preaviso y la figura del trabajador sin vínculo laboral permanente.

Repercusiones en Argentina

Siendo Brasil la economía más importante de América Latina y principal socio comercial argentino, la reforma laboral que comenzará a regir en noviembre del corriente año en territorio brasileño, ha traído inmediatas repercusiones en Argentina y el resto de la región.

La misma no se produce de forma aislada, sino que es parte de una oleada global de reformas laborales en búsqueda de construir legislaciones supuestamente más atractivas para la búsqueda de inversiones. Se suma a las nuevas regulaciones que instituyeron Chile y Colombia, entre otros en la región, y también a la reforma de Alemania y la que actualmente se propone aprobar Francia.

El destacado experto y asesor de empresas Julián de Diego sostuvo que “La reforma laboral que comenzó a implementar Brasil va a provocar mayores desvíos de inversiones que podrían estar destinadas a la Argentina, porque los impuestos al trabajo son 30% menores (en Chile 50%); en el sueldo promedio estamos 30% arriba de Brasil y 40% de Chile, en valores en dólares; y en condiciones de trabajo Chile y Colombia vienen haciendo reformas laborales que aumentaron las ventajas con la Argentina. Con esta reforma Brasil introdujo flexibilizaciones enormes, mientras que hacerlas en la Argentina exige hoy pasar por acuerdos con los sindicatos muy fuertes“.

La visión de de Diego, también va acompañada de otro reconocido economista como Juan Luis Bour, asesor de la consultora FIEL, el cual afirma que “Argentina tiene que encarar las tres reformas: laboral, impositiva y previsional (…)” ,“está aumentando la brecha con una Argentina con legislación laboral muy atrasada, porque además de Chile, primero, y Brasil, ahora, también en la región se hicieron reformas, y vienen con años de políticas cambiarias flexibles, por eso estamos en desventaja con México, Perú, Colombia”.

Tal como se ve reflejado en la visión de dos de los principales asesores empresariales del país en los fragmentos citados, la burguesía argentina, en su mayoría la radicada en Argentina con capitales extranjeros, comienza a ejercer presiones sobre el gobierno liberal de Mauricio Macri para realizar una reforma laboral en el país.

El futuro de los derechos laborales en Argentina dependerá en gran parte del resultado de las elecciones legislativas de octubre a nivel nacional, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno de Cambiemos enviarían al Congreso luego de las elecciones un proyecto de profundas reformas jurídicas en torno al tema en cuestión, y también a nivel tributario. “Estos vienen en serio contra nosotros y contra los convenios colectivos”, adelantan en la CGT, donde admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre podrán dar la pelea en defensa de sus intereses. El futuro de los trabajadores estará en manos de las elecciones generales del corriente año y de la capacidad de unidad del movimiento obrero organizado en protección de sus derechos.

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