El trabajo: una cuestión en disputa

Cardarelli, Cristopher

Lic. en Ciencia Política (UNLaM)

Rosa, Solange

Lic. en Ciencia Política (UNLaM)

La informalidad laboral es una de las problemáticas más graves en lo que respecta al mercado laboral en Argentina, la misma se ha incorporado al lenguaje corriente y ha estado en el centro del debate siendo abordada desde diferentes tamices ideológicos.

Esta problemática no es una cuestión reciente, su génesis puede rastrearse en la década de 70 y se entiende en paralelo al periodo de corrosión del estado benefactor en el país, que se agravó con las reformas estructurales de la década del 90, profundizando los índices de informalidad laboral, asociándolo con precarización laboral, flexibilización laboral y empleo en negro.

De la “homogeneización” a la atomización del empleo

Para estudiar este fenómeno, es preciso atender cómo se produjo en el caso argentino la mutación del empleo   en los últimos años. La transformación a la que hacemos referencia, deviene de un proceso iniciado en los años 70’. donde paulatinamente comenzaron a gestarse una serie de cambios que llevaron a una profunda diversificación en el aspecto laboral centrado en el empleo formal.

En la década de 1970 se observa una sociedad con bajos niveles de desigualdad, bajos niveles de subocupación laboral, y dinámicos canales de movilidad ascendente (vía mercado laboral y educación pública). Esta serie de características consolida una creciente y extensa clase media integrada por un amplio sector proletario urbano de corte industrial. El marcado protagonismo del empleo formal configuró el diseño y la direccionalidad de los beneficios de la seguridad social ligados a este aspecto del mercado laboral (exceptuando la educación y la salud).

En el caso del sector informal, si bien no era alcanzado por los beneficios de los derechos sociales, no presentaba una posición de clara desventaja. Este se encontraba frente a un contexto de creciente aumento de las capas medias y dinamismo del mercado interno, con lo cual no se presentaba como un sector de “subsistencia”. En este sentido, se gestó un sector de cuentapropismo que tenían por características, estabilidad, ingresos medios-altos y productividad moderada. Hasta aquí, no se presentaban diferencias marcadas entre el sector formal y el sector informal respecto a los estándares de vida.

Sin embargo, la estabilidad y “paridad” en el aspecto laboral comenzó a mutar y consigo trajo aparejado el predominio de características tales como la vulnerabilidad, la precarización, el riesgo laboral, etc. Hacia finales de los 70’ se inicia un proceso, según Bayón[1], de “latinoamericanización” del aspecto laboral debido a la diversificación del mismo con la cual varios países de Latinoamérica contaban hace años. En los canales de movilidad ascendente se pueden observar mayores obstáculos acompañados de una creciente desigualdad y pobreza. Aquí se destaca el giro de 180º del Estado nacional respecto al modelo económico que ponderaba la sustitución de importaciones a través de un proceso de paulatina industrialización, comienza levemente a recorrer un camino de neoliberalización.

En la década del 80’, los puntos neurálgicos de los cambios generados en el mercado de trabajo impactaron en su estructura: la caída de la fuerza industrial, acompañada de un proceso marcado de precarización laboral, dinamitó los cimientos en los cuales se mantenía un nivel de desigualdad bajo y de integración social sostenido (Cuadro 1). Esto implicó la generación de empleo precarizado y de baja calidad. En este periodo se puede observar, no un fuerte aumento de la desocupación, sino del sector informal que tiene la capacidad de absorber buena parte de los empleos formales que comienzan a perderse[2]. Las transformaciones que se experimentaron en el sector informal no solo afectaron su tamaño, sino también su composición.

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El gobierno menemista trajo consigo una profundización en las tendencias negativas, de la mano de un cambio abrupto en las reglas de juego a través de un modelo económico agroexportador, la cual llevaba a un segundo plano al mercado interno. Esto se sumó a la plena inserción del modelo neoliberal reflejado en la reforma laboral: aumento de empleos temporales y empleos no registrados en el sistema de seguridad social.

En la década del 90’, la capacidad de absorción del sector informal no logró seguir sosteniendo una desocupación de un dígito, así el crecimiento del mismo comienza a ser incesante durante gran parte de la década (Cuadro 2). Frente a un proceso de desintegración social en términos laborales, con elevado nivel de incertidumbre laboral, se conformaron los movimientos de desocupados, como fiel reflejo de la situación de crisis que se vivía por aquellos tiempos y que terminó eclosionando en el año 2001.

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En conclusión, los años ‘80 se caracterizaron por un fuerte aumento del sector informal y la década de 1990 por un pronunciado aumento de la desocupación. Periodo en el cual se manifiesta un Estado que pierde terreno frente al mercado, con múltiples procesos transformadores como la desindustrialización, desregulación, tercerización laboral y una cantidad importante de procesos que llevaron al sujeto trabajador a una posición de fragilidad social. Post crisis del año 2001, específicamente en el año 2002, la Argentina se encontraba con 21,5% de desocupación (3.036.000 personas), 18,6% de subocupación (2.630.000 personas), 57,7% de la población por debajo de la línea de pobreza y el índice de Gini marcaba los niveles más elevados de desigualdad de los últimos 50 años, 0,53[3][4].

La mutación del empleo, respecto a los sectores que integran el plano laboral, fue un proceso gradual que llevo al sector del trabajo de una situación de fuerte homogeneización a una situación de plena atomización. Esta mutación, claro está, fue producida a costa del trabajador y su posición de estabilidad e integración social.

La recentralización del trabajo como herramienta de integración social

Los gobiernos de la postconvertibilidad generaron una trasformación en las modalidades de intervención del estado en la cuestión laboral, devolviéndole un lugar central al trabajo como ordenador social y como vector de integración.

Una batería de políticas económicas, laborales y sociales se dispusieron en forma de red para tratar de revertir los índices generados por las reformas neoliberales de los gobiernos precedentes. En este sentido existen dos cuestiones que resultan relevantes, la primera tiene que ver con los programas de formación de empleo que pretendían incorporar al mercado laboral a aquel sector social que había sido desplazado y que en gran parte dependía económicamente de los programas de asistencia Estatal[5].  Por otro lado, está el reconocimiento de la informalidad laboral como una cuestión problemática que urgía la intervención del Estado. Esto marcó un alejamiento de las concepciones clásicas sobre el trabajo informal, que veían en ella no una problemática estructural y compleja, sino el resultado natural de la intervención del Estado en el mercado laboral.

Desde el Ministerio de Trabajo se impulsaron una serie de medidas que buscaron reducir la informalidad, entre ellas podemos nombrar Plan Nacional de Regulación del Trabajo que reforzó la tarea de inspección laboral por parte del Estado (desmantelada en la década del 90), la simplificación de la inscripción de los trabajadores, los incentivos temporales para la contratación de nuevos trabajadores en las empresas pequeñas y medianas, entre otras. En línea con estas acciones, desde el Ministerios de Desarrollo Social se implementó el Monotributo Social puntualizado en los trabajadores independientes más precarios, que les permitió generar aportes jubilatorios y contar con cobertura social.

Este reconocimiento también se refleja en las características que adopto la política social durante este periodo, un claro indicador fue el retorno de la centralidad del Sistema de Seguridad Social, institucionalizado en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En este sentido, políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los Planes de Inclusión Previsional, daban muestra de una notoria inclusión de la problemática del empleo informal en la agenda de gobierno, buscando expandir la cobertura social, cuyo beneficiario histórico siempre fueron los empleados registrados, a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Durante los 12 años de gestión kirchnerista el empleo se instaló como una herramienta primordial en lo que respecta a la inclusión social y la lucha contra la desigualdad, entendiendo que la existencia y la calidad del mismo no solo tiene repercusión en los niveles de ingresos de cada familia, sino que impacta en la identidad de los sujetos y en la forma en que los mismos son integrados socialmente.

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El trabajador como variable de ajuste

Luego del triunfo electoral de la coalición Cambiemos, el posicionamiento del Estado respecto a la cuestión del empleo sufrió una serie de modificaciones, no solo a nivel discursivo, sino también en cristalizaciones concretas de políticas públicas. La falta de competitividad de los sectores productivos nacionales se posicionó dentro de la agenda y como su principal causa se apuntó a los costos laborales, que podría traducirse como “El trabajador argentino resulta demasiado caro”. Este fue el punto de partida para la propagación de un argumento falaz que coloca a los salarios, los derechos laborales y la intervención del Estado en el mercado de trabajo como los principales responsables de las dificultades productivas del país.

El gobierno tomó una serie de iniciativas que dejaron aún más desprotegidos a los sectores vulnerables, golpeados por las consecuencias de una devaluación superior al 60%, que impacto en los precios de los alimentos y deprecio los salarios, y que junto a la suba de las tarifas de servicios básicos erosionaron la calidad de vida de los trabajadores. Todo esto fue acompañado por despidos masivos en el sector privado, apañados por el Estado y por la inacción de los sindicatos.

En este contexto, el gobierno inició una cruzada hacia los trabajadores del sector público, que no solo sufrieron los despidos de sus puestos de trabajo sino también fueron estigmatizados públicamente como “ñoquis del estado”.

Las políticas represivas fueron otro pilar que la gestión Cambiemos utilizó en lo que va de su mandato. La represión en las manifestaciones de trabajadores da cuenta de la modalidad elegida desde el Estado para contener la conflictividad social, que ya no está asociada a políticas públicas de inclusión y generación de empleo, sino a la estigmatización, persecución y criminalización de la protesta social.

Comentarios finales

Como se observa a lo largo del artículo, a partir de los años ‘70 la estructura del mercado laboral sufrió una serie de transformaciones por las cuales el empleo formal, comenzó a erosionarse paulatinamente. Elcrecimiento del sector informal fue el puntapiéque originó el proceso de segmentación del trabajo. Comienza aquí, la pérdida de centralidad del empleo como eje integrador de la sociedad. A lo largo de este periodo, fue característico la constante pérdida de terreno del Estado frente al avance del Mercado donde la problemática de la informalidad es concebida de forma residual y en algunos casos entendida como una reacción del Mercado ante la presión fiscal del Estado. En este contexto, las políticas públicas impulsadas profundizaban aún más la segmentación laboral y propagaban la precarización del empleo en nombre de la productividad empresarial.

A partir del año 2003, esta tendencia comenzó a ser revertida de forma gradual, logrando cierta recuperación del sector formal y, sobre todo, caída de la desocupación. Se retoma la idea de trabajo como eje de la integración social, así como también se posiciona al trabajo registrado como núcleo de generación de empleo invirtiendo la tendencia de los gobiernos precedentes.

Actualmente, esta resignificación del empleo se encuentra cuestionada y en disputa. Las políticas de ajuste del actual gobierno pusieron en jaque al empleo, y dinamitando el decrecimiento sostenido de la desocupación de la última década. Puede observarse el regreso de tendencias que posicionan al ideal del mercado por sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. En definitiva, lo que se encuentra en disputa constantemente es la concepción propia del empleo entendida como un costo laboral o como un vector de integración social.

[1]Bayón, M. C. (2003). La erosión de las certezas previas: significados, percepciones e impactos del desempleo en la experiencia argentina. Perfiles Latinoamericanos. 22, 51-77.

[2] Aumento del cuentapropismo: en 1980 era del 18,5%, mientras que para 1989 ascendió a 25% (Datos en Bayón 2003)

[3] Datos obtenidos de EPH-INDEC y Banco Mundial.

[4] El coeficiente de Gini es utilizado para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, en una escala que va de 0 a 1, siendo 1 la situación de mayor desigualdad y 0 la de mayor igualdad.

[5]Como es el caso de los beneficiaron del Plan Jefas y Jefes para Hogares Desocupados que para el 2007 aproximadamente 700.000 beneficiarios del mismo habían conseguido empleo formal

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