Un besito no se le niega a nadie ¿O sí?

Por Gala Kreisler

Días atrás se desató la polémica por el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra una joven que aparentemente estaba fumando en un lugar donde no podía. El dato de color es que en el momento que fue detenida estaba besándose con su esposa ¿Casualidad o causalidad?

En lo que va del año, son numerosos los hechos que han tenido como protagonistas a agentes estatales y policías locales  que intentan reprimir las situaciones que pueden afectar “la moral y las buenas costumbres”. Se conoció el caso de una pareja de jóvenes increpadas por el personal policial en una plaza cordobesa, o el de una mujer trans que fue agredida por una policía y difundió el video por redes sociales. A esto se suman las escenas que se repiten en bares de las grandes ciudades, como el conocido restaurante La Viela, donde echaron a una pareja de lesbianas por su preferencia sexual.

En el hecho que tuvo lugar en Constitución, Rocío Girat y Mariana Gómez fueron víctimas del abuso policial, aparentemente por estar fumando un cigarrillo donde estaba prohibido. Sin embargo, un periodista de Crónica TV fue el jueves al mismo lugar donde la detuvieron a Mariana. Allí constató que no había ninguna señalización que indicara que está prohibido; y tras prender un cigarrillo tampoco fue detenido.

Mariana habría sido tratada de “pibe” por la policía. Pareciera que hay problema con las disidencias sexuales, los cuerpos y la sexualidad de mujeres que no son para el consumo o deseo masculino. En este entramado opera el patriarcado, imponiendo qué cuerpos pueden mostrarse o besarse y cuáles no, y evaluando la “moral” desde un parámetro machista y heterenormativo.

Rocío también declaró que al serle solicitados sus datos personales y manifestar que estaba casada, el personal policial masculino consignó que era soltera, al punto de tener que mostrar la libreta de matrimonio. Al dirigirse a la comisaría, a Belén le dijeron que era amiga de la detenida, por lo que no podía ver a Mariana. Como si no supieran que desde el año 2010 las personas del mismo sexo se pueden casa, como si con esa negación pudieran anular el vínculo que las une, más allá de los certificados.

No es la primera vez que las protagonistas sufren violencia institucional. Ambas son víctimas de abuso y violación, y ninguna de las dos pudo ver esposados a sus atacantes.

Rocío declaró que fue violada por un militar, señalando a la institución que jamás se encargó de la reparación ni dio respuestas. Mariana, su esposa, fue violada por su tutor,  que la violó durante 16 años.

Responsabilidad estatal

Días después del episodio, durante su programa televisivo Mirtha Legrand (la misma que preguntó a Laura Miller, víctima de violencia de género, “¿Vos qué hacías para que te pegara [tu marido]?”) la conductora preguntó al actual Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el caso de violencia policial. A esto, el dirigente PRO respondió “No vamos a permitir una policía que meta preso a alguien por estar besándose, eso no corresponde, aunque sean personas del mismo sexo (SIC)”. Una vez más, parece que la inclusión no está en la agenda del funcionario, quien desconoce su responsabilidad estatal de garantizar derechos sin distinción por orientación sexual.

Como señala Rita Segato en “La guerra contra las mujeres”, lo que se expresa en las violencias a «minorías» es el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales nos imponen a todos los que habitamos ese margen de la política. Son crímenes del patriarcado  moderno contra todo lo que lo desestabiliza, contra todo lo que parece conspirar y desafiar su control, contra todo lo que se desliza hacia fuera de su control con la que las mujeres desobedecen el mandato que sobre ellas se extiende.

Este hecho y otros casos de intolerancia evidencian la instalación de un discurso conservador, que busca anular todo aquello que se sitúe fuera de la heteronorma. Un discurso que no solo habilita sino que también fomenta estas conductas policiales autoritarias. Olvidan que la Argentina se encuentra suscripta a varios instrumentos jurídicos que establecen y garantizan los derechos de las mujeres, en los que queda claro al papel del Estado, entendiendo que pueden ser responsables por acción u omisión en varias formas de violencia contra la mujer.

Aquí se evidencia una doble responsabilidad del Estado, que implica abstenerse de realizar actos enmarcados en la violencia sexual, psicológica o física; y por otro lado, desarrollar políticas para prevenir, erradicar y sancionar tales hechos para que no vuelvan a repetirse.

Como señala Segato, el cuerpo en la calle presiona al Estado, presiona a quien se encuentre ocupando los despachos de las oficinas que administran los bienes de la nación. Cada vez son más los casos en donde la represión y el menoscabo de derechos humanos se convierte en política de Estado. En este contexto genera suspicacia el número elevado de efectivos policiales enviados a “cuidar” el 32ª Encuentro Nacional de Mujeres que se hará del 14 al 16 de octubre en Chaco, donde se darán cita más de 30 mil mujeres; mujeres que buscan hacer frente al patriarcado y generar nuevas formas de sociabilidad que no incluyan la violencia.

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