Meritocracia educativa

La Universidad para docentes y un nuevo avance de la democracia gerencial[1]

por Facundo Ariel Pajon*

somoscepoc@gmail.com

En las últimas semanas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado una curiosa encuesta a través la cuenta de la red social Twitter, de su Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta[2]. A través de ella, el mandatario, consultaba lo siguiente:

Facu 1

fuente: Twitter.com

Como puede observarse en la imagen, de los 241.570 “votantes”, el 77% respondió a favor del “SÍ” a la Universidad para Docentes. Pero… ¿Qué implica la creación de esta universidad? ¿Y, por otro lado, por qué el gobierno de la Ciudad hace utilización de las redes sociales para implementar políticas públicas[3]?

Es necesario comenzar a dilucidar estos interrogantes. Para ello, este artículo comienza contextualizando a la escuela secundaria y los nuevos públicos incorporados en diferentes momentos de la historia Argentina. Luego, continúa analizando el rol meritocrático de las universidades y la disyuntiva ante el término calidad educativa. Por último, reflexiona sobre el proceso de gamificación que ha sufrido la política nacional en los últimos años.

La escuela secundaria y la incorporación de nuevos públicos[4]

Si observamos la historia de la educación secundaria en Argentina, la incorporación de nuevos públicos puede identificarse, o dividirse, en tres períodos:

  • El primero, se observa durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1947-1952), como consecuencia de las reformas educativas y sociales introducidas por aquel gobierno.
  • El segundo, se manifiesta en el retorno de la democracia, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín (1983-1989), tras la revalorización de las instituciones públicas luego de seis años de dictadura cívico-militar.
  • Por último, cabe destacar la implementación de la Ley Federal de Educación durante el gobierno del Presidente Carlos Menem, la cual modificó sustancialmente el sistema educativo reglamentando por primera vez a través de una ley, el derecho a la educación garantizado por la Constitución Nacional desde 1853 (Repetto, 2013).

No obstante, en el año 2006 durante la Presidencia de Néstor Kirchner, se estableció un nuevo marco normativo: la Ley de Educación Nacional (LEN)[5], que reestructuró el sistema educativo a nivel nacional. Luego de la derogación de la Ley Federal de Educación[6] y la observación de la Ley de Transferencias[7] -mediante la Ley de Financiamiento Educativo[8]– el gobierno argentino amplió y reformó el sistema educativo. Por un lado, declarando obligatorio el nivel secundario en todo el territorio nacional; y por otro, avanzando en la legislación de los niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho (Duro, 2011).

En otras palabras, hasta el año 2006 en nuestro país la educación secundaria era “optativa”, y quienes accedían a dicho nivel educativo debían resolver por sus propios medios los inconvenientes que se les iban presentando. En cambio, tras la implementación de la LEN, son el Estado nacional y las provincias, quienes deben garantizarle al ciudadano: su acceso, permanencia y terminalidad (Tedesco, 2010).

Los estudios superiores, la universidad y la meritocracia.

Al ser la escuela secundaria un nivel educativo que se universalizó -recién-  en el año 2006, brinda claras cuentas de que la secundaria, fue diseñada e implementada para una élite social que podía acceder a este sistema. Es por ello, que su carácter institucional se inspira en tres procesos: el selectivo, expulsivo y meritocrático (Rivas, 2010).

Recopilando trabajos realizados por UNICEF en el año 2010, puede observarse que en Argentina 5 de cada diez jóvenes y adolescentes, no finalizan sus estudios secundarios. A través de políticas focalizadas de reingreso y finalización de los estudios, este número ha cambiado a 2 de 10 que no finalizan; pero el carácter expulsivo de la secundaria continúa siendo el mismo.

En este sentido, los estudios superiores (tanto terciarios como universitarios) reproducen los mismos procesos, haciendo extremadamente individualistas y meritocráticas las trayectorias educativas de los futuros profesionales. Esto mismo puede observarse según los datos relevados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque analizados desde otra perspectiva teórica (meritocrática y liberal). Según el mismo gobierno de la Ciudad la cantidad de egresados de los institutos terciarios ha disminuido, arrojando los siguientes datos:

Facu 2

Fuente: Infobae.com

El informe realizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad afirma lo siguiente:

Cada año que pasa se reciben menos docentes en la Ciudad de Buenos Aires. La caída es lenta pero paulatina. En 2007, se recibieron 3.451 docentes. En 2011, terminaron 2.607. En 2015, se registraron 300 graduaciones menos. La carrera, más allá de ser terciaria, les demora a los estudiantes un promedio de ocho años”. (Infobae, 22 de noviembre de 2017)

En suma, observamos que la lógica selectiva, meritocrática y expulsiva del nivel secundario continúa reproduciéndose en los niveles superiores. De esta manera, los profesionales que logran “sobrevivir” al proceso elitista del sistema educativo superior, son quienes se reciben y tienen la calidad profesional, que la educación “amerita”. El término de calidad, entonces, es definido como un proceso de esfuerzo, meritocracia y resistencia a un sistema expulsivo, que continúa en el ejercicio de la profesión y se contradice con la lógica universal del derecho a la educación.

Gamificación de la política, otro proceso de individualización y meritocracia.

Resta analizar lo que sucede con las encuestas en redes sociales para diseñar e implementar políticas públicas. En este sentido se observa que -al igual que sucede en el sistema educativo- la política está transitando por un proceso de gamificación[9]. Es decir, a través de herramientas interactivas y lúdicas, los gobiernos “consultan abiertamente a la ciudadanía” sobre su posicionamiento ante determinadas cuestiones problematizadas.

Este es un proceso que debería llevar más tiempo y párrafos de análisis, pero abre nuevos cuestionamientos a la ciencia política. En principio, ¿De qué modo interactúan los gobiernos con la ciudadanía? ¿Es real esa ciudadanía virtual? Por otra parte, ¿Cuál es la capacidad de accountability de los gobiernos ante propuestas que ellos mismos diseñan y consultan en redes sociales? ¿Quién controla la existencia real de esos votantes? ¿Y la voluntad del pueblo?

La crisis posmodernidad y la posverdad entran en su esplendor y juego máximo: ¿Serán las redes sociales las reemplazantes de las corporaciones y organizaciones sindicales?

*Lic. en Ciencia Política (UNLaM)

[1] Se considera necesario la utilización de este incipiente término, para comenzar a hablar de un nuevo subtipo de democracia en dónde los dirigentes políticos han sido desplazados por los gerentes de grandes compañías y multinacionales.

[2] No es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa una encuesta a través de las redes sociales para implementar una política pública que tome posición sobre cuestiones que suscitan su atención,

[3] Se adopta el concepto de política pública como: “un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores” (Oszlak y O’Donnell, 1976).

[4] Expresión de uso frecuente en la literatura para referirse a sectores sociales tradicionalmente excluidos (Jacinto y Terigi, 2007).

[5] Ley N° 26.206/06

[6] Ley N°24.195/93

[7] Ley N° 24.049 /91

[8] Ley Nº 26.075/05

[9] La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos.

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