Luciano, el barrio, la gorra, las balas

Por Eva Morales Guido y Juan Manuel Erazo

Cuando hay pobreza el derecho por más lindo que verse es papel picado y serpentina. Hoy en Argentina 5.6 millones de pibxs son pobres. Viven en villas, asentamientos, ranchos, barrios populares. Se atienden en hospitales cada vez más deteriorados, van a escuelas que a pesar de la voluntad de sus docentes se caen literalmente a pedazos. Más de un millón de ellxs trabajan antes de la mayoría de edad, cartoneando, cosiendo, cuidando personas, limpiando casas, changueando.

La vida les es dura, y la droga parece ser un aliciente, un falso desalienante. En el prólogo del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra el periodista y diputado santafesino Carlos Del Frade comenta la breve historia de un joven de 16 años del Gran Rosario que confiesa: “Voy a vivir hasta los 21 años. Nada más. Esto lo tengo claro. Mi vida pasa por un par de buenas llantas, tener cargada la tarjeta del celular y poco más”. En un clima adverso, el proyecto de vida escasea, la expectativa de seguir respirando también.

La droga está ahí, latente. Es siempre de la mala, la que mata lenta y sistemáticamente. Hay muerte por consumir droga, hay muerte por comprarla, hay muerte por vivir de ella. La corrupción es una copa invertida que se encubre por arriba y se descubre por abajo. El delito, las armas, el narcotráfico, podrán encontrar en la pobreza el caldo de cultivo, pero no son inherentes a ella. Cuando hay exclusión hay alguien arriba que evidentemente usa, titiritea y descarta. Son funcionarios públicos, mafiosos con casas en Nordelta, empresarios precarizadores, y claro está, su señoría: la policía.

Aquí entra la historia de Luciano, que es la historia de miles y miles de pibxs de barrios populares de todo el país. Quizá si hubiese nacido en otro lugar en el mundo, en otra clase, su historia de increíble valentía sería recordada por cientos de miles de argentinos y argentinas. Pero no, Luciano nació negro, pobre y villero, por eso murió, por eso aún no obtiene justicia su familia, por eso año tras años cientos de militantes tiene que hacer el esfuerzo de mantener en agenda su vida.

Para quienes aún no conocen el caso: Luciano Nahuel Arruga, matancero, desapareció el 31 de enero del 2009. Distintas pruebas demostraron que Luciano había pasado por la Comisaria 8va de Lomas del Mirador donde operaban los efectivos Néstor Díaz, Ariel Herrera, Martín Monte, Oscar Fecter, Daniel Alberto Vázquez, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz de la Policía Bonaerense. El joven había sido hostigado previamente por varios de estos efectivos. Incluso en mayo del 2015 se logró la condena a 10 años de prisión para Diego Torales quien había ejercido torturas sobre Luciano en septiembre del 2008. El motivo de tanta persecución: negarse a robar para una red delictiva manejada por policías. Decir NO. Sostener su dignidad.

Durante 5 años Luciano fue un detenido–desaparecido. En el medio se logró hacer del destacamento donde fue torturado un espacio para la memoria, todo gracias a lucha de su hermana Vanesa Orieta, su madre Mónica Alegre, sus otros familiares, sus amigos y distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales y de Derechos Humanos. Fueron años de marchas, festivales, amenazas, juicios, reuniones con las autoridades municipales y provinciales que no servían de mucho (a cargo de Fernando Espinoza y Daniel Scioli respectivamente).

El 17 de octubre de 2014, y según pericias oficiales, se pudo determinar que un cuerpo que había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, luego de un accidente automovilístico, era en verdad los restos de Luciano. Inmediatamente los medios masivos de (des)información se olvidaron del detenido-desaparecido y se ocuparon de cubrir solo al atropellado. Según ellxs, Luciano nunca había sido hostigado y torturado, el Estado nunca había decretado la inacción voluntaria sobre el caso; era todo un invento de militantes que querían culpar a la policía a como dé lugar.

Según testigos (incluido el mismo automovilista que lo embistió) cuando Luciano fue atropellado, cruzaba aturdido y descalzo la Av. General Paz a la altura de Emilio Castro. Detrás se veía un patrullero. El mismo patrullero que recluta pibxs para delinquir, el mismo que asegura las zonas liberadas para el narcotráfico, el mismo que coimea, el mismo del gatillo fácil, el mismo de la pobreza, el hambre, la desigualdad. Ese patrullero mató a Luciano, y sigue matando a miles de Lucianos más.

El recrudecimiento

A comienzos del 2017 el gobierno de Mauricio Macri impulsó la baja de edad de imputabilidad en un intento de reforma de la Ley Penal Juvenil, que había sido modificada en la última dictadura cívico-militar. La medida propuesta por el oficialismo se escudaba en un debate de tipo legislativo pero por detrás pretendía la criminalización de la pobreza y la persecución de miles de jóvenes pobres. Lxs pibxs se volvieron peligrosos, y más que peligrosos, criminales.

La creación del enemigo por parte de la opinión pública y los medios hegemónicos apuntan al pibe con gorra, zapatillas y ropa deportiva. Es el mismo plan que se emplea contra el pueblo mapuche tildándolo de terrorista para justificar la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel a manos del grupo Albatros de Prefectura. Las flechas siempre tienen que apuntar a algún actor, el aparato represivo entra en acción y el poder judicial tiene que ser cómplice.

La mayor demanda de seguridad por parte de la sociedad se convirtió en una preocupación política y social donde la respuesta del Estado en estos años del macrismo al mando del gobierno nacional fue la militarización de nuestras calles y barrios. Las fuerzas armadas (centralmente Gendarmería Nacional) incrementaron su rol de control social al servicio de un Estado que busca continuamente disciplinar. La vestimenta, la “junta” y en qué esquina se produce son los parámetros que el “olfato policial” utiliza para llevarlxs detenidos.

En la ciudad de La Plata, entre el año 2013 y 2014, el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires entrevistó a 600 jóvenes entre 14 y 24 años de sectores bajos y medios de la ciudad. El 28% había sido detenidx alguna vez por la policía, pero en aquellxs jóvenes que provenían de sectores bajos el porcentaje aumentó a 35%. El 46% de esxs jóvenes había sido demorado una sola vez, el 16% dos veces y el 38% más de dos veces.

El hostigamiento, el verdugeo, la persecución y las detenciones arbitrarias son parte del aparato que utiliza las fuerzas represivas del Estado para amedrentar; para afianzar su relación de poder con lxs pibxs, para demostrarnos quién manda. Un 11% de lxs pibxs que fueron detenidos recibieron golpes por parte de la policía, y en un 11% de los casos los agentes les pidieron dinero para ser liberados. El sesgo de clase es evidente, al que menos tiene hay que pegarle más. Porque para Cambiemos la pobreza es una condición inherente y no una desigualdad del esquema de la distribución de la riqueza.

La respuesta del oficialismo es la mano dura, el aumento de la presencia policial, el Protocolo Antipiquetes, la detención arbitraria, la criminalización de la protesta social y el amedrentamiento de miles de compañerxs en lucha, a los que se intenta acallar, mediante la persecución y el hostigamiento. En el 2017 en la provincia de Buenos Aires los presupuestos para Defensa y Seguridad Interior aumentaron un 74% respecto al año 2015 y CABA se convirtió en líder mundial en presencia policial en las calles: hay 1 policía cada 107 personas.

Mientras los despidos aumentan, la represión se vuelve cotidiana, el sueldo no alcanza y más compañerxs son detenidos; queda la calle, ahí donde la conflictividad social se pone en carne viva y se transforma en lucha todos los días.

 

 

 

 

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