Con los tanques en la calle

Por Pablo Martínez

El decreto no solo viola las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional, sino que pasa por encima de todo el Congreso Nacional en un tema sumamente delicado y complejo como lo es la seguridad de la Argentina. Pero no solamente estaría avasallando a las instituciones republicanas de nuestro país con una actitud poco institucionalista, sino que también denota un desinterés absoluto por parte de Cambiemos en el proceso de creación de consensos que atraviesan horizontalmente a la política nacional. Los consensos son para la gran mayoría de los cientistas sociales una condición indispensable para la concreción de un proyecto de país a largo plazo, como diría Bresser Pereira[1], es la “Institución Clave” para llevar adelante un proyecto con bases en el desarrollo.

La ruptura del consenso

Los consensos jamás han sido prósperos ni efectivos en la historia de nuestro país, ya que los intereses particulares de ciertos sectores se han sobrepuesto a los generales. Desde el tipo de política económica, agraria, social, e incluso en el último tiempo se han puesto en cuestión a la salud y la educación (consensos que defienden la publicidad y gratuidad de las mismas desde finales del S. XIX), pero jamás hubiéramos pensado que el gobierno nacional se empeñaría en romper uno de los pocos que se ha mantenido sin debatir, como es el rol de las FFAA.

Cuando Raúl Alfonsín accedió al poder en 1983 después de una de las dictaduras más crudas de nuestro país, el presidente radical se encontró frente a uno de las desafíos más complejos, como reubicar a las FFAA en la naciente democracia, luego de las aberraciones realizadas entre 1976-83. Tomando el ejemplo español del “Pacto de la Moncloa”[2] y mediante un acuerdo con el peronismo, Alfonsín firmó en 1988 la “Ley de Defensa Nacional”[3] que delegaba a las FFAA únicamente la tarea de encargarse de la Seguridad Exterior y control Fronterizo, ley que fue renovada durante el gobierno peronista de Carlos Menem que en 1991 firmó la “Ley de Seguridad Interior”[4] y posteriormente de la mano de Néstor Kirchner en 2006, con el decreto 927.

Estas normativas abogaron por que el rol de las FFAA se desplace definitivamente de la tarea del control interno de la seguridad del Estado,  rol que habían tenido desde la década del ‘30 y con una participación excesivamente activa desde 1955 y post “Doctrina de Seguridad Nacional”[5]. Sin embargo, ya desde principios del milenio comienza a vislumbrarse en el mundo un auge de la militarización de la seguridad interna de los países, en busca de “luchar” contra el terrorismo internacional y el narcotráfico, dos de las mayores problemáticas que afrontan la sociedad “globalizada” contemporánea.

En el caso de Argentina, la idea de la “guerra contra las drogas”[6] había quedado reservada desde los ‘80 en adelante al rol de la Policía Federal y las diversas policías provinciales. Sin embargo, ya para mediados de la primera década del nuevo siglo el gobierno nacional y los gobierno provinciales comenzaron a poner en tela de juicio la capacidad de estas fuerzas de seguridad para afrontar las problemáticas nacidas del funcionamiento mafioso de las redes de narcotráfico.

Podemos mencionar el intento por parte del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quién creó la llamada “policía bonaerense 2”[7], así como también propuestas hechas por el gobierno nacional como la imposición de la Gendarmería como fuerza interna de control y finalmente la creación de policías locales.

Todos estos intentos buscaban romper la lógica de funcionamiento descrita por Marcelo Saín[8], quien estipula que las redes de tráfico de drogas se articulan en modo de tríada: Gobierno – Fuerzas de Seguridad – Narcotraficantes. Los gobiernos, particularmente los locales, utilizan a las fuerzas de seguridad como vinculación con las redes de tráfico, exigiendo dinero u otros servicios, a cambio de seguridad y libertad para poder llevar adelante sus actividades.

Un ejemplo muy claro de ello es el caso del intendente por parte de Cambiemos de la ciudad de Paraná[9], Sergio Fausto Varisco, quien utilizaba a los narcotraficantes locales para obtener financiamiento para su campaña. Estos vínculos han generado una desconfianza generalizada de las fuerzas de seguridad, quienes en muchos casos han pasado a tomar control de esas mismas redes de narcotráfico. Se han hecho dueños y señores de diversas regiones, tomando actitudes mafiosas particularmente en los barrios más marginales.

Esta situación ha llevado a poner nuevamente en discusión la tarea de las FF.AA para el control de la Seguridad Interior, bajo la supuesta premisa de que son menos permisibles y menos permeables que las demás fuerzas de seguridad. Argumentos que habían sido sostenidos hasta el 2015 por sectores relacionados a la extrema derecha, pero que en el debate presidencial el candidato por 1 País, Sergio Massa, sostenía: “quiero una Ley de Seguridad ampliada, para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, puedan atacar y bloquear la frontera”. El ex intendente de Tigre de esta manera volvía a traer al mainstream de la política nacional la idea de militarizar el conflicto, según la idea de que traer a las FF.AA podría definitivamente terminar con el narcotráfico.

“La guerra contra las Drogas”

Buscando seguir el ejemplo del siglo pasado de Colombia, México o EEUU[10], el presidente Macri pretende traer a las FF.AA a participar activamente del enfrentamiento contra las mafias de las drogas. Una idea que ha sido abandonada o está siendo abandonada por gran parte del mundo, debido justamente a que su inserción solo ha producido un acrecentamiento de la violencia, una militarización y organización más violenta de los grupos encargados del narcotráfico y, por su puesto, enfrentamientos internos entre las FFAA y la policía, las FFAA y gendarmería y entre las mismas FFAA para el control del negocio.

Es por ello que prácticamente todos los países del mundo con altos índices de desarrollo y otros con vasta experiencia en lo que se refiere a sufrir víctimas del fuego cruzado en este enfrentamiento, han decidido tomar un rumbo diametralmente opuesto como es la legalización del cannabis como en Uruguay, Canadá, diversos estados en EEUU y algunos países de Europa. Incluso México ha propuesto nuevas legislaciones para retirar definitivamente las FF.AA del enfrentamiento y avanzar en una legislación mucho más permisiva.

En el caso de la Argentina, mientras la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defiende a rajatabla la detención y encarcelación de un “perejil” con tan solo tres plantas de marihuana, más de 22.000 personas se encuentran presas por la ley de estupefacientes 23737, siendo casi el 50% de los casos meramente por tenencia. En el caso de las mujeres ésta situación es extrema, siendo que 1 de cada 3[11] presas lo están por infringir la ley de estupefacientes (el 4,15% de la población penitenciaria nacional). Una situación sumamente preocupante si tomamos en cuenta que “las drogas” no son justamente una de las causas de muertes más importantes en nuestro país, ni tampoco nos enfrentamos a poblaciones de adicciones tan elevadas.

Las muertes relacionadas con sustancias ilícitas representan un minúsculo 0.76%, si tomamos en cuenta que el tabaco y el alcohol constituyen el 99.06% del total de las muertes relacionadas al consumo de drogas, siendo únicamente el 16.6% del total de las defunciones. Tampoco podemos pensar en una gran población atada a la adicción cuando en el 2014 (último año que se realizó el estudio por parte del SEDRONAR) solo el 11,8% de los jóvenes habían consumido marihuana, el 2% cocaína y el 0.8% paco o pasta base, frente a un 62.2% de consumidores de alcohol y el 22% de cigarrillo.[12]

Por lo tanto, el argumento de que la Argentina se encuentra frente a una crisis de inseguridad debido al exponencial consumo de estupefacientes, sufriendo una crisis de inseguridad debido a la violencia vinculada al narcotráfico es una falacia, ya que el país está lejos de ser un mercado a gran escala o de presentar organizaciones mafiosas con estructuras de poder parecidas a los carteles mexicanos o los grupos paramilitares de Colombia.

Sin embargo, el presidente de la nación ha establecido en su discurso en Campo de Mayo que por medio del artículo 5 de ese decreto se modifica el firmado en 2006, agregándole un artículo complementario (el 24 bis), para que las FF.AA serían utilizadas también para la protección de las llamadas “zonas estratégicas”, por lo que ha dejado más dudas que certezas en cuanto a que considera el gobierno nacional que es criterio suficiente para emplear a las FF.AA y que son las “zonas estratégicas”. Estableciendo claramente una amenaza a quienes puedan poner en riesgo sus proyecciones políticas.

Para pensar a futuro

Como conclusión, puede decirse que el proyecto macrista de poner los tanques nuevamente en la calle a patrullar palmo a palmo con el resto de las Fuerzas de Seguridad no solo es complejo, anti-republicano y anti-democrático, sino que también es sumamente peligroso si vemos el ejemplo de otros países. Pero principalmente es anticuado, ya que va contra la corriente en cuanto a políticas de seguridad se refiere.

Teniendo en cuenta la impunidad con la que se han manejado las Fuerzas de Seguridad en el gobierno de Cambiemos, tomando casos como el de Santiago Maldonado, Chocobar, Rafael Nahuel y otros cientos de casos de gatillo fácil, es difícil creer que la actual administración sea capaz no solo de controlar la situación, sino que, tomando en cuenta las experiencias de fines de 2017 y la represión a los movilizados, de no convertirse en represores y asesinos.

[1] Luiz Carlos Bresser-Pereira es un abogado, político, economista y cientista político brasileño. Quien en su libro “Globalización y Competencia” estableció los criterios generales para un proyecto de desarrollo nacional.

[2] Fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977, en donde todos los partidos españoles adoptaron ciertos criterios comunes de defensa de la democracia que debieran de respetarse, excluyendo del debate político post franquista a la extrema izquierda y derecha.

[3] Ley N° 23.554

[4] Ley Nº 24.059

[5] Ciertas acciones de política exterior de EEUU tendientes a que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos se dedicasen con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría, legitimando la toma del poder por parte de las fuerzas armadas y la violación sistemática de los derechos humanos.

[6] Es una iniciativa liderada por los Estados Unidos, iniciada por Richard Nixon en los ‘70, orientada a la persecución de la producción, comercio y consumo de ciertas sustancias psicoactivas, a las que se atribuye el estatus legal de drogas prohibidas, en tanto que drogas no medicinales.

[7] https://www.lanacion.com.ar/754006-la-buenos-aires-2-una-policia-incompleta

[8] Doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes e interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina. http://nuso.org/media/articles/downloads/3626_1.pdf

[9] https://www.pagina12.com.ar/120782-parana-la-conexion-narco

[10] https://www.nytimes.com/es/2018/01/03/la-guerra-fallida-contra-las-drogas/

[11] En el caso de las mujeres Trans la situación es aún más grave debido a que sus vínculos con la clandestinidad han llevado a que el 70% de las presidiarias estén encerradas por drogas.

[12] Todos los datos han sido extraídos de SEDRONAR y el Atlas de la Argentina editado por el Le Monde Diplomatique.

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