Una calesita que sigue girando: Del “Argentina Trabaja” al “Hacemos futuro”

Por Cynthia Ferrari Mango[i]

 

Giros y bisagra de gestión

Durante la gestión de Alicia Kirchner, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (en adelante MDSN) intentó fomentar una política social capaz de penetrar en los territorios cuya vulnerabilidad social primaba. La estrategia fue fomentar la participación de los actores locales y una visión trabajo céntrica con principios de la economía social, donde la figura que cobró mayor relevancia fue la “cooperativa de trabajo”. Con la nueva gestión, a cargo de Carolina Stanley, las piezas del tablero fueron cuestionadas y readaptadas, alejándose de una concepción de economía social y solidaria y acercándose a la economía tradicional, persiguiendo fortalecer el trabajo individual y el nivel de instrucción educativo.

En este sentido, podemos hablar de una bisagra en la cual por un lado están el Argentina Trabaja – Programa Ingreso social con Trabajo y el “Ellas hacen”. Por el otro, encontramos la unificación de estos dos programas en el “Hacemos Futuro”. A raíz de esto, surgen una serie de interrogantes: ¿Qué concepción de política social se promueve? ¿Qué ocurre con los beneficiarios / cooperativistas/ asalariados del Estado? ¿Cómo impactan los cambios en los entes ejecutores sean municipios, movimientos sociales u organizaciones sociales?

Sobrevivir al cambio, ¿el más apto?

El Argentina Trabaja – Programa Ingreso social con Trabajo (en adelante Prist- At) bajo la órbita del MDSN, se impulsó con principios de la economía social y solidaria. El mismo estaba inspirado en la cooperación, colaboración, solidaridad y principalmente priorizaba a las personas por sobre el espíritu de lucro capitalista. El objetivo central del programa era la creación de oportunidades de inclusión socio-laboral a través de la creación de puestos de trabajo, fomentando la organización cooperativa y el desarrollo de capacidades desde una perspectiva multidimensional e integral de derechos. La contraprestación consistía en realizar obras de infraestructura y tareas socio-comunitarias.

Luego de varios años de implementación, se identificó la existencia de un conjunto amplio de mujeres que no habían terminado sus estudios secundarios, que atravesaban situaciones de violencia de género y tenían más de tres hijos, o bien uno con capacidades especiales, y que se encontraban en situaciones socio-laborales y económicas vulnerables. Por ello, se incorpora a los lineamientos del Prist- At la línea programática “Ellas Hacen” con diferentes objetivos y estrategias de implementación, recuperando un enfoque de género de esta problemática. La contraprestación obligatoria era la terminalidad educativa y otras propuestas de capacitación que las habilitara a realizar mejoras barriales y mejorar su calidad de vida para que luego pudieran conformar cooperativas de acuerdo a las capacitaciones de oficio realizadas.

A principios del 2018, se unificaron el Prist – At y el programa “Ellas hacen” en el “Programa Hacemos Futuro”.  Su objetivo formal es empoderar a las personas promoviendo su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos de formación integral para potenciar sus posibilidades de inserción laboral. Es interesante ver que el objetivo del programa se enmarca en un contexto de contracción de la oferta de empleo formal, despidos en el sector público y privado, propuesta de reforma laboral y creciente flexibilización y empeoramiento de las condiciones laborales.

En este sentido, la reformulación de los programas busca que todos los beneficiarios cumplan con tres contraprestaciones: actualización de datos, terminalidad educativa y formación integral. La primera de ellas implica una serie de trámites que debe gestionarse el propio beneficiario, inmerso en un contexto de   confusión, falta de información y falta de acompañamiento que tiene como correlato un aislamiento del beneficiario y un desconocimiento de un otro que se encuentra en la misma situación, producto de la tendencia a la desintegración de las formas organizativas previas. En efecto, la contraprestación ha oscilado de realizar tareas de infraestructura y tareas socio comunitarias en espacios colectivos de trabajo a únicamente la formación educativa.

Además, la unificación del Argentina Trabaja y el Ellas Hacen en “Hacemos Futuro” permite vislumbrar antagonismos entre los supuestos y lineamientos de cada uno de ellos. Principalmente, cambios discursivos: cooperativista vs emprendedor, construcción colectiva y solidaria vs emprendedorismo, incentivo vs subsidio, entre otras. En una lectura rápida, los principios de cooperación, colaboración y solidaridad se pretenden reemplazar por el esfuerzo individual, la meritocracia y el emprendedorismo. La unificación supone desechar los esfuerzos realizados para instaurar la figura de cooperativistas, en una nueva propuesta de identificarlos como meros beneficiarios, eliminando todo requerimiento de trabajo conjunto y colectivo. A su vez, la cooperativa funcionaba como un recurso de acumulación política y en términos colectivos implicaba un sujeto político, un espacio de identificación y de acumulación de capital social que permitía traccionar una lucha. Su desintegración implica la pérdida de vinculación con las redes sociales y territoriales en torno a la comunidad local y la política local.

¿De los entes ejecutores a la eliminación de intermediarios?

A nivel territorial, para la implementación del Prist- At, representantes del MDSN primero firmaron convenios con Municipios, luego con movimientos sociales y finalmente, también se incluyeron a organizaciones sociales. Dichos actores se instituyeron como entes ejecutores en el territorio y tuvieron que readecuar sus capacidades para poder llevar a cabo la ardua tarea de implementar un programa donde los destinatarios son personas. La nueva propuesta supone la no existencia de intermediarios (a excepción de las instituciones capacitadoras) e incorpora la burocracia del ANSES para certificar la contraprestación del destinatario.

De este modo se generan tensiones y conflictos latentes entre el MDSN y los actores que funcionaban como entes ejecutores. Por un lado, entran en conflicto con los municipios que llevaban a cabo la implementación. Se destaca que el municipio es aquel que está en contacto directo con las necesidades de la sociedad local y conoce sus demandas y problemáticas, contando con la capacidad para identificar rápidamente quiénes son las personas que se encuentran excluidas del mercado laboral formal y debido a ello pueden incorporarse al programa.

Por otro lado, entran en conflicto con las organizaciones sociales o movimientos sociales que también constituían cooperativas bajo la órbita del programa. Una de las cuestiones que reclaman dichos actores es que ya existía el componente de formación y terminalidad educativa. A su vez, proponen que se desarrolle una vinculación áulica con tareas socio – comunitarias con la intención de no cerrar las obras que están llevando a cabo en los barrios (veredas, pinturas en salitas o escuelas, huertas, viveros y sobre todo comedores).

La postura gubernamental frente a los municipios y los movimientos sociales, es la de intentar fragmentarlos con esta nueva modalidad de implementación, que combate la capacidad de movilidad y organización de los cooperativistas, como así también los espacios colectivos que se habían construido. Que en la página oficial del programa se haga mención a que por participar del mismo los beneficiarios no deben ser obligados a asistir a movilizaciones, implica una interpretación de la nueva gestión de que anteriormente el cooperativista se movilizaba obligadamente, cuando cabe destacar que dichas movilizaciones, en la mayoría de los casos, implican una a defensa de lo ganado o bien una lucha y visibilización de la problemática que facilitara la conquista de nuevos espacios y derechos.

Los entes ejecutores eran espacios de gestión local atravesados por una construcción colectiva y de sociabilización entre la comunidad, la política local y la política nacional. Al dejar de existir los entes ejecutores, se prioriza una individualidad del beneficiario y se produce un efecto contrario a la articulación de redes sociales y territoriales, aglutinación, visibilización y colectivización. La calesita sigue girando cada vez más rápido y algunos logran sostenerse mientras que otros se caen.

[i] Docente e investigadora

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