Prohibido prohibir

Por Joaquín Palma Hernández[1]

Pocos días atrás se modificó una reglamentación clave en materia de Seguridad y Defensa Nacional. El Presidente Macri reemplazó por decreto la Reglamentación de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional que, si bien había sido aprobada en 1988, fue reglamentada recién en 2006.

El decreto original (Decreto 727/2006) establecía que “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s” donde “agresiones de origen externo” se entiende como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”.

Frente a esto, el nuevo decreto (683/2018) argumenta que “al momento de la determinación de los pormenores y detalles necesarios para la aplicación de la legislación existente, no resulta adecuado restringir las potencialidades para la Defensa Nacional”. Por esto reemplaza el artículo antes citado, planteando que “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la REPÚBLICA ARGENTINA; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa”.

En sí misma, la modificación no explicita el nuevo rol posible de las FFAA, pero implicaría una mayor articulación con las Fuerzas de Seguridad, tal como dejó ver el Presidente en su discurso de Campo de Mayo, donde planteó que “es importante que [Las Fuerzas Armadas] puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la frontera e interviniendo frente a eventos de carácter estratégico”. El tema en cuestión es la ambigüedad que este cambio agrega en la ya de por sí problemática división entre Seguridad y Defensa. Si bien algunas hipótesis podrían ser interesantes, como la participación de la Armada junto con Prefectura en la defensa de la riqueza ictícola, la cuestión más oscura la componen los escenarios que han venido planteando tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como políticos del arco opositor. Hablo concretamente de la “Guerra contra las Drogas”.

Antecedentes

Este planteo no es nuevo, tiene poco más de cien años, y se relaciona ampliamente con la política planteada por Estados Unidos (hacia adentro y en el ámbito internacional) sobre el uso de drogas. Cabe destacar que estas políticas contaban primero con un respaldo étnico, social, moral y político: los argumentos de seguridad y sanitarios vinieron después. La marihuana, por ejemplo, estaba ligada a los esclavos provenientes de Angola que habían ingresado semillas de cannabis. Tanto en Brasil como en Argentina, era utilizada por sectores marginales y esclavos, y considerada por lo tanto como “cosa de negros” por los sectores más acomodados. Este rechazo, originalmente “estético”, se movió a la esfera de lo ético y llevó a la formación del enfoque prohibicionista.

Uno de los antecedentes más importantes lo constituye la intervención estadounidense de las Islas Filipinas en 1898. Las Islas padecían de un muy elevado consumo de opio; y la “solución” consistió en erradicar los puntos de venta y fumaderos de opio “por resultar repugnantes para las costumbres y principios del gobierno norteamericano”. Cabe destacar que la sustancia se encontraba vinculada a los chinos, quienes no gozaban de buena reputación en el país del Norte. El intento de prohibir el opio, paradójicamente, aumentó su uso. Estas cuestiones convergieron en el surgimiento del esquema prohibicionista y en el diseño de políticas públicas marcadas por la estigmatización y persecución de los consumidores.

El otro gran precursor lo constituye la promulgación en 1919, en Estados Unidos, de la “Ley Seca” o “Volstead Act”, la cual se centraba en la prohibición del alcohol. Esto fue promovido por el movimiento “De la Templanza”, que predicaba la abstención del alcohol y otras sustancias que afecten al “dominio propio”. Es fácil notar el argumento ético y moral, impulsado por militantes protestantes y conservadores, por sobre cuestiones de salud. Dicha ley prohibía la producción, distribución y ventas de bebidas alcohólicas, desplazando industrias y comercios legales y legítimos hacia bandas criminales. El historiador Richard Davenport considera que “la prohibición del alcohol hizo de los norteamericanos una nación de infractores con consecuencias tan evidentemente desastrosas que fue revocada en 1933. Para las organizaciones criminales, la prohibición de las drogas fue un regalo de los dioses”.

El último antecedente importante lo constituye, en 1988, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que fortaleció la propuesta represiva. En nuestro país se plasmó en la Ley de Drogas N° 23.373, siendo incluso más restrictiva que lo sugerido por las normas internacionales. Sin embargo, a pesar de no haber sido modificada, se sentó un antecedente importante a partir del “Fallo Arriola” de 2009, donde se determinó que la tenencia de drogas para uso personal no se debe sancionar penalmente, ya que iría contra las garantías constitucionales.

Un poco de economía

Este tipo de políticas terminó de tomar cuerpo en un momento en el que primaba en el pensamiento económico la llamada “Economía de la Oferta”, la cual plantea que, para determinar la producción y el ingreso, es la oferta quien va a condicionar a la demanda. Por lo tanto, cualquier política destinada a promover o erradicar un mercado debía concentrarse en aumentar o disminuir la oferta, respectivamente.

Por esto, la hipótesis inicial de la “guerra contra las drogas” era que persiguiendo la oferta y haciendo disminuir con esto la cantidad de sustancia en la calle, el precio aumentaría. Entonces, el consumidor no estaría dispuesto a pagarlo, desalentando así la producción y venta. Este planteo no tuvo en cuenta un problema fundamental, ya que la cuestión de Salud quedó de lado, ignorando patrones de consumo abusivo o adictivo. En términos económicos, podríamos decir que ciertas sustancias presentan una demanda inelástica al alza, lo que significa que muchos consumidores seguirán comprando a pesar del aumento de precios. Esto genera un mercado cautivo, que al aumentar los precios pero no reducirse la demanda, termina causando a largo plazo un estímulo de la producción que reduce el precio, el efecto contrario al deseado. Además, es un negocio de alta rentabilidad, debido a que el proceso de producción es muy barato y los altos riesgos que acarrean la producción y distribución hacer aumentar enormemente el precio.

Por ejemplo, a comienzos de los ‘80, un gramo de cocaína valía USD 800 mientras que en 2013 valía menos de USD 100. Lo mismo con el resto de las drogas ilegales, las cuales se volvieron cada vez más baratas y accesibles desde que se declarara la “Guerra”, lo que lleva a cuestionar seriamente su efectividad.

La predicción de Nancy

“Si no podemos detener la demanda de drogas en Estados Unidos, habrá pocas esperanzas de evitar que los productores extranjeros satisfagan esa demanda. No lograremos nada si demandamos una carga de responsabilidad mayor en los gobiernos extranjeros que en los alguaciles, jueces y legisladores estadounidenses. El cartel de la cocaína no comienza en Medellín, Colombia. Comienza en las calles de Nueva York, Miami, Los Ángeles y en cada una de las ciudades estadounidenses donde se vende y compra crack” decía en 1988 Nancy Reagan, esposa del entonces Presidente de los Estados Unidos. Esto constituyó una fuerte crítica a las ya mencionadas políticas en dicho país.

A pesar de sus políticas activas, Estados Unidos presenta una de las tasas más altas de abuso de drogas del mundo; y es uno de los principales consumidores e importadores por más que posee una de las fronteras más vigiladas. Sus políticas de “tolerancia cero” llevaron a un fuerte endurecimiento de las acciones penales, disparando las tasas de encarcelamiento por delitos de drogas de 19.000 en 1980 a 208.000 en 2014, donde miles de jóvenes adictos terminan aprendiendo a convertirse en delincuentes y afectando especialmente a la población afrodescendiente. Además, en 2016 murieron de sobredosis unas 64.000 personas, casi la misma cantidad de bajas conjuntas sufridas por ese país en Vietnam, Afganistán e Irak.

El caso mexicano es un paradigma que deberíamos tener en cuenta para pensar nuestra situación actual. Comenzó en 2006 por orden del entonces presidente Felipe Calderón y lleva más de 235.000 muertos y desaparecidos, entre delincuentes vinculados al narcotráfico, policías, militares y civiles. Esta hipótesis de conflicto llevó a una escalada de violencia, delincuencia y violaciones a los Derechos Humanos, a la que se sumó un importante desprestigio de las Fuerzas Armadas.

Colombia también es un caso a destacar. El “Plan Colombia” surgió en 1999 como una cooperación entre dicho país y los Estados Unidos para solucionar el problema del narcotráfico, que se tradujo, por ejemplo, en aspersiones de glifosato en la selva colombiana y se combinó con un aumento de la violencia terminando en desplazamiento de comunidades y daños a la salud. La consecuencia más importante fue el traslado de los centros de operaciones a terceros países como México o Venezuela, no consiguiendo eliminar el narcotráfico. Además, si bien se consiguió reducir la violencia, aumentó la producción de cocaína en un 15% y consiguió sus objetivos no sólo a través el uso de la fuerza, sino mediante proyectos de inversión social y negociaciones para desmovilizar grupos armados.

Es necesario tener en cuenta todos estos antecedentes al momento de dar el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Las alternativas represivas y punitivas no dieron los resultados esperados, sino que profundizaron el problema. Sin embargo, existen otras soluciones, ya probadas y con muy buenos resultados, que implican una perspectiva de Salud, Desarrollo y Derechos Humanos.

Fuentes:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116997/norma.htm

 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/188532/20180724

https://elgatoylacaja.com.ar/sobredrogas/

https://elpais.com/internacional/2016/08/18/actualidad/1471550483_672073.html

https://www.lanacion.com.ar/2155544-macri-anuncio-el-plan-de-reforma-de-las-ffaa-es-importante-que-puedan-colaborar-con-la-seguridad-interior

https://www.proceso.com.mx/290774

https://www.nytimes.com/es/2018/01/03/la-guerra-fallida-contra-las-drogas/

https://www.nytimes.com/es/2017/09/27/como-ganar-la-guerra-contra-las-drogas/

https://www.nytimes.com/es/2017/09/27/como-ganar-la-guerra-contra-las-drogas/

http://revistazoom.com.ar/ambiguedad-peligrosa/

[1] Estudiante de Licenciatura en Economía UNLaM

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