La nueva misión de las Fuerzas Armadas, bajo el “gobierno del cambio”

Por Florencia Portella[1]

El Presidente resolvió, tal como ya lo venía anunciando incluso desde su  campaña en 2015[2], poner en marcha un plan de reconversión del sistema de defensa y en dicho marco impulsó por decreto un profundo cambio en la política militar.

Se trata de una modificación del “decreto kirchnerista”, tal como lo titularon algunos medios gráficos, que abre una puerta y desanda un camino que se creía ya clausurado, en tanto se centra en una discusión sabiamente cerrada tras aquel famoso consenso interpartidario de 1988. Un consenso fundacional de la democracia argentina que se vio plasmado en varias leyes que constituían una de las poquísimas políticas de Estado que nuestra democracia ha podido y sabido mantener en el tiempo, modificando así el principio de demarcación entre los temas propios y característicos de la Defensa Nacional y aquellos exclusivos de la Seguridad Interior.

De modo que por decreto, y luego de trascurrido 30 años, “el gobierno del cambio” rompe el consenso democrático y al hacerlo cambia futuro por pasado. Nunca mejor dicho.

El Decreto Nº 683/2018, publicado en el Boletín Oficial el 24 de julio de 2018, deroga el Decreto 1691/06[3], e introduce modificaciones en 4 artículos –1, 3, 23 y 24– del Decreto Nº 727/06, el cual fue efectivamente sancionado durante la gestión ministerial de Nilda Garre en el año 2006 y estaba fundado en la esencia de la Ley de Defensa Nacional.

Entre los cambios sustanciales que propone el Decreto Nº 683 se destaca por un lado el hecho de que la denominada “agresión externa” deja de estar supeditada sólo a la agresión de un Estado. De modo que, a partir de ahora, independientemente de quien sea el agresor, dicha amenaza va a ser contemplada como una agresión contra la soberanía, integridad territorial e independencia política del país. Y por otro lado, se habilita la participación de los militares en tareas que les estaban vedadas por considerarlas como propias del ámbito de la seguridad pública. Es decir, se le asigna a las Fuerzas Armadas como parte de sus nuevas misiones la de proteger los intereses estratégicos, tales como las represas hidroeléctricas[4]; brindar apoyo logístico en las zonas de frontera y un largo etcétera tan amplio y vago como decir que se utilizará el instrumento militar para combatir a las nuevas amenazas.

Mientras que el decreto modifica la misión de las Fuerzas Armadas y las habilita para participar en tareas para las que no han sido preparadas, entrenadas, capacitadas y para las cuales no están equipadas, no modifica la totalidad de la estructura de defensa, dado que no entra en aspectos fundamentales y no propone una reestructuración ni una modernización de la institución militar de manera integral. Es decir, un cambio a medias.

La gravedad que reviste en sí mismo el decreto está dada no solo por el hecho de tratarse de una disposición del Poder Ejecutivo que se llevó adelante sin el más mínimo debate dejando por fuera al Congreso, al sistema político y a la opinión pública en general. Sino también, porque el mismo se da en un contexto normativo sumamente confuso, doblemente confuso. Por un lado, lo que propone el decreto bien podría ser leído como “ilegal”, en tanto contraviene la letra y el espíritu de la Ley 23.554 de Defensa Nacional y la Ley 24.059 de Seguridad Interior, las cuales establecen de forma inequívoca los objetos a los que están enfocados cada uno de los respectivos sistemas. Mientras que por el otro lado, se abre un gran interrogante en torno a si las Fuerzas Armadas van a quedar o no bajo las instrucciones de Gendarmería, por ejemplo.

Ahora bien, la pregunta que se desprende es: ¿por qué el aparato de seguridad tiende a sobredimensionarse al punto de involucrar a las Fuerzas Armadas siendo que éstas no están preparadas para abordar temas de seguridad? Y si bien, no hay una única ni acabada respuesta, bien pueden ensayarse algunas aproximaciones.

La primera está vinculada con cuestiones de orden interno y de alguna manera pone en evidencia la manera en que la agenda de seguridad pública va ejerciendo presión e influencia sobre las cuestiones de defensa. La misma se desprende de un hecho cierto y real: la problemática de la seguridad pública que hay en la Argentina. Aun cuando estamos muy lejos de realidades como las de México, Colombia o Brasil, con severos problemas vinculados al crimen organizado, la delincuencia trasnacional, etc., la consecuente percepción de inseguridad por parte de la población conlleva una demanda por más seguridad. Esta realidad hace que la clase dirigente vea en la defensa en general, y en el instrumento militar en particular, una potencial solución a dicha problemática.

Y la segunda de las respuestas está relacionada con factores externos. De hecho, Mauricio Macri en sus anuncios del pasado 23 de julio en Campo de Mayo lo dijo explícitamente: “…es clave que puedan apoyar nuestra política exterior; contribuyendo a nuestra integración al mundo…”. De modo que, atento a continuar desarrollando una estrategia de inserción internacional orientada a que la Argentina “vuelva al mundo”, el gobierno del cambio ha privilegiado un nuevo alineamiento –uno más– con la agenda de los Estados Unidos, y esta vez en materia de seguridad internacional. La decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es casual ni azarosa, sino que responde a la decisión política de ubicar a la Argentina bajo la doctrina de las nuevas amenazas. Una doctrina ampliamente extendida a nivel mundial por los Estados Unidos y a nivel regional por el Comando Sur; fuertemente orientada a comprometer a la Argentina con la estrategia global de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Todo esto, en el marco de un año signado por los acontecimientos del G20 y frente a la necesidad de tener que dar respuestas claras que den cuenta que en términos de geopolítica el país se ubica bajo los lineamientos establecidos en el norte.

Todo este cambio orientado a reconvertir el sistema de defensa, o mejor dicho, a “emparcharlo”, se da en un contexto regional plagado de experiencias que demuestran el rotundo fracaso que conlleva el involucramiento de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, y la forma en que el mismo ha ido en detrimento de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. De esto último el pueblo argentino sabe demasiado como para siquiera pensar en la posibilidad de tener a las Fuerzas Armadas espiando, vigilando y apuntando fronteras adentro.

 

[1] Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se encuentra transitando las instancias finales de un Master en Integración y Cooperación Internacional. Tema de tesis: “La política de cooperación en Defensa de la Argentina hacia la región, principalmente Brasil y Chile entre 2008 y 2017”.

[2] En la plataforma electoral de Cambiemos y, bajo el subtítulo de “Relaciones Internacionales y Defensa”, se afirmaba: “Tanto para la defensa de su integridad territorial como para su aporte como herramienta de relaciones exteriores, Argentina deberá encarar una progresiva modernización de su sistema de defensa y fuerzas armadas, teniendo en cuenta fundamentalmente las nuevas amenazas del crimen organizado transnacional, los ciberataques, el terrorismo internacional y los intereses estratégicos del país (incluyendo los recursos del Mar Argentino). A partir del diálogo con todos los sectores involucrados, Argentina necesita una política de Estado en materia de defensa, debidamente sometida a la aprobación del Congreso y al control público” (Plataforma electoral, 2015).

[3] El Decreto Nº1691 “Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, sancionado en el 2006, exponía los parámetros y criterios para la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

[4] Habrá que esperar a que los respectivos ministros de Defensa y Seguridad confeccionen la nómina que liste aquellos intereses estratégicos que requieran la de la protección de las Fuerzas Armadas

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