Más allá de la Prohibición

Por Joaquín Palma Hernández

 

Argentina en perspectiva

Según el último Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas, emitido en 2016 por la SEDRONAR, la situación regional es heterogénea pero preocupante: nos encontramos entre los países con consumo más elevado de alcohol y tabaco. Con respecto al alcohol, las tasas más altas las posee Colombia con un 20%, justo por delante de Argentina, que ostenta un 10%. Además, estamos por detrás de Chile y junto con Uruguay en consumo de tabaco, con una tasa del 34%. Por suerte, se observa en todos los países de la región una tendencia a la baja en el consumo de esta sustancia.

Sobre el consumo de marihuana, se observa un aumento en la región en la última década, si bien se ha estancado a niveles bajos. Por último, en consumo de cocaína los tres países con mayores tasas de consumo son Uruguay, Estados Unidos y Canadá. Argentina se encuentra en el quinto lugar. Con respecto a esta sustancia, es importante remarcar que el consumo se concentra casi en forma exclusiva en una franja de edad entre los 18 y los 34 años.

Vale la pena ver que a nivel país las sustancias que prevalecen entre la población de 12 a 65 años son aquellas de uso legal: alcohol 70% y tabaco 47,3%. Les siguen la marihuana (8,1%), los tranquilizantes sin prescripción (3,1%) y la cocaína (2,6%).

Poniendo el foco en las sustancias ilícitas, la marihuana lidera el consumo, especialmente entre los 18 a 34 años y en las regiones Patagonia y Metropolitana. El consumo es sobre todo ocasional (54,7%) y frecuente (37,7%). El consumo de cocaína se concentra entre los 18 a 24 años, en las mismas regiones que la marihuana. La SEDRONAR destaca la baja incidencia del Paco pero remarca la severidad del daño que produce, sobre todo en las capas más vulnerables de la población.

Enfoque alternativo

La gran debilidad del prohibicionismo reside en que criminaliza a los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo y no contempla la problemática como una cuestión de Salud Pública. Entonces, cualquier alternativa coherente debería basarse en un principio de proporcionalidad de la Ley (persiguiendo al crimen organizado, al lavado de dinero y a la venta ilegal) a la vez que aborda al minorista como un trabajador informal a quien acercar oportunidades de trabajo legal. Por último, debe  buscar como cuestión clave reducir los riesgos para el usuario, dejando de criminalizar y estigmatizar el consumo y brindando una ayuda para quienes presenten patrones abusivos o de adicción.

Durante la década del ’80 surgieron una serie de críticas a planteos poco realistas, como la total abstinencia. Este concepto dejaba a los adictos fuera de los programas de rehabilitación a la vez que se sumaba como problema la reciente epidemia de VIH/SIDA entre usuarios de heroína y otras drogas inyectables.

Algunos países de Europa comenzaron a disponer de salas de consumo supervisadas por profesionales de la salud, donde los usuarios llevaban su heroína y se les proveía de jeringas y agujas estériles. Esto contribuyó tanto a prevenir la sobredosis como la transmisión de enfermedades infecciosas vía uso compartido de jeringas. Otro hito en este campo fue el tratamiento del consumo problemático de heroína vía suministro controlado de metadona (otro opioide que reemplaza a la heroína), sustancia que posee una tasa bajísima en tratamientos que se centran exclusivamente en la abstinencia.

Uno de los países que llevo más a fondo y con mayor éxito este modelo fue Portugal, que en 2001 despenalizó el uso de drogas. Los traficantes, en cambio, sí son encarcelados y la compra o tenencia de dosis pequeñas es una falta administrativa y no un delito penal. Con respecto a la heroína, por ejemplo, el reparto de jeringas y de dosis de metadona (sustituto menos nocivo), acompañados de un seguimiento de los usuarios, permitieron a Portugal reducir en un 75% el consumo (de 100.000 a 25.000 consumidores) y hacer caer las muertes por sobredosis en un 85%. El dato más sorprendente es la reducción de consumidores con VIH/SIDA: pasaron de 1591 en al año 2000 a menos de 50 en 2015. Otro punto  destacable es que, a largo plazo, la política portuguesa resultó mucho más barata que el encarcelamiento que practica Estados Unidos: el gobierno del país europeo invierte en su política menos de diez dólares por ciudadano al año. Como contracara, Estados Unidos invierte diez mil dólares por familia al año en reclusiones relacionadas con sustancias ilegales donde la cantidad de detenidos por tenencia es cuatro veces mayor a la de detenidos por venta y donde los adultos negros tienen cuatro veces más posibilidad que los blancos de ser detenidos por tenencia de marihuana a pesar de que las tasas de consumo son iguales.

En la región, resulta interesante el caso de Uruguay y su esquema particular en el manejo del cannabis. El consumo está legalizado y su producción y distribución se realiza bajo un estricto control del Estado. Esto permite calcular con precisión la información sobre el mercado de la sustancia, que la Junta Nacional de Drogas emite en forma periódica para evaluar su impacto. Esta política trajo dos grandes beneficios: por un lado, consiguió desplazar del mercado al crimen organizado, que ya no se interesa por el tráfico y venta de cannabis, y por otro convirtió al país en productor de cannabis medicinal, potenciando las vías de investigación científica relacionadas con él. Lo mejor de esta política radica en la posibilidad de obtener datos certeros sobre producción y consumo, a la vez que se puede controlar con rigurosidad qué sustancias contiene el producto, así como ocurre con el alcohol y el tabaco.

Sin embargo, la política recibe críticas por darse un aumento en la tasa de consumo. Si bien es verdad que ha aumentado, esto acompaña a una tendencia que es previa a la legalización y no existe evidencia suficiente que lo relacione con dicha Ley. Lo criticable, quizás, es el ambiente más permisivo que genera sobre el consumo de sustancias, lo que podría llevar a un aumento del consumo abusivo. Además, no es una política conveniente en el caso de sustancias con mayor potencial adictivo o que generen daños importantes al organismo.

Por último, vale la pena ver cómo políticas de desarrollo local contribuyeron a una mejora en la calidad de vida de los menos favorecidos que quizás puedan ayudarnos a mitigar las consecuencias de sustancias asociadas a la marginalidad.

En Colombia, en 1976, se fundó el Cartel de Medellín, que en treinta años convirtió a la ciudad en una de las más violentas de Latinoamérica. Gran parte de las víctimas eran jóvenes de entre 17 y 25 años y la ciudad poseía una importante segregación social y muy alta desigualdad en los ingresos. En 2004 asumió en la alcaldía de Medellín el matemático Sergio Fajardo, con la propuesta de reducir los niveles de violencia y convertirlos en oportunidades sociales, buscando reducir la probabilidad de que se busque en la ilegalidad una alternativa de vida. Por un lado, sus medidas se orientaron a renovar las fuerzas de seguridad: dotó a la la policía de mejor equipamiento, la capacitó en Derechos Humanos y reforzó el sistema judicial. Además, llevó adelante un plan revolucionario para reducir la desigualdad: bajo el lema “Lo más bello para los más humildes” buscó integrar al casco urbano las regiones de mayor marginalidad y violencia, mediante la construcción de parques, bibliotecas y escuelas, sumando a obras de infraestructura como alumbrado y asfaltado otros emprendimientos de corte cultural, libres y accesibles.

Medellín pasó de 98 homicidios cada 100.000 habitantes en 2003 a 33 en 2007 y la reincidencia en las cárceles bajó del 33% al 9,5%. Además, la pobreza se redujo de 49,7% en 2002 a 38,4% en 2009. Se construyeron 29 colegios y se remodelaron otros 108. Se becaron 17.000 jóvenes de bajos recursos para que ingresen a la educación superior y otros 23.000 en las mismas condiciones económicas se graduaron en carreras técnicas.

Este tipo de políticas puede guiarnos para la inclusión de los más excluidos que presenten problemas con el paco, también conocido como Pasta Base de Cocaína, sustancia que nace en Perú en los años ‘70 y que tiene a Argentina como país con el mayor consumo de la región. Esta sustancia se produce en pequeña escala, en “cocinas” ubicadas frecuentemente en las zonas más postergadas. El paco produce daños importantes al cuerpo como hipertensión, convulsiones, infartos, fallas renales y puede estar asociado al contagio de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo el mayor daño que produce es cerebral, dificultando la abstracción, la organización y la capacidad de análisis y síntesis. Con un consumo prolongado afecta a la corteza prefrontal y predispone al consumidor a una conducta desconfiada y agresiva, asociada a veces con hechos de delincuencia.

Estos problemas llevan a una estigmatización del usuario, que es falsamente considerado como irrecuperable, y no contribuye a su recuperación e inserción.

A la luz de la evidencia, se hace necesario desarrollar políticas orientadas desde la Salud y los Derechos Humanos, con el foco en consumidores y vendedores minoristas, donde el Estado tome un rol protector antes que punitivo. Esto nos permitiría comprender los problemas asociados a ciertas sustancias, utilizar su potencial científico y médico y prevenir el consumo abusivo y adictivo.

Fuentes:

https://www.ircca.gub.uy/wp-content/uploads/2018/05/InformeMercadoReguladoCannabis-05abr2018.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional-reduccion-demanda-drogas.pdf

http://infodrogas.gub.uy/images/stories/pdf/Estrategia_JND_2016_2020_web.pdf

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