Reforma laboral ¿Para qué? ¿Para quién?

Por Daniel G. Rossetti

Empezaba el verano de 2017 y se presentaba la modificación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para los inversores de Vaca Muerta como la nueva usina generadora de empleos. Se ocultaban, en tanto, los despidos y los retiros voluntarios para los trabajadores de mayor antigüedad, así nadie podría alegar derechos adquiridos. Un año y medio después, hay que lamentar la muerte de dos obreros petroleros en accidentes laborales en pozos operados por las empresas Omega y Nabors. Hay menos de un mes de diferencia entre ambos hechos lamentables.

Según el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de La Pampa, Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra, los accidentes se produjeron por el cansancio y el estrés que sufren los trabajadores de los pozos que pasan fuera de sus casas 14 de cada 21 días. El sindicalista sostiene que la mayor cantidad de accidentes se producen luego de los ocho o diez días de estar en los pozos, cuando los pensamientos de los trabajadores se centran en la lejanía en la que se encuentran sus familias y pierden concentración para realizar una tarea tan peligrosa como la operación de un pozo de extracción.

Historia de una traición

El primer ensayo de reforma laboral para flexibilizar las relaciones empleador – empleado fue cuando se negoció un nuevo régimen de trabajo, descanso y rotaciones, que iba desde el tiempo de permanencia en pozo hasta la duración de la jornada, eliminación de “horas taxis” (cómputo de tiempo laboral durante el traslado al pozo) y multifuncionalidad de los trabajadores, entre otras. Hoy, el dirigente gremial denuncia las consecuencias de algunas de estas medidas al destacar que después de tantos días que los trabajadores “están alejados de su familia, la cabeza no se puede concentrar y hay muchos problemas en la sociedad”.

Pero fue el propio Pereyra el que alentó el acuerdo flexibilizador de las condiciones de los trabajadores del petróleo cuando la administración de Cambiemos lo propuso como condición necesaria para la lluvia de inversiones. El dirigente gremial es también Senador Nacional por Neuquén dentro del Movimiento Popular Neuquino y presidente de la comisión unicameral de Minería, Energía y Combustibles. En esos tiempos estuvo junto con el Ministro de Trabajo Jorge Triaca, el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez (quien fuera impulsado a la presidencia de la petrolera por Cambiemos en reemplazo de Miguel Galuccio, que lo había presidido desde su reestatización), y el gobernador neuquino Omar Gutiérrez en el acto celebrado en el Salón blanco de la Casa Rosada durante la firma del acuerdo.

El documento firmado respondía a los pedidos de empresas de explotación de pozos  líderes en el mercado petrolero, como la francesa Total Energy, la estadounidense Pan American Energy y la holando-inglesa Shell (recordemos que en ese momento el Ministro de Energía era J.J. Aranguren). La reforma laboral tomaba una nueva forma, no era por ley ni necesitaba del debate de los representantes de la ciudadanía. Esta nueva forma de flexibilización laboral ataca al hueso de los derechos del trabajador y modifica el Convenio Colectivo de Trabajo. Así, con el acuerdo de las cúpulas se deterioran las condiciones de las bases.

Para que el acuerdo fuese aceptado por las bases y abriese un espacio para la justificación de la dirigencia gremial, previamente se habían producido los despidos de 1700 empleados en YPF, además de suspensiones y retiros voluntarios que alcanzaron a 1.255 trabajadores, al punto que luego de la firma del acuerdo hace algo más de un año, Pereyra declaró que esperaba para 2018 la reincorporación de los petroleros despedidos. En ese momento el dólar se encontraba en torno a los $16, y el barril de petróleo cotizaba alrededor de 50 – 55 dólares. La intención de las compañías multinacionales era generar una baja en los costos de producción por debajo de los 35 dólares. A la fecha de esta nota (1 de setiembre de 2018) el barril de petróleo se encuentra en torno de los 65 – 70 U$S, pero el salario de los trabajadores sufrió una brutal caída en costos reales ante la corrida financiero-especulativa que llevó a la moneda estadounidense en un incierto valor entre 37 y 42 pesos. De esta manera los gastos de las petroleras se licuan, y aseguran mayores ganancias por ambos lados: aumento del producto extraído y disminución de los costos de producción.

De ahí el entusiasmo del presidente en la visita al yacimiento Loma Campana (en plena crisis de la divisa de referencia) el 29 de agosto, cuando declaró: “No vamos a parar hasta que desde acá, desde Vaca Muerta, exportemos 30 mil millones en gas y petróleo”, y también agregó como objetivo: “hasta que hayamos generado más de medio millón de puestos de trabajado acá y en todo el país”. Omitió mencionar que se refiere a puestos de trabajo en condiciones que pueden costarles la vida a los trabajadores. Será por eso que nada dijo del enlutado hecho de los obreros petroleros.

Reforma laboral de hecho

Durante todo 2017 se intentó imponer el debate sobre una reforma laboral que dejaría a la ignomiosa ley “Banelco”[i] como un buen recuerdo. Sin embargo, ningún sindicalista por fuera de la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) está dispuesto a aprobarla, y con la pérdida de poder de fuego político de la Alianza Cambiemos, ni siquiera los más entusiastas colaboradores sindicales estarían dispuestos a dar esa herramienta al gobierno. La legitimidad que se alcanzó, luego de los comicios de octubre del año pasado, le dieron impulso a la reforma legislativa pero hoy, dilapidada esa legitimidad, todo volvería a foja cero.

Sin embargo, estas no son buenas noticias para los trabajadores, ya que el informe sobre empleo que elabora el Ministerio de Trabajo da cuenta de la evolución negativa que tuvo el indicador durante el primer semestre de este año, que llegó a 106 mil puestos de empleos registrados. La crisis se nota mes a mes, por lo que el mismo informe detalla que durante el período de mayo a junio de este año, la caída de empleos en empresas privadas llegó a 26.800 puestos.

A esto se le suma que la reunión para conformar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fracasó y ante esta situación, el gobierno del diálogo lo estableció unilateralmente en 25 %, por debajo del 30% de inflación, que de forma más que optimista esperan en la Rosada, y muy lejos del 40 – 45 % estimado por distintas consultoras privadas (algunas dentro del paradigma ideológico del Gobierno) luego de la corrida del dólar. Esto dejaría al SMVM en $12.500 recién para mediados del año próximo, lo que hace presumir que para ese momento no alcanzará ni para llegar a la línea de indigencia para una familia de cuatro integrantes (pareja con dos hijos menores de 10 años) que en julio de este año se ubicó en los $8.118, 57. Este monto ya quedó enterrado en la pobreza, puesto que para no ser pobre la misma composición familiar necesito de $20.134,07 en el lejano julio de este año.

Se esperaba para ese momento que la caída de los salarios fuese de 8%, pero esos pronósticos quedaron obsoletos. Más si consideramos que la caída de la capacidad industrial instalada (la producción que efectivamente tiene una empresa respecto de lo que puede fabricar) en junio cayó 3,3% respecto de mayo de este año y acumula 5,3% respecto del mismo período de 2017. Si se compara con el 2015, la caída es de 9,3 puntos porcentuales, lo que deja a la administración del presidente Macri muy atrás del criticado período populista.

Avizorando lo Inevitable

Caída del empleo, caída del salario y cierre de empresas hacen avizorar un futuro donde las condiciones de contratación solo serán impuestas de un solo lado. Más si se le suma que el Ministerio de Trabajo abandonó toda pretensión de ser el organismo equilibrador en las dispares relaciones de fuerza entre trabajadores y empleadores, cómo ya detallamos en notas anteriores.

Ante este panorama, una reforma laboral parece innecesaria, porque las propias condiciones del mercado laboral hacen que, ante la competencia por un puesto, bajen las pretensiones por parte de los trabajadores y suban las pretensiones de formación y capacitación de los empleadores. La caída del salario en dólares puso al ingreso argentino en los niveles inferiores del promedio de la región. Y el atraso paritario impulsado por el gobierno le permite al sector empresarial mejorar sus ganancias a expensas de los trabajadores.

El proyecto de gobierno es, bajo el pretexto de que florezcan los brotes, flexibilizar las leyes que protegen a los trabajadores para asegurar la llegada de inversiones, y para eso necesita hacer competitivos los costos laborales. Eufemismo para que los trabajadores con trabajo sean pobres, mientras que los que no lo tienen aumenten el ejército de reserva que asegure las ganancias de los empresarios y las relaciones de dominación. Los modelos chileno, mexicano y peruano son el norte de la derecha argentina.

Las estrategias son dos, la primera es pactar con los sindicatos reformas dentro de los convenios colectivos al estilo Vaca Muerta. En el gremio aeronáutico ya se están iniciando los intentos de avance sobre los derechos de sus trabajadores, tal como les adelantó el presidente de la compañía, Luis Malvido, al gremio de pilotos en este sentido durante el mes de julio. La excusa es la misma, reducir costos para hacerla más competitiva, el fondo, favorecer el gran negocio de los amigos del gobierno en el área de las aerolíneas de bajo costo (low cost). Éste intento se sumaría a los CCT ya modificados en los gremios de lácteos, construcción, motos (dentro de los mecánicos) y petroleros. La pérdida de la vida de los dos trabajadores del petróleo es la tristísima evidencia los peligros de este accionar.

La segunda es volver al congreso con una reforma laboral que modifique la ley de contrato de trabajo. La concentración económica que está provocando la administración del presidente Macri con la destrucción de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) deja cada vez en menos manos a las manufactureras que abastecen al mercado. Lo que no ingresan por fabricación dentro del país, tienen la posibilidad de ingresarlo a través de sus propias importadoras desde subsidiarias en otros países.

Ellos necesitan la “seguridad jurídica” para aumentar aún más sus ganancias a costa de las restricciones a los derechos de los trabajadores. La estrategia es inocultable y queda en evidencia ante la confesión que hiciera el Vice-jefe de Gabinete en su última reunión con los jerarcas del Fondo Monetario Internacional, “Hay mejoras en el frente fiscal que no se pueden anunciar porque nos perjudica en lo político, como por ejemplo la caída del salarios real”, tal como lo citara el operador periodístico Marcelo Bonelli en Clarín, a lo que calificó de “sincericidio”, antes de la escapada del dólar.

Perdidos en el laberinto, la única salida es por arriba

Los trabajadores nos vemos afectados por tres frentes: La restricción del mercado laboral, lo que aumenta el ejército de reserva y “alinea la tropa”. La modificación de los CCT, ante la impávida mirada de los popes sindicales que ofrecen entre poca y ninguna resistencia, como hiciera el senador y sindicalista Pereyra. Y por último, la falta de protección por parte del Estado que ya no media en las relaciones de desigualdad de fuerzas entre los dos actores involucrados. La involución del rango ministerial del Ministerio de Trabajo a Secretaría que surge después de la crisis financiera, tira por tierra cualquier pretensión de amparo estatal.

Desde el gobierno están siguiendo las máximas de neoliberales con las que ocultan su lugar de privilegio detrás de conceptos nobles mientras avanzan sobre nuestros derechos. Ejemplo de esto es el discurso del economista liberal José Luis Espert, que en una disertación organizada por la Confederaciones Rurales Argentinas durante la Jornada Nacional de Agro, sostuvo que: “La causa de la decadencia argentina es un triángulo vicioso entre el proteccionismo industrial, el Estado grande y deficitario y leyes laborales fascistas”, y en nombre de la libertad continuó: “Si quieren que las empresas tomen empleados, tiene que ser barato echar empleados”. En la misma línea, el CEO de Mercado Libre, modelo de emprenderudismo apañado desde el gobierno de Macri, Marcos Galperín, pide una reforma laboral a la brasileña, a costa de que se pierdan “millones de empleos”, que precisamente él no genera.

El avance sobre los derechos de los trabajadores será en la medida en que la resistencia del campo popular logre organizarse para detenerlo y sostener un proyecto político que vuelva a equilibrar las relaciones dentro de la sociedad. La lucha estudiantil – docente, la resistencia de los movimientos sociales y el paro general de la CGT en unión con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) programada para el 23 de septiembre, permiten ver un camino qué de profundizarse, volverá a la senda de generar derechos frente a privilegios.

 

 

Fuentes:

[i] Ley de flexibilización laboral que se aprobó en el senado durante el gobierno de Fernando De La Rúa con fortísimas sospechas, y evidencias, de compra de votos de los legisladores

2 comentarios sobre “Reforma laboral ¿Para qué? ¿Para quién?

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