Presupuesto 2019: debate sobre una muerte anunciada

Por Joaquín Palma Hernández

El ocaso de Caputo y la llegada de Sandleris al Central le están marcando la cancha al rumbo de la economía: desde el 26/9 el BCRA se comprometió a no emitir pesos, aumentar las tasas de interés, establecer un máximo y un mínimo para el precio del dólar y fijar un tope a las ventas diarias de Reservas. Además, le restan al Poder Ejecutivo mediante la posibilidad de financiarse a través de la emisión, obligándolo a tomar deuda en caso de déficit. Todo esto en pos de generar una imagen de “compromiso” frente a los inversores del resto del mundo y jugar una de las últimas cartas posibles en la pelea contra la inflación.

Si bien todas estas medidas probablemente reduzcan los aumentos de precios, eso va a tener una consecuencia negativa para la economía real, es decir, la producción, el empleo y el consumo: al subir la tasa de interés, se hace más difícil o menos atractivo invertir para producir. Por otro lado, estas tasas promueven la llegada de capitales extranjeros especulativos y volátiles, que podrían migrar a otros países ante cualquier cambio que los perjudique. Además, al planchar el dólar alrededor de los $37, dificultan las ya mermadas exportaciones, que constituyen una entrada legítima de dólares, mientras que favorecen las importaciones en lugar de la producción local. Este cóctel de medidas complicará aún más los números de 2018, y será el marco de un 2019 que aún en los mejores escenarios, también será recesivo.

Error de cálculo

En el Proyecto de Presupuesto enviado al Congreso, el Gobierno Nacional hace una estimación de algunas variables que puedan ser relevantes para calcular los ingresos y gastos, como la inflación, el tipo de cambio o el nivel de actividad. Para 2018 se había estimado un techo de inflación del 12%, un dólar a $19,3 y un crecimiento del 3,5%. Estos valores hoy están muy alejados de la realidad: casi el triple de inflación, un dólar que llegó al doble y una caída de la actividad cerca del 2,4%. Estas grandes diferencias comprometieron la puesta en marcha del presupuesto, obligando a reducir (vía Decreto) ciertas partidas y sub-ejecutar otras. Para el año entrante se predice una recesión del 0,5% y una inflación del 23%, acompañada de una importante salida de capitales (aunque menos de la mitad de 2018).

Una vez más, en la presentación del Presupuesto, el gobierno señala como culpable a la pesada herencia de los desequilibrios. Hasta cierto punto no es un error, porque recibe en 2015 una economía con déficit, inflación y estancada a niveles de 2011. Sin embargo, la apertura irrestricta al movimiento de capitales, el mal manejo financiero, y el haber tratado a la inflación como un problema de fácil solución, llevaron a que la gestión de Cambiemos profundice esos desequilibrios, con el agravante de que actualmente se da una distribución negativa del ingreso, se favorece a la economía especulativa por sobre la producción, y a sectores amigos como el agro o la banca.

Además, se culpa al déficit fiscal de la importante toma de deuda externa, lo cual es falso, ya que el gobierno tiene dos opciones para cubrir su déficit: emitir a través del Banco Central o endeudarse. La primer opción genera inflación y la segunda la obligación de pagar intereses. Sin embargo, la actual administración no sólo tomó deuda, sino que además se emitieron íntegramente los déficits de 2016 y 2017, por lo que el argumento tiene una contradicción. Además, la toma de deuda se hizo en dólares cuando las necesidades del Estado son en pesos. Esto se puede explicar entonces por el enorme hueco externo, hablamos de la importante salida de dólares fruto de la especulación, la fuga de divisas y el aumento de la importaciones en perjuicio de la industria nacional.

El presupuesto bajo la lupa

El Proyecto que hoy se vota contempla el tan ansiado “déficit cero”, compromiso tanto con los votantes de Cambiemos como con el FMI. Ahora, esta reducción afecta solo al resultado primario (los gastos e inversiones del Estado) y no al pago de deuda, el rubro que más crece: el gasto para 2019 es en promedio un 25% más grande que el de 2018, por debajo de la inflación, pero los recursos destinados a pagar a los acreedores externos crecieron un 80%. Esto va a implicar recortes importantes en áreas claves como Salud, Transporte (subsidios), Educación y Cultura o Ciencia y Técnica.

Aún si lo anteriormente mencionado se diera en condiciones óptimas, no evitaría la recesión, que traerá un aumento de la conflictividad social, ya que la puja salarial llevará a que el tan mermado gasto sea cada vez más disputado por diversos sectores. Mientras se prevén desembolsos de emergencia para atenuar el conflicto social, los grandes beneficiados siguen siendo los sectores exportadores de productos primarios, que durante el período macrista gozaron de reducciones de impuestos (como retenciones) que no alcanzaron al resto de los sectores.

Es importante entender que con una economía abierta al ingreso y salida de capitales, es complicado querer atender a la vez el déficit fiscal y la inflación, ambos mediante la reducción del gasto, ya que al caer la inversión y el gasto del Estado, sumado a la salida de capitales, se achica la economía. Esto disminuye los niveles de producción y también de recaudación, obligando al Estado a gastar todavía menos o a generar inflación de forma incesante. No parece un camino adecuado.

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