UNLaM: sin protocolo no hay #NiUnaMenos

Por A.G.[i]

En los últimos años se comenzaron a visibilizar los reclamos del colectivo de mujeres ante las violencias que se ejercen a diario sobre ellas. Se hace necesario, a partir de entonces, y dado que es una problemática que atraviesa a todas las relaciones interpersonales que se dan en la sociedad, la acción por parte de las instituciones. Es de común conocimiento que la violencia machista  genera desventajas específicas para las mujeres y otras personas con identidades sexuales disidentes o no heteronormadas. Sin embargo, el abordaje en la UNLaM ha sido escaso y, se han minimizado los diferentes casos de violencia de manera sistemática

Recientemente, en el marco del 33° Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y travestis; dentro del taller de “Mujer y Universidad”, se remarcó la importancia de que exista un protocolo contra la violencia de género y discriminación sexual, y de una formación dentro de la universidad con perspectiva de género dentro de las carreras. Como sostuvo una docente, miembro del Consejo Directivo de la Universidad de la Patagonia: “No sólo es necesario que a nivel institucional se traten los casos de violencia y se luche porque exista paridad de género en los cuerpos colegiados; sino que es responsabilidad de las mismas universidades, la formación de profesionales con perspectiva de género“.

En este contexto de denuncia masiva de la opresión femenina y de reivindicación de los derechos de las mujeres, tanto docentes como estudiantes en diferentes universidades, iniciaron un proceso de construcción colectiva que ha llevado a la generación de diferentes marcos regulatorios, dispositivos de acción, y estrategias para la visibilización y el posterior tratamiento de las mismas violencias dentro de las instituciones de educación superior.

En 2014, sólo la universidad nacional de Comahue (situada en las provincias de Neuquén y Rio Negro) contaba con un protocolo para la prevención y sanción de la violencia de género. A fines de ese año se sumó la Universidad Nacional de Rosario y, a partir del 2015 con la creación de la Red Interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias, comenzó a crecer el número de universidades que impulsaron la elaboración y aprobación de dispositivos contra la violencia. Tal es así que, además de las instituciones mencionadas, actualmente poseen un protocolo efectivo:  La Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, UTN, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Avellaneda, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, entre otras universidades.

Mientras la Universidad de La Plata (que desde el 2015 tiene en vigencia su Protocolo de Actuación ante Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género) se encuentra luchando por el cupo laboral trans; y la universidad Nacional de Tres de Febrero durante el mes de septiembre presentó el plan de acción para intervenir ante situaciones de violencia y discriminación basadas en el género y la orientación sexual; existen universidades donde la organización estudiantil aún está luchando porque se ponga en la agenda del centro de estudiantes la problemática de género.

El caso de la universidad nacional de la matanza

En la Universidad Nacional de la Matanza sucede algo muy particular: de manera pública se muestra como una casa de estudios que atiende a las necesidades de les estudiantes, alardeando sobre el supuesto protocolo contra la violencia de género aprobado, según el centro de estudiantes (Liga Federal Universitaria), en 2016. Esto se desprende de una entrevista que realiza el diario Perfil a la actual secretaria general del Centro en el mes de julio del corriente año, donde explica el funcionamiento del mismo.[1]

Sin embargo, en la práctica, a la hora de realizar una denuncia o de pedir el protocolo o plan de acción contra la violencia de género para su lectura dentro de la institución, quienes lo requieren se encuentran no solo con una grave irresponsabilidad y ausencia de acción y de contención, sino que hasta se expone a malos tratos por parte de los funcionarios y empleados de la universidad. Muchas mujeres se han encontrado con falta de respuesta ante las peticiones, o el que se le impongan condiciones difíciles para acceder a estos dispositivos, como es la necesidad de presentar numerosas cartas, pedir permisos que nunca llegan, o el tener que ir de una secretaria a otra para solicitar información que debería ser de conocimiento público.

La falta de acción efectiva ante las demandas relacionadas con la cuestión de género por parte del Centro de Estudiantes hace emerger la acción colectiva y la indignación de les estudiantes, no sólo desde las agrupaciones estudiantiles, sino también de manera independiente. Este fenómeno se puede observar no sólo en el debate áulico y en las asambleas surgidas espontáneamente en las diferentes carreras, sino también en las redes sociales. En ese sentido, hace unos meses surgió en la universidad matancera un nuevo fenómeno llamado “Arde UNLaM”, un Twitter e instagram donde se realizan denuncias y escraches anónimos, que van desde comentarios cotidianos en el ambiente universitario a casos de acoso y abuso sexual llevados a cabo por docentes, no-docentes, empleades y/o compañeros de cursada hacia las estudiantes.

Estas formas de violencia consideradas hasta hace poco tiempo irrelevantes, hoy se hacen visibles y se configuran como un perjuicio nocivo, dado que limitan y/o niegan la participación integral en las instituciones universitarias de todas las mujeres y/o personas que no responden a la cis-heteronormatividad[2]. Y ante el reclamo de les individuos se puede visualizar una clara falta de respuesta y hasta criminalización de las denunciantes por parte de las unidades “destinadas” a tratar estos casos. Se configura entonces un grave caso de violencia de género de tipo institucional dentro de la Universidad Nacional de La Matanza, ya que se genera un miedo colectivo ante la posibilidad de, en caso de denunciar un hecho, sufrir represalias por parte de las autoridades.

Este tipo de prácticas realizadas por la institución no deben ser pensadas como transgresiones individuales en casos marginales sino como prácticas que se realizan de manera sistemática. Prácticas que, no sólo se observan en la forma de actuar de la institución ante las denuncias de violencia sexual, sino también en la falta de acceso a cargos directivos, jefaturas de cátedra o simplemente puestos de prestigio dentro de la universidad. Se configura, como definen Campari y Mondino (2017), no sólo una discriminación y una violencia directa ejercida hacia el género femenino; sino también, una “discriminación difusa” que comprende al conjunto de mecanismos informales que “segregan y limitan la participación de la mujer en los diferentes ámbitos: públicos y privados, en los que se desarrollan sus actividades”.

Violencia de género institucional

Según el artículo 4 de la ley 26.485, sancionada en el año 2009, “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.” A su vez, el artículo 6 de la misma normativa entiende a la violencia institucional como “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”.

Al hablar de violencia institucional nos referimos a prácticas en donde hay personas involucradas que sufren menoscabo, y funcionarios públicos que llevan adelante y reproducen la violencia o el sistema de dominación generando, en este caso, restricción de los derechos de las mujeres o acceso a los mismos. Si son las autoridades e inclusive la propia institución quienes en lugar de dar respuesta deberían proteger a les estudiantes; reproducen el sistema de dominación patriarcal no garantizando la seguridad y la igualdad de oportunidades para todos y todas ¿Que deberían hacer les estudiantes? Por otro lado, ¿Alcanza solamente con la aprobación de un protocolo de acción contra la violencia de género?

Según el Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género (Cifeg) de la Universidad Nacional de Rosario,[3] en la última década se incrementaron las inscripciones por parte de mujeres a las universidades de 36 mil en 2006 a 48 mil en 2016. Por lo tanto, muchas carreras antes consideradas masculinas se encuentran en un proceso acelerado de feminización. Una posible interpretación podría ser que las violencias sexistas se generan en los ámbitos de educación superior como reacciones disciplinantes ante el nuevo espacio que ocupa la mujer en sectores que tradicionalmente le pertenecían al género masculino.

A partir de este análisis, se configura necesaria no sólo la implementación de un plan de acción ante casos de violencia sexista, sino también la promoción de instancias de formación que contribuyan a la desnaturalización de las prácticas machistas arraigadas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. No debería el protocolo ser el objetivo final, sino que tendríamos que ampliar nuestro horizonte hacia la construcción de estrategias para eliminar todo tipo de violencia, discriminación sexista y de género como, por ejemplo: mediante la creación de cátedras con perspectiva de género, la inversión en investigación, la paridad de género en los cuerpos colegiados y con campañas de visibilización de estas conductas, entre otras medidas. Pero lo más importante es no deslegitimar y sí acompañar la lucha, no conformarse con las pequeñas acciones que no hacen más que invisibilizar la problemática, y seguir construyendo espacios de sororidad, de ayuda mutua, de organización ante los obstáculos y la indiferencia por parte de la Universidad Nacional de La Matanza.

 

[i] Por pedido de la autora se mantendrá el anonimato.

 

[1] https://www.perfil.com/noticias/elobservador/faltan-protocolos-de-genero-en-25-universidades.phtml

[2] El término “cis” o cis-género  hace referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con el sexo de su etapa de gestación. La Heteronorma o heteronormatividad es el régimen social, político y económico que impone las prácticas heterosexuales mediante diversos mecanismos ideológicos como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco

[3] https://www.lacapital.com.ar/educacion/la-perspectiva-genero-las-estadisticas-universitarias-n1566218.html

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