Nada es un error

Por Daniel G. Rossetti

 

Desde la llegada de la administración Cambiemos a la Casa Rosada todas las políticas públicas estuvieron claramente orientadas. Liberación del tipo de cambio, reducción de impuestos a los bienes suntuosos, quita de impuestos a las compañías mineras, liberación del precio de los insumos energéticos, reducción y quita de impuestos a los productos agroganaderos, libertad absoluta de la circulación de capitales y la lista de beneficios a los sectores concentrados de la economía puede continuar. En contrapartida, la quita de  subsidios a la energía y el transporte público, revaluación y aumento de impuesto a las propiedades inmobiliarias, recálculo a la baja de las jubilaciones y asignaciones familiares, ampliación de la base impositiva de los trabajadores de la cuarta categoría y retraso en las negociaciones paritarias, agravado por el ocultamiento del costo de la devaluación por el apagón estadístico luego de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De este catálogo de horrores no podía esperarse otras consecuencias que las que estamos padeciendo.

Los datos son inocultables. El INDEC informó que la participación de los salarios cayó del 48,1 % en el segundo trimestre de 2017, a 45,2 % en el mismo período de este año. Al igual que la energía, nada se pierde, aunque en política económica no se transforma, sino que cambia de manos. Los ingresos que se apropiaron las facciones empresarias pasaron del 43,4% al 45,9% en el mismo período. Sectorialmente, entre los trabajadores que más aportaron a la profundización de la desigualdad social, están los que se desempeñan en la administración pública y defensa, con 0,6%, igual que los que desarrollan las actividades manufactureras, en el mismo sentido quienes se desempeñan en la enseñanza pública cedieron 0,4% de su participación en la economía. Entre los ganadores de esta ecuación, los sectores de la minería avanzaron 0,9%, los bancos 0,6%, los inmobiliarios 0,5% y las empresas prestadoras de servicios públicos 0,4%. Las cifras evidencian que la política deja rastros económicos inocultables.

Los trabajadores son los que cargan con el mayor peso del ajuste neoliberal. Se espera que antes de fin de año la desocupación supere los dos dígitos. Vuelve a darse el doble problema del empleo acontecido durante la infame década de los 90’del siglo pasado. Los trabajadores, que luego de perdidos sus empleos, trataron de reinsertarse, debieron competir en un ajustado mercado laboral con las mujeres y los jóvenes que no trabajaban y debieron salir a buscar empleo a fin de ayudar con los ingresos familiares. El paso siguiente será la baja del desempleo por el abandono de la búsqueda, la farsesca repetición de la tragedia de la clase trabajadora argentina.

La Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que son las que ocupan a la mayor cantidad de habitantes, cargan con el peso del proceso de concentración económica. El aumento de tarifas golpeó en el corazón se sus actividades. Prácticamente a diario se informa del cierre de PyMEs, al tiempo que lo logrado con las empresas recuperadas se está desmoronando por la falta de interés del gobierno macrista. Las economías regionales padecen la misma situación, con el agravante que, ante la salida del mercado de sus empresas, el resto de las actividades se encuentra en caída debido a la interdependencia económica regiónal. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) confeccionada por el INDEC señala que en los aglomerados de Bahía Blanca, Córdoba y Rosario, la tasa de desvinculación de trabajadores de sus  actividades supera a la del estallido de la convertibilidad a principios de siglo. La vinculación PyME – mercado interno es fortísima, por lo que la caída del poder adquisitivo de la población afecta a su producción, que las obliga a cerrar o disminuir su plantel afectando al poder de compra de la población, y así la espiral destructiva se despliega.

 

celulosa

A Macri las advertencias le llegan de todos lados. La Unión Industrial Argentina (UIA), que tanto hizo por el cambio, preparó un relevamiento de la actividad de sus asociados que arrojó una caída del 4,1 % en agosto. El Estimador Mensual Industrial (EMI) que confecciona el INDEC arroja para septiembre cifras igual de alarmantes. La caída de la actividad industrial alcanzó 11,5% respecto de 2017, y descendió 2,1 % en el período enero – septiembre de 2018. Los rubros que más cayeron fueron el textil con una baja de 24,6%, edición e impresión 20,6%, metalmecánica (excluida automotriz) 20,5%, automotriz 15,7%, refinación de petróleo 11%.

Todas áreas donde la mano de obra es especializada y muy costosa para volver a formar, por esto algunas empresas decidan suspensiones, esperando que surjan lo brotes verdes, aunque según el informe citado las expectativas son bajas. Más del 60% de las empresas espera una baja de la demanda interna en el último trimestre del año, mientras que para los insumos importados, necesarios para su producción, el 43,3% espera una baja en sus importaciones. Así es que el futuro de estos empleos pende de un hilo. El dato más preocupante de la medición es la caída de 3,2% en septiembre y 0,9% en el comparativo anual en la industria alimenticia. La reducción del consumo en alimentos de los trabajadores está en niveles que ya deberían encender varias alarmas.

Argentina se encuentra en una situación inédita gracias a la administración de la alianza Cambiemos. La salida de la dictadura militar, que había destruido la industria, también había dejado un severo problema de deuda externa y alta inflación, pero con niveles de ocupación cercanos al pleno empleo. Algo similar se produjo en la salida del primer gobierno de la recuperación democrática, que estuvo sitiado por los sectores del poder financiero, hasta que produjeron la eyección de Raúl Alfonsín de la Rosada. La superación de la crisis de la Ley de Convertibilidad de los gobiernos neoliberales de Menem y De La Rúa dejó altísimas tasas de desempleo (y de pobreza e indigencia), una crisis de deuda externa a punto de estallar, pero baja inflación, tan baja que era parte del problema. El final del Kirchnerismo presentó problemas de financiamiento externo, aunque más por capricho de los especuladores financieros amparados por el ex Juez Griesa que por el peso objetivo de la deuda, y una economía recalentada con niveles de inflación altos, pero controlables, y que ampliaba los niveles de ocupación.

La innovación que introducen los neoliberales de Cambiemos es que a la caída de la economía y el aumento del desempleo, se le suma una altísima inflación, que se dirige a ser la más alta en lo que va del siglo y está asociada a un endeudamiento récord, por lo que algunas entidades calificadoras de riesgo ya pronostican un default en 2020, cuando se acaben los adelantos del Fondo Monetario Internacional y comiencen los primeros vencimientos de la deuda tomada por estos buenos muchachos.

Rompiendo con toda teoría económica el gobierno deja de emitir y aumenta las tasas de interés, sin embargo la inflación se mantiene alta. Solo es comprensible si se analiza con la mentalidad de los CEO’s miembros y socios de un gobierno que prometió aumento de tarifas en 2019, continuando con el traslado de recursos (por quita de subsidios) desde la clase trabajadora hacia los distribuidores de gas, electricidad y combustibles. Todos insumos que serán trasladados a precios.

La calma del dólar, eufemismo que utilizan desde la prensa oficialista para decir que el valor del peso cayó a la mitad respecto de la divisa, que antecede al vendaval. El informe EMI detalla que de las empresas exportadoras, el 71,4% no espera ni variaciones ni crecimiento en el sector. Mientras que los agroexportadores, cuando tengan que liquidar sus cosechas, saben que tienen que pagar un impuesto de 4$ por dólar. Así que con un dólar alrededor de 36$ (para realizar cuentas fáciles) el impuesto tiene un peso de 2,77%, mientras que si está a 40$ será de 2,5% y a 50$ sería del 2%. Sin aumento de las exportaciones y teniendo en cuenta que los exportadores agroganaderos ya no tienen la obligación de dejar los dólares en el país, no hay buenos pronósticos. Si a esto le sumamos que los bancos tienen todos los pesos que le están sacando al mercado con tasas que rompen los parámetros históricos, cuando tengan que rendir ganancias a sus casas matrices, es difícil que lo hagan en pesos.

automotriz

Tampoco se avizora una mejoría respecto del mercado interno. Las PyMEs enfrentan el mes de diciembre heridas gravemente. Medio aguinaldo y vacaciones las harán tambalear o caer. Los bancos prestan a tasa usureras, amparados por las vigentes en el Banco Central, por lo que las cadenas de pagos se están resquebrajando, mientras que la venta de cheques les depreda una importante parte de las ganancias y el ahogamiento financiero hace insostenible cualquier actividad. Como siempre, serán los trabajadores quienes cargarán con los costos. Con tal de preservar el trabajo, el aguinaldo se cobrará en cuotas o más adelante, y las vacaciones se pasarán en casa. Se empiezan a añorar aquellos tiempos en que se le echaba la culpa a diciembre de ser inflacionario por el aumento del consumo por las fiestas y el aguinaldo.

A esto podemos sumarle el nuevo sainete del bono de ayuda que le propuso, como canje, el gobierno a la central de trabajadores que había amenazado con un paro par el 26 de noviembre. Con  más problemas que soluciones, el bono pasó de ser obligatorio a un adelanto de futuros aumentos y deja afuera a los trabajadores rurales (otro triunfo de la UATRE), a todo el sector público y jubilados y beneficiarios de AUH. Los cinco mil pesos, que parecen poco frente a la caída de los salarios, pueden llegar a ser un dolor de cabeza para las empresas. Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y presidente de la Coordinadora de las industrias Productoras de Alimentos (COPAL) advirtió que el 60% de las empresas no está en condiciones de pagarlos. No será un problema para los monopolios que tendrán sus representantes en el G- 20, pero sí para muchas de las PyMEs, que jugaron en contra de sus intereses apostando al cambio.

Este “Bono compensatorio” no alcanzará para recuperar el poder de compra del salario, ya que la inflación para este año no será menor a 45%, lejísimos del 10% anunciado con arrogancia el año pasado e igual de lejos del 15% que ajustaron poco después, sin dejar de  lado el gesto sobrador. Las paritarias promedio cerraron en 25% y algunas pujan por llegar al 30%, lo que atrasa a los salarios entre un 10 un 15% como mínimo. Ni siquiera los gremios con poder de presión, como bancarios o camioneros (que lograron un 40%) alcanzarán a la inflación.

Cuando llegó la nueva administración al gobierno, el ex presidente del Banco Central y dirigente radical Javier González Fraga declaró que “le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”, remedando al contraalmirante Arturo Rial que aclaró cuál fue la función de la Revolución Libertadora (fusiladora) afirmando frente trabajadores municipales: “Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero”. Las pretensiones de la derecha vernácula no cambiaron, los sectores trabajadores siguen sosteniendo a una oligarquía que proclama meritocracia, pero sus posesiones vienen de la herencia. El avance del ajuste se detendrá ante la resistencia de los ajustados. No hubo tormentas ni hubo errores, vinieron a sostener privilegios, y están “haciendo lo que hay que hacer”.

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