Pacto entre caballeros

Por Gala Keisler

 

A solo dos jornadas del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas condenaron a Matías Farías (25) y a Juan Pablo Offidani (43) por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”; pero no los hallaron responsables de la muerte de Lucía.

El hecho tuvo lugar en 2016 y adquirió relevancia cuando la fiscal, María Isabel Sánchez, denunció un crimen violento que incluía un empalamiento y una muerte producida por reflejo vasovagal (este puede provocar una reducción cardíaca tan extrema que se produzca un paro cardiorrespiratorio). El caso guardaba similitud con el de Marcela Salas de 17 años, ocurrido en 1995 en San Juan, quien fue sometida por su pareja con una botella, y murió por el reflejo vagal que le produjo.

Sin embargo, dos años después, nada de esto parece haber resultado relevante para los tres jueces que criticaron el desempeño de la fiscal, la cual llevaba 7 años de ejercicio y actualmente se encontraría bajo licencia psiquiátrica.

A días del femicidio de Lucía Pérez en el 2016, miles y miles de mujeres, lesbianas, trans y travestis salieron a las calles a gritar Ni una menos, llenas de dolor y de rabia; al punto de dar lugar al primer paro de mujeres. Una cantidad inédita de personas se sumaron por primera vez a reclamar contra la violencia de género. Hoy, la justicia patriarcal decide dar la espalda a través de argumentos plagados de prejuicios y relaciones de causalidad que lejos están de responder a una lógica procesal y se asemejan más a una discusión de amigos en un bar. La única diferencia es que se trata de un tribunal, supuestamente neutral, encargado de impartir justicia.

En relación a los acusados, uno de ellos sería miembro de una familia acomodada de Mar del Plata e hijo de Eduardo Offidani, contador del intendente Carlos Arroyo. Su defensa estuvo a cargo de Cristian Prada, abogado que se desempeñaba como funcionario en la secretaría de Seguridad de la comuna. Cada uno recibió 8 años de prisión, más una multa de 135 mil pesos. El tercer imputado, Alejandro Maciel (61), acusado de encubrimiento, fue absuelto.

La familia no ocultó su indignación. El papá de Lucía, Guillermo Pérez, señaló a Clarín que “Es una vergüenza el fallo, una fantochada. Este tribunal no entiende nada de violencia de género. No nos esperábamos esto, esperábamos una condena mayor”.El hermano de Lucía, que debió reconocer el cuerpo de su hermana, declaró ante los jueces que  “estaba limpia, impecable, no tenía olor a nada”, lo que le resultó “raro” porque siempre tenía perfume puesto. “Le faltaba una zapatilla. Otra cosa que observé es que tenía las uñas cortitas, cuando ella no era de usar las uñas cortitas“, explicó. Esto, curiosamente, no fue mencionado en la sentencia.

En el medio versa la causa sobre estupefacientes, para la cual se citó al testigo principal que misteriosamente tiene serios problemas de memoria. Aun así, los jueces dictaron sentencias de culpabilidad, porque es preferible ser narco a ser violador y asesino.

Primera Generación tuvo acceso al fallo resolutorio de los jueces, donde surgen a las claras los sesgos machistas y patriarcales de quienes firmaron la sentencia. No es que existan personas que no tengan estos sesgos, pero no deberían estar presentes a la hora de resolver un femicidio. Sin embargo, parece inevitable: se trata de tres varones cis heterosexuales juzgando a tres varones cis heterosexuales ¿Qué podría salir mal en este pacto de caballeros?

Según consta en el cuerpo de la causa, la defensora de los imputados indicó “que no existió ningún abuso sexual seguido de muerte, que se trató de una relación consentida entre dos jóvenes que se gustaban y que la causa más probable de la muerte fue una asfixia tóxica”. He aquí la prueba de lo que muchos hombres suelen argumentar en contra del feminismo: sí, existen las mujeres machistas y lamentablemente algunas tienen cargos donde la perspectiva de género debería ser obligatoria.

A lo largo de las 66 fojas que tiene la sentencia, se hace mención en varias oportunidades a los dichos de la fiscal y su efecto que “ha sido como una bola de nieve”. Por ejemplo, al referirse a Oriana María Luz Torres (Licenciada en Servicio Social y Abogada), a quien consideran “una evidente luchadora por los derechos y protección de las mujeres quién además de ilustrar al Tribunal sobre de qué trata la violencia de género, dijo directamente que en el análisis que ellos habían hecho del expediente había existido violencia física por la que se les debía imponer una sanción ejemplar a los encausados, y que era interés del Estado el que estas cosas sucedan”. Sin embargo nada de esto fue tenido en cuenta a la hora de decidir.

En el mismo sentido que la especialista, la acusación sostuvo que esas relaciones no fueron libremente consentidas por Lucía Pérez, dado que “se trataba de una adolescente, sin ingresos propios, con problemas de consumo a modo abusivo de cocaína y a la que Farías le había vendido estupefacientes, fiándole, motivado por la ultra intención de abusar sexualmente de ella”.

En lo que cualquiera leería como un mensaje premonitorio, el fallo relata que Farías le insistió a Lucía y ella se negó en las dos ocasiones “porque no tenía la plata y no quería volver a pasar por el “mal flash” de ir a la casa de alguien que la drogue y la coja (en el decir de su amigo Esteban)”. ¿No es este argumento suficiente para contradecir lo antes plasmado por los jueces? Es decir, que el hecho de que una mujer elija con quien quiere tener relaciones lamentablemente no la exime de sufrir algún tipo de violencia.

Luego aclaran que el fiscal, Daniel Vicente, “analizó desde el contexto y con perspectiva de género y que el concepto de violencia en el acceso carnal no puede estar separado de las nociones de violencia contra la mujer y de violencia de género, donde existía una relación desigual de poder que afectaba su vida, libertad, integridad física, sexual y su seguridad personal. Que Lucía se encontraba afectada de manera desproporcionada y fue claramente instrumentada y cosificada para la satisfacción de los deseos sexuales del autor”.

Hasta aquí el criterio del fiscal parece bastante sensato, no así la respuesta esgrimida por la defensa de los acusados:“Lucía tenía contactos sexuales con hombres a los que no conocía”. ¿Desde cuando la moralina de una abogada es criterio suficiente para acreditar el consentimiento de una víctima). Como si no fuera suficiente, agregó que “Lucía solo tenía la situación de vulnerabilidad propia de una adolescente y que la diferencia de solo 7 años entre ellos no coloca a Farías en una situación de superioridad”. Luego añadió “Que las relaciones fueron consentidas y que aun cuando le hubiera suministrado drogas no hay ningún elemento para asegurar que esto sucediera antes y no después de haber mantenido relaciones, ni tampoco qué cantidad fue la que pudo haber dado.Dato que resulta curioso dado que de los testimonios surge que Farías indicó que dejó de respirar cuando tenían relaciones sexuales, por lo que no podría haber consumido después, por hallarse muerta.

Lo que resulta tan preocupante como los argumentos en que fundan sus sentencias los jueces, son las preguntas que orientan las mismas:

“¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que le imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos?” Aquí el nexo de causalidad es bochornoso, como si no hubiera ningún otro motivo por el cual aún cuando haya consentido a encontrarse, no acceda a tener relaciones sexuales o bien su voluntad se encuentre afectada por el consumo de drogas. ¿Acaso los jueces no escucharon hablar de violación marital? ¿De abuso sexual en el noviazgo? Evidentemente no.

“¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?” Resulta curioso que aclaren que “no está en el ánimo del suscripto juzgar la vida sexual de Lucía”, porque eso es precisamente lo que están haciendo. Como si se burlaran del argumento, mencionan que “analizado desde la perspectiva de género, que ello fue basado en una relación desigual de poder donde la mujer suele ser uno de los grupos más afectados, siendo Lucía cosificada para la satisfacción de los deseos sexuales del autor,  lo cierto es que en mi criterio nada de eso existió y que se está tratando de encauzar de cualquier manera el desatino inicial de la Dra. Sánchez, para satisfacer las falsas expectativas generadas por ella misma”.Es decir que, según estos jueces, la violencia de género sería un invento de la Dra. Sánchez con vaya a saber qué afán.

“No voy a negar que Farías demostró un claro interés en salir o verse con Lucía pero ello no-lo puedo interpretar más que como una circunstancia normal de la vida y de relaciones de las personas y sin la trascendencia que se le quiere dar”. Tal vez el hecho de que esa relación haya culminado con la muerte de Lucía Pérez es lo que impide considerarlo “ una circunstancia normal de la vida”.

Y cuando uno cree los  argumentos desopilantes han finalizado, se encuentra con esta joyita:

“¿Las conductas previas y posteriores de Farías se corresponden a las de una persona cuya intención es abusar sexualmente de una menor y proporcionarle drogas hasta su muerte?” Una reversión del clásico: “era un buen vecino, me saludaba todas las mañanas”, con la gravedad de que es tomado como argumento para absolver a los imputados: “Farías, este último compró facturas y una Cindor para compartir con Lucía en su domicilio. Es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante como por el que resulta acusado”. Nada de lo que pueda acotarse será suficiente para calificar esta aberración argumentativa.

En ningún momento los jueces reparan en las declaraciones de Farías, que a un testigo “Le dijo que (Lucía) tenía 18 años, que la conocía del día anterior y que habían quedado en encontrarse en su casa y que la había llevado porque había estado consumiendo cocaína”. ¿Por qué mintió en la edad?¿Por qué omitió que habían tenido relaciones sexuales?

El final es enternecedor, bien podría haberse oído en “La cátedra del macho argentino”: “Quisiera concluir este análisis aclarando que no desconozco la existencia de la llamada violencia de género y el interés del Estado argentino en que ésta se elimine, siendo también una preocupación de este Tribunal que ello ocurra, pero eso no significa que bajo ese escudo se pretenda encuadrar un hecho que -como se analizará- es diametralmente opuesto á ello”. Al parecer Farías y Offidani dirigen un centro de atención a víctimas de violencia, atienden el 144 o capacitan en prevención de noviazgos violentos, sino no se explica el uso de la frase “diametralmente opuesto”.

Curiosamente, dedican un párrafo a hostigar a la fiscal María Isabel Sánchez , quien por no desempeñarse con “compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad (…) generó en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar. O sea que, según los jueces, lo que produjo la movilización popular no es el repudio a la muerte de una adolescente sino el mal desempeño de una fiscal.¡Qué dirán de Nisman!

No sería la primera vez que este tribunal da la nota por su misoginia: En 2013 varias familias de un jardín religioso acusaron a una docente por haber abusado de 44 niñas y niños, en 2017 estos mismos jueces la absolvieron. Además de negar las pruebas, llegaron a escribir en la sentencia que es necesario revisar los protocolos internacionales con los que se aplica el método de la Cámara Gesell a menores de edad, porque ellos no les creyeron nada a las víctimas. La familia apeló y el Tribunal de Casación Penal anuló la sentencia del TOC 1 de Mar del Plata y ordenó que se haga un nuevo juicio con otros jueces.

Finalmente, señalan que con operadores judiciales como Sánchez, Badami y Carrizo el sistema penal no mejorará y seguirá siendo pasible de críticas. ¿Cómo era eso de no escupir para arriba?

Ya en lo que puede considerarse un abuso de la ironía, citan la ley de violencia contra la mujer y la ley 26.791 que incorporó la temática a la legislación penal mediante la figura del art. 80 inc.11. Al parecer lo que olvidaron fue leerlas.

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