Tres esperanzas

Por Daniel G. Rosetti

Pobreza Cero

Las condiciones de los sectores postergados se agravan momento a momento. Los datos macroeconómicos, que siempre disfrazan las condiciones reales de los sectores populares, son pésimos tomando en cuenta cualquiera de sus parámetros.

La caída del producto Bruto Interno (PBI) para este año se aproxima 4%. Las promesas de crecimiento con las que iniciaron el año ya son parte de un paso de comedia entre los ministros Dujovne y Peña que perdió toda gracia. Recordemos que este año tenía proyectado un crecimiento del PBI del 3,2%, seguramente basado en el crecimiento del 2017 que llegó al 2,9% y los llenó de ilusiones, luego del primer año de gestión que tuvo una caída de 1,8% de la producción total del país. Poniendo la lupa en los procesos políticos de los tres años anteriores, la variación del producto se explica por las necesidades de Cambiemos de sostener su espacio de poder. Durante el primer año de gestión, el ajuste en el Estado contaba con la legitimidad de la política comunicacional impuesta desde los sectores concentrados de la economía por sus altavoces mass-mediáticos. En el segundo, el “giro populista” en la inversión del Estado en obra pública, para ganar las elecciones de medio término. Y en este 2018, el retorno a la senda neoliberal para profundizar el modelo económico productivo que vinieron a imponer.

Eliminar a los “choriplaneros” sirvió de justificación para horadar a la economía desde sus cimientos y permitió soportar una depreciación del peso mayor del 50% en un solo golpe. Los precios acompañaron esta pérdida de valor del peso y como estrategia suspendieron las mediciones de la variación de precios al consumidor, base del cálculo inflacionario. Parados en el desprestigio generado previamente en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), dejaron sin datos oficiales sobre la variación de los índices inflacionarios hasta mayo, que nos informaron que había llegado a un valor del 4,6%. Esto ocultó la incidencia de la devaluación durante las negociaciones paritarias de ese año, que en promedio llegaron a 25%. Cuando a fin de año se comparó con otros índices de precios, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que pasó el 40%, la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores alcanzó un piso de 15%.

A esto se le sumó la caída del consumo de los que se creyeron que podían comprar la moto, el celular o irse de vacaciones, afectando directamente a la producción nacional. Y como inevitablemente pasa, las Pequeñas y Medianas Empresas fueron las primeras en caer. La devaluación, que aumentó los costos de los insumos, y la quita “gradualista” de subsidios ahogaron al sector. Y aunque todavía tenía espalda para trasladarlos a precios, algunos debieron ser absorbidos para no salir de mercado ante la apertura de importaciones. La sumatoria de políticas económicas los ponía en una fuerte situación de fragilidad, tal que no soportaron ni siquiera los primeros tres años de gestión. El cierre de PyMEs sobrepasa el número de siete mil, según informa la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) en su página oficial.

Lo que hizo que los números de 2016 no fueran aún peores fue la claudicación ante los fondos especulativos que habían trabado el acceso al crédito internacional. El pago de la deuda con los especuladores que no aceptaron el canje de los bonos caídos en default en 2001 abrió el acceso a crédito del país. Pero lo que fue presentado como un éxito terminó siendo un salvavidas de plomo que condicionará a las próximas administraciones no solo en la capacidad de financiamiento, sino en las asignaciones presupuestarias para el pago de una deuda, cuyos vencimientos llegan a cien años. La consecuencia de la toma de deuda debe medirse también en el impacto sobre las políticas públicas: el stock de bonos llega al 87% del PBI de este año, el doble del peso que tenía cuando asumieron el gobierno. Esto obligó a que las medidas de reducción del déficit primario (el que se genera por los gastos propios del funcionamiento de la economía) se profundizaran habilitando a proclamar al presidente Macri la necesidad de llegar a déficit cero, presionado por los condicionamientos del nuevo viejo amigo que volvió a entrometerse en los asuntos soberanos, el Fondo Monetario Internacional. Como ya lo hicieran los otros presidentes neoliberales, se redujeron los presupuestos de funcionamiento del Estado y de asistencia a la sociedad, que van desde la reducción en los gastos en salud, educación y ciencia y tecnología, junto con el acceso a subsidios, hasta el cálculo del aumento en jubilaciones o planes asistenciales, según varían los precios.

El ingreso de divisas termino, nuevamente, financiando la fuga de capitales, operatoria a la que el gobierno de Cambiemos le terminó ofreciendo un abanico de medidas especulativas mucho más atractivas que cualquier inversión en producción de bienes. Y fue precisamente esta falta de productos para ofrecer al exterior lo que desequilibró la balanza comercial, al punto de que en el año que corre la devaluación del peso argentino llegó a dejarlo a la mitad de su poder de intercambio. La sumatoria de estas políticas también explica el alza inflacionaria de este año y su consecuente recesión.

La ceguera monetarista de los funcionarios a cargo del Banco Central solo ataca al síntoma inflacionario que es el exceso de moneda nacional. El nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, profundizó la restricción de emisión de moneda que había impuesto su predecesor Federico Sturzenegger, anulándola, y aumentó las tasas de interés para contener las corridas especulativas contra el dólar. Esta medida es el acta de defunción de la industria argentina. Sin acceso a crédito, sin subsidios a la energía, sin posibilidad de actualizar tecnológicamente sus procesos y con una competencia feroz del resto del mundo y sus productos, la recesión se incrementará aún más.

Según los datos del INDEC, en el segundo trimestre de 2018 el desempleo sumado de CABA, el segundo y el tercer cordón del Conurbano alcanza el 11,4% y la subocupación 11,8%. Si consideramos solo los partidos de la provincia de Buenos Aires, son 12,4 y 12, 5% respectivamente. Estos valores superan el 9,6% nacional, que proyectados a fin de año superará las dos cifras, marcando que la destrucción del empleo habrá pasado al doble del que encontró Cambiemos al llegar al gobierno. Recordemos que en el tercer trimestre de 2015 la cifra llegaba al 5,9 %, poco antes de la competencia electoral por la presidencia. A la pérdida de empleos se le agrega la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, perjudicando aún más las condiciones de los sectores empobrecidos. La canasta de alimentos básica aventaja la suba inflacionaria en 2 puntos.

Ninguno de los datos de la economía prevé que la promesa de pobreza cero se cumpla o, al menos, se tienda a eso a partir de políticas públicas para la expansión de la economía. El Presidente, luego de haber asumido, aclaró que la promesa era un fin utópico al cual dirigirse. Nada de lo que ha hecho va en ese camino, al punto que hasta los mil millonarios le reclaman que han perdido patrimonio, tal como lo hiciera público en sus indignantes declaraciones el dueño de Nordelta, Eduardo Constantini, en radio La Red.

Unir a los argentinos

Si la economía no muestra mejoras, la parte política es aún peor. El gobierno que vino a recomponer el diálogo entre todos los sectores ahondó aún más las diferencias y pujas de los distintos actores sociales. Si no fuese por el amparo de los medios más influyentes y tradicionales argentinos, las noticias sobre la violencia en la represión de las manifestaciones sociales cubrirían casi por completo los espacios de los noticieros.

Caso paradigmático fue cuando en diciembre de 2017, luego de las elecciones legislativas, se trató el proyecto de reforma en el cálculo del salario previsional que el gobierno consiguió aprobar utilizando todos los medios violentos que tuvo a su alcance.

Dentro del recinto legislativo se había presionado a los legisladores provinciales al punto de hacerles notar que de no llegar a salir la ley las asignaciones coparticipables no siempre llegarían en tiempo y forma.

Presentándose como el gran articulador del diálogo entre oficialismo y oposición, y garante de gobernabilidad, el senador por el Justicialismo Miguel Ángel Pichetto presentó una reforma al proyecto oficial en el nuevo cálculo de los haberes jubilatorios. Según él mismo manifestara, mejoraría las próximas actualizaciones, a las que el bloque de Cambiemos- Radicalismo recibió con beneplácito. Así quedaba armada la doble estrategia político-comunicacional: Pichetto muestra fehacientemente que se puede institucionalmente mejorar los proyectos de ley y, por su parte, el oficialismo se mostraba permeable a introducir las sugerencias de la oposición, siempre que estas fueran racionales. Mientras que afuera del recinto estaba la horda de intolerantes antidemocráticos que intentaban tomar el palacio por asalto.

Lo cierto es que no fue ni lo uno ni lo otro. Dentro del Congreso salió una ley que perjudicó los ingresos de los jubilados y los beneficiarios de los planes de asistencia social, y fuera de él la manifestación popular era infiltrada por agentes de los organismos de “inteligencia estatal” y ferozmente reprimida para que los medios mostraran hechos de violencia social ficticia, que se usa para poder instalar el terror del fantasma que recorre latinoamérica, el fantasma del populismo de izquierda.

Otro ejemplo del diálogo al modo de Cambiemos fue el presupuesto para el próximo año. Otra vez el gran articular Pichetto toma la voz del diálogo racional y luego de una crítica fuerte al proyecto presupuestario (aunque previamente hizo un enérgico rescate del componente social que tenía) su voto fue no negativo (Cobos remix). Pero quedó en evidencia que el diálogo no es tan democrático ni tan abierto. La fractura en el propio bloque de Pichetto por el fondo sojero (fondos de reparto de la retención al grano que va directamente a los municipios) muestra que, mínimamente, no se escucharon todas las voces ni se atendieron todos los reclamos.

Dos semanas antes por este mismo tema hubo otra violenta represión sobre los manifestantes que denunciaban el verdadero problema de fondo en la proyecciones del gasto para 2019, cuando fue tratado en la Cámara de Diputados. Los manifestantes se oponían a la reducción en todos los presupuestos para el correcto funcionamiento del Estado y un aumento de las partidas que se destinarán para el pago de interese de la nueva deuda adquirida. La dinámica de la represión fue la misma utilizada en otras manifestaciones: infiltrados que generan los disturbios para habilitar a las fuerzas represivas del Estado a avanzar sobre los manifestantes y encarcelar a los referentes sociales. Así lo hicieron con los periodistas de la Garganta Poderosa y trabajadores de Astilleros Río Santiago a varias cuadras del Congreso, en una acción más parecida a una cacería que las medidas preventivas ante desbordes en una manifestación.

Todo esto bajo el cada vez más grande y pesado manto de sospecha de que todas las manifestaciones de los sectores sociales y trabajadores son infiltradas desde los “servicios de inteligencia” (palabra que está quedando cada vez más grande) para generar los focos de violencia que habilitan la represión generalizada. Ni fotos, ni filmaciones, ni el testimonio de los participantes, nada sirve para que se investigue la relación entre los violentos que inician las acciones y las fuerzas represivas del Estado, que hace mucho dejaron de ser las garantes de la seguridad de los ciudadanos y cada vez más son las fuerzas que blindan la propiedad privada de los privilegiados.

El colmo de la ruptura del tejido social fue la invitación de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la sociedad a armarse. “El que quiere andar armado que ande armado, el que no quiere estar armado que no esté armado, Argentina es un país libre”, con una dicción que volvía sospechosa su lucidez. El agravante es que estas declaraciones fueron después que el Poder Judicial encontrara culpable al policía Chocobar. Para reforzar la ideología del Estado de control sobre la vida de los ciudadanos, el gobierno retrasa el concepto de Estado de derecho 200 años, cuando el accionar de las fuerzas de seguridad estaba por encima de los derechos humanos. Profundizando lo que se conoce como “doctrina Chocobar” (habilitación para disparar y después preguntar, sin considerar las consecuencias), en la resolución 956/18 se relajan los condicionamientos para el uso letal de las armas de fuego. Se pasa de la recomendación de usar “todas las técnicas y tácticas policiales que privilegian el resguardo de la vida e integridad física de las personas”, como figuraba en el Manual de Capacitación Policial de la Policía Federal a “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”, como indica el inciso “b” e incluso “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal” (vaya habilitación de la subjetividad). Esto termina con la doctrina de la Corte Suprema que reza que ante la duda se resuelva a favor del reo (in dubio pro reo), garantizado por la Constitución Nacional (art. 18 “…nadie puede ser penado sin juicio previo”), y pone en mano del agente estatal la decisión de culpabilidad de quien esté envuelto en un hecho delictivo. Agravado por los sesgos segregatorio de clase que se imparten desde los medios que refuerzan el sentido común de guerra de todos contra todos, o para ser más específicos, de pobres contra pobres, es fácil presumir quienes serán las víctimas de esta habilitación del gatillo fácil. El Estado ya no solo posee el monopolio de la fuerza, ahora se arroga el monopolio de la decidir sobre la vida y la muerte.

La apuesta del gobierno sigue siendo la de construir al monstruo populista de izquierda al cual sostiene desde sus medios de comunicación afines y los call-centers comandados por Marcos Peña. La polarización con la dirigente que tiene mayor caudal de votos propios ahonda lo que a operador periodístico Jorge Lanata se le antojó llamar “la grieta”. Esto pone a la sociedad en dos lados, los corruptos, ladrones y vagos que vivieron de las dádivas del Estado paternalista liderado por la Jefa de una asociación ilícita populista de izquierda setentista, por un lado, y los nobles emprendedores que decidieron hacer su camino independientemente, del otro. Esta ficción extremada le costó la vida a Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los docentes Sandra Calamano y Rubén Rodriguez, los nueve presos del incendio en la comisaría de Esteban Echeverría (con el agravante que uno de los detenidos, Carlos Corvera, debería haber estado, por orden judicial, libre esperando su proceso) y los siete detenidos de la comisaría de Pergamino que murieron en un incendio el año anterior, mostrando que la política pública del gobierno es no hacer nada por el respeto de los derechos humanos y mucho menos de aquellos que le suspenden algunas de las garantías constitucionales por haber cometido un delito.

Persecución a periodistas y medios que no se alinean con el gobierno, intromisión en las redes sociales de los trabajadores estatales, señalamiento desde los medios de comunicación oficialistas a los luchadores como grupos que buscan vivir de los impuestos cobrados a esa entelequia que denominan “clase media”, rescate de los estafadores financieros y, ahora, las nuevas víctimas del voracidad populista que son los empresarios cartelizados o monopólicos de la obra pública en la operación mediática de “los cuadernos”. Todas estrategias político comunicacionales que dividen en lugar de unir

Ninguna de las acciones políticas de la administración de Cambiemos apunta a morigerar las disputas por el discurso. Luego de ver puesta en cuestión el pensamiento hegemónico de la derecha, volvieron con más fuerza en la imposición del pensamiento único.

Lucha contra el narcotráfico

Este es el tema más difícil para desarrollar. La página del ministerio de Seguridad no da demasiada información oficial, más allá de la publicidad del plan “Argentina sin narcotráfico” y “Narcotráfico cero” dónde se muestra un mapa con detalles del movimiento de narcotráfico. Solo la publicidad de quemas y decomiso de drogas que no dejan en evidencia el desmantelamiento de ninguna red con contacto internacional y mucho menos de responsables del negocio más perfecto del neoliberalismo, que es el tráfico de narcóticos hacia los centros desde la periferia.

Dato de color fue la denuncia del periodista de Página 12, Carlos Rodriguez, que intentó concurrir a la invitación de la quema de seis toneladas de drogas decomisadas, pero no fue tan fácil de acceder para quienes podrían incomodar con algunas preguntas. Más allá de la publicidad dónde se ve a dos jóvenes y a la Ministra Bullrich tirar panes con estupefacientes al incinerador, ningún nombre importante resuena como responsable imputado de semejante cantidad de sustancias ilegales. El problema mayor de la propaganda política es que se acaba frente a las políticas realmente implementadas.

En los barrios del Gran Buenos Aires o Rosario los crímenes por ajuste de cuentas lejos de decaer se replican cada vez más violentamente. El asesinato de la piba Xoamara Méndez Morales se llega a descubrir por que los perejiles que llevaban el cuerpo no pudieron evitar un control policial y no por el trabajo de inteligencia que debía investigar su desaparición. O el caso de Nahuel Duarte, que tenía 16 años cuando fue asesinado en el barrio Ludueña de Rosario mientras caminaba junto a un amigo y dos hombres lo ultimaron de un balazo. Ese crimen se cuenta dentro de una saga de cuatro crímenes más ocurridos en distintos puntos de la Provincia de Santa fe y todos tienen algún tipo de vinculación con el tráfico de drogas y sus “soldaditos”, como llaman a los pibes y pibas que sin ninguna política estatal que los contengan se entregan a las bandas que controlan las ciudades con la anuencia de las fuerzas de seguridad y sus contactos con el poder político. Tal como lo demuestran los casos de los policías rosarinos y sus contactos con los traficantes a los cuales cubría su jefe Hugo Tognoli o el caso de Iván Blizniouk, jefe del Área de Relaciones Institucionales Policiales, que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza acusado de traficar, en el último año, 300 kilos de cocaína.

El ignomioso fallo que se dictó por el femicidio de Lucía Pérez, caso tratado con mucho y mejor detalle en esta revista, desde las políticas gubernamentales de prevención del tráfico de drogas también es bastante gravoso. Los femicidas Matías Frías y Daniel Offidany fueron sentenciados por venta de estupefacientes a ocho años de prisión. Tuvo que ser asesinada violentamente Lucía para desbaratar una banda de narcotraficantes que les vendía a adolescentes. Y esto es, nuevamente algo que se desprende por otra línea de investigación y no por el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Tal vez sea como dice la diputada Elisa Carrió, correligionaria de la ministra, que declaró que la gendarmería le miente a Patricia y le entrega pequeñas cantidades de droga para que pueda mostrar en los medios, y que mientras la engañan, el negocio sigue.

Tal vez la promesa se haya basado porque conocían a algunos de los dueños del negocio, como el intendente de Paraná Sergio Varisco, que llegó de la mano del presidente Macri al gobierno municipal y hoy está destituido de su cargo y procesado por sus contactos con traficantes, más específicamente con Daniel “Tavi” Telis, quien había aportado en la campaña de Cambiemos y como contrapartida desde el municipio le entregaron partidas presupuestarias al jefe de la banda para ayudarlo a reflotar su negocio. No pudieron despegar del todo a los participantes de esta asociación, más allá de que la ministra Bullrich twitteara que nadie estaba por encima de su lucha contra el narcotráfico cuando encausaron a la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, y al concejal Pablo Hernández, ambos radicales. Pero las redes de la ministra callaron cuando quedó imputado el presidente de la juventud PRO paranaense, Emanuel Gainza, por sus contactos con el tráfico de cocaína. Este silencio generó ruido dentro de la coalición radical-PRO, y hasta llegan a mirar de reojo al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que habría, según sospechan los correligionarios del intendente, operado contra Telis para impedir su acceso a la candidatura a gobernador de la Provincia de Entre ríos. O tal vez hayan venido a resolver el flagelo de los roedores narco, aquellos que según la policía bonaerense de la seccional de Pilar se habían comido cuatrocientos noventa y cinco kilos de marihuana de los seis mil incautados, aunque según las pericias de Gendarmería habían sido ochocientos cincuenta, revelando lo peligroso y voraces que pueden llegar a ser las ratas que están en la policía, si se cartelizan (solo por si hiciera falta aclarar me refiero a los roedores).

Los medios nacionales no dan mucha información sobre estos crímenes y la “inseguridad” queda oculta en las páginas interiores de las ediciones en papel y hay que bucear en las páginas digitales de estos en las noticias policiales para dar con alguna información. Parte también del blindaje ideológico que recibe el gobierno a cambio de pauta.

El trienio perdido

A tres años de la llegada a la Casa Rosada de Mauricio Macri no hay ningún parámetro económico, social o político que pueda mostrar que se desarrollara con éxito. La Argentina ha vuelto a tener presos políticos, desde Milagro Sala, ni bien llegado Cambiemos al poder, hasta el ex ministro y diputado destituido Julio De Vido junto con el ex vicepresidente Amado Boudou, que son víctimas de la persecución judicial y del avance ideológico contra el populismo de izquierda. Las PyMEs y hasta las grandes empresas están sufriendo la decadencia del plan de apertura que entregó hasta la obra pública a empresas extranjeras, bajo la forma de proyectos Participación Público Privada incentivados por “la Embajada” y sellados luego de las reuniones del G-20. Los cines, teatros, libros y cualquier otra expresión y manifestación cultural quedaron relegados por las angustias que genera sobrellevar la vida diaria.

Los mejores tiempos de esta administración se remontan apenas al primer semestre de 2017, cuando creció la inversión en obra pública con fines de superar con éxito las elecciones de medio término, y se estiraron hasta el tercer trimestre, pero fueron el rebote del peso muerto que apenas les permitió lograr el objetivo. Este año se desmoronó el castillo de naipes y la estrategia gubernamental es echar culpas fuera del manejo político, ya sea por la sequía o por las guerras comerciales de las potencias que se disputan la hegemonía global, pero nunca por sus propias acciones. La caída pronunciadísima de Macri en las encuestas, que arrastra a la esperanza blanca que es María Eugenia Vidal, refuerza la ley de que la comunicación política termina en la aplicación política. Solo les queda la polarización frente a la ex presidenta Cristina Fernández.

Ni pobreza cero, ni unión de los argentinos, ni caída del narcotráfico: ninguna de las esperanzas que lo llevaron a conseguir la pobre diferencia en la segunda vuelta electoral de 2015 tuvo un correlato en la realidad. Puede que sean por esto las lágrimas del Presidente Macri en la gala del G-20 en el Colón.

 

 

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