Juan Guaido, el líder desconocido

Por Nahuel Riberas[i]

El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela luego de asumir como presidente de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, cuando sucedió a Omar Barboza. Guaidó es un joven de 35 años que integra el partido Voluntad Popular, pero era un personaje desconocido y de escasa influencia dentro de la política venezolana hasta la actualidad.

Venezuela se halla inmersa en un conflicto de poderes desde comienzos de 2016, cuando la Asamblea Nacional quedó conformada con una holgada mayoría opositora como resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Desde entonces, las decisiones del parlamento fueron neutralizadas mediante fallos del Tribunal Supremo de Justicia, que declararon al Poder Legislativo en “desacato” por presuntas irregularidades en la elección llevada a cabo en el estado de Amazonas.

A comienzos del 2017, la Asamblea Nacional controlada por la oposición desconoció la figura del presidente e, inclusive, lo acusó falsamente de abandonar su cargo, motivo por el cual Maduro decidió promover la Asamblea Nacional Constituyente, actualmente integrada por chavistas. Las tensiones entre el Parlamento y la Justicia son comunes en diversos países del mundo, pero en este caso, la oposición las utilizó malintencionadamente para denunciar una “ausencia de democracia” en el gobierno de Maduro.

Si bien Guaidó basó su autoproclamación como presidente en el artículo 233 de la Constitución venezolana, en realidad, esta señala que sólo “serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato…”. Recordemos que Maduro fue reelecto presidente de Venezuela en 2018 con más de cinco millones de votos, por encima del opositor Henri Falcón, en unas elecciones que contaron con 54% de abstención por parte del electorado.

Dado que ninguno de los preceptos mencionados en el artículo 233 se ha dado en Venezuela, la autoproclamación de Guaidó debe ser calificada de inconstitucional ya que, aunque se diese alguno de los casos señalados en el artículo, el vicepresidente (y no el presidente de la Asamblea Nacional) es el encargado de tomar el poder en reemplazo del presidente, como ya sucedió en el golpe de Estado de 2002, cuando Hugo Chávez fue reemplazado temporalmente por su entonces vicepresidente, Diosdado Cabello.

Sin embargo, luego del evento, miles de manifestantes se congregaron en diversos puntos de la capital venezolana y demás países para apoyar a Guaidó, lo que dio lugar a serios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Donald Trump fue el primer líder internacional en reconocer su cargo, actitud que continuaron, entre otros, los líderes de Argentina, Alemania, España, Canadá, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y Ecuador.

Quitar a Maduro del poder parece un objetivo acuciante entre la oposición venezolana y algunos líderes internacionales, que no dudaron en utilizar paramilitares y agentes terroristas para atacar y destruir hospitales, escuelas y oficinas gubernamentales, además de degollar a motociclistas y quemar vivos a jóvenes chavistas. La sociedad venezolana comenzó a fracturarse y a vivir un estado de caos que acabó en una guerra civil aún vigente.

Lawrence Eagleburger, exsecretario de Estado de George Bush, había reconocido la guerra económica de Estados Unidos a Venezuela, argumentando que “debemos usar las herramientas económicas para hacer que la economía venezolana empeore, de tal manera que la influencia del chavismo en el país y en la región se vaya a pique (…). Todo lo que podamos hacer para que la economía venezolana se hunda en una situación difícil, está bien hecho”.

A pesar del bloqueo bancario, alimenticio y sanitario ejecutado por Estados Unidos, similar al llevado a cabo en Libia, Siria y Afganistán, Maduro no ha paralizado las políticas sociales ni el pago de la deuda soberana. La injerencia de Estados Unidos, que no descartó una intervención militar contra Venezuela, infringe el principio de autodeterminación de los pueblos, que recoge los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

No hay duda de que Estados Unidos está ávido de llevar a cabo un golpe de Estado para iniciar nuevos contratos petroleros en Venezuela, el país con mayores reservas de oro negro del mundo. Guaidó, que recibió de parte de Trump el control de activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses el 29 de enero, intentó en los últimos días convencer a China y Rusia de que ellos también se beneficiarían de un cambio de gobierno y de la apertura del sector petrolero; las dos potencias mostraron un fuerte rechazo tanto a la nueva política occidental de reconocer a Guaidó como a las sanciones petroleras promovidas por el país del norte.

El acuerdo elaborado por la comisión facilitadora de las conversaciones, que buscaba una salida pacífica al conflicto entre la oposición y el Ejecutivo, fue desechado a comienzos de 2018 luego de que los opositores recibieran una llamada de Washington que les ordenaba no firmar el mismo, lo que generó consternación en algunos de los facilitadores partícipes, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se expresó públicamente por medio de una misiva.

La presión social, la violencia y el ahogo económico dan muestra de que se acentuarán en Venezuela del mismo modo que la ausencia del Estado de derecho. La gran pregunta es si Venezuela, al igual que el mito de Edipo, logrará escapar a su trágico destino o simplemente, bajo cualquier medida que se tome, terminará precipitándose a él.

[i] Analista en Relaciones Públicas.

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