Lula Condenado

Por Nahuel Riberas [1]

 

Hasta hace poco menos de un año, la candidatura a presidente de Luiz Inácio Lula da Silva asomaba como ampliamente posible de triunfar en las elecciones presidenciales de Brasil. Sin embargo, el panorama político se modificó a ritmos vertiginosos tras una condena por corrupción caracterizada por una serie de atropellos jurídicos (escuchas ilegales, pruebas inexistentes, prisiones preventivas, ladrones que declararon como arrepentidos) que obligó a Lula a renunciar a su candidatura el pasado 11 de septiembre de 2018, momento en el que un diputado de extrema derecha comenzó a asomarse por encima del dirigente del PT. Ahora, una nueva condena a doce años y once meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, dada a conocer ayer por la jueza Gabriela Hardt, parece reafirmar la idea de que algo cambió en la sociedad y política latinoamericanas.

La sentencia de ayer señala que Lula fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas efectuadas en una casa de campo que el expresidente frecuentaba en San Pablo. Según la investigación, estas empresas pagaron las obras con recursos desviados de contratos con la petrolera estatal Petrobras. Si bien el fallo puede ser apelado, la defensa de Lula alega que el expresidente nunca fue informado de las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de los delitos que se le imputan, además de que se está montando una persecución política hacia su persona. Otras doce personas fueron denunciadas en este proceso, entre ellos Marcelo y Emilio Odebrecht, de la tan polémica constructora que lleva su apellido. Curiosamente, Jair Bolsonaro, que se benefició en las últimas elecciones con la ausencia obligada de Lula, había predicho que el líder del Partido de los Trabajadores “se pudriría en la cárcel”.

Según Vicente Palermo, supo haber en nuestra región “gestiones de gobierno encabezadas por fuerzas políticas de base popular que, de un modo u otro, identificaron la política con la corrupción. Esta identificación era tal porque, supuestamente, sin corrupción, la política, la perpetuación del grupo político dominante, eran imposibles”. Al respecto, el juzgamiento, la espectacularización de causas por corrupción y finalmente, la prisión de los principales líderes de izquierda, parecen asomar como las principales tendencias dentro de la política latinoamericana, posiblemente, para neutralizar candidaturas que impliquen un regreso del Estado de bienestar y compitan con los candidatos de derecha.

Cuando Lula afirmó que el objetivo de su gobierno sería que “la mayoría de los brasileños comiera tres veces al día”, dejaba en claro también la urgencia de erradicar los altos niveles de pobreza y desigualdad presentes en su país. Fue así que, durante su gobierno (2003-2011), los niveles de desigualdad y pobreza descendieron, y se elevaron los salarios, la demanda interna y la formalización del trabajo. Esas estadísticas se mantuvieron durante la primera presidencia de Dilma Rousseff, su sucesora, aunque no ocurrió lo mismo durante su segunda gestión donde, inesperadamente para su electorado, su plan económico tomó un viraje hacia la derecha de la mano del economista Joaquín Levy. A pesar del reciente decrecimiento económico, Brasil continúa siendo una de las mayores economías mundiales. La oposición buscó, desde el comienzo, que Dilma no concluyera su mandato, al comienzo con denuncias de fraude electoral y más tarde, con movilizaciones al grito de “Fora Dilma”, que fueron cubiertas ampliamente por los principales medios masivos de comunicación.

Muchos analistas coinciden en que la reducción del salario de la población, a comienzos de la segunda gestión de Rousseff, acentuó el descontento popular y dio luz verde a otras problemáticas, menos presentes hasta ese momento, vinculadas a la corrupción y la deficiencia de los servicios públicos. Otros señalan que fue el aumento del poder adquisitivo lo que determinó una mayor libertad del electorado a la hora de votar por gobiernos que promulgaban la transparencia y actualmente amenazan con derribar conquistas históricas.

La crisis se acentuó notablemente luego de la destitución (“impeachment”) llevado a cabo en 2016 contra Dilma bajo una acusación de corrupción completamente infundada pero efectiva para el ascenso al poder del centroderechista Michel Temer, su vicepresidente, que no necesitó de pasar por las urnas. A diferencia de Lula, su breve gestión se caracterizó por la flexibilización laboral, el ajuste en el gasto público y la desacreditación de las mayorías. Un funcionario de la BBC afirmó, en este sentido, “prefiero un presidente homofóbico y racista a uno que sea un ladrón”.

La denominada Operación Lava Jato involucró, aunque de manera controversial, a las principales empresas constructoras del país, funcionarios políticos de toda índole y ejecutivos de una de las mayores empresas mundiales de petróleo, lo que comenzó a dañar la estabilidad política de Brasil. La judicialización de la política fue tal que se llegó al extremo de destituir a una presidente elegida democráticamente y encarcelar al principal líder de la oposición. No existen índices confiables que indiquen un aumento en los niveles de corrupción, aunque sí podemos decir que en los últimos años se ha constituido en un problema de interés general en América Latina, de modo que es importante preguntarse, como señala Sebastián Pereyra, por qué la corrupción se volvió intolerable para una mayoría de la población que celebra sus pequeñas inmoralidades diarias y que convierten a este flagelo en un fenómeno ascendente (de la población a sus funcionarios).

El rol de los medios de comunicación, tanto en Brasil como en Argentina y Ecuador, también se pone en cuestionamiento. En un contexto de exhibición compulsiva, muchos de ellos, o quizá la mayoría, ponen el foco en magnificar denuncias y volverlas escándalo por encima de brindar información de calidad a sus espectadores y lectores. Los escándalos llevan invariablemente a un castigo basado en el escarnio público. La incógnita es: ¿la corrupción es un tema opinable?, ¿la población cuenta con la suficiente información para dictaminar sobre la situación legal de un funcionario?

El escenario que se plantean los medios es el de visibilizar al acusado, aunque su delito no estuviese probado, en contraposición al ciudadano honrado o que dice serlo. Toda esta fricción social acabó en un avance de la derecha, hoy convertida en poder, que intencionalmente ha logrado reemplazar el debate político por el de la corrupción. Los discursos basados en la misoginia, la homofobia y el racismo lograron un rápido éxito en una gran parte de la sociedad brasileña, descreída de la política como arma para lograr el bien común. Los sindicatos han perdido poder ante el avance de las iglesias evangélicas y los militares lo han ganado paralelamente en detrimento de las mayorías que, por primera vez en la historia, optaron por elegir un candidato que no planteó ninguna política a favor del pueblo y que, además, representa a la antipolítica.

Noam Chomsky denunció en 2018 que “los cargos contra Lula, incluso si uno los pudiera acreditar, no pueden posiblemente tomarse en serio como base en el castigo que se ha administrado para apartarlo del sistema político. Todo esto lo clasifica como uno de los presos políticos más significativos del período actual”.  Bajo este contexto de hostigamiento, que se viene replicando desde Brasil hacia el resto de los países de Latinoamérica, es indispensable retornar al debate político como arma para combatir el vacío que deja el neoliberalismo y lograr hacer un frente partidario unificado capaz de vencer el retroceso que implican muchas de sus políticas.

 

 

[1]Analista en relaciones públicas

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