Estado de derecho oligárquico y justicia (Pro)electoral

Por Cristian Taborda

Los últimos procesamientos del juez Claudio Bonadío a 92 intendentes vinculados al peronismo por malversación de fondos públicos desde el periodo 2003-2015, no hacen más que exhibir y exponer deliberadamente la relación íntima entre el poder ejecutivo y el judicial. Está medida se toma días después de que la gobernadora María Eugenia Vidal decidiera no desdoblar las elecciones bonaerenses, alineándose a las órdenes de Marcos Peña, que es quien lleva las riendas de las decisiones en materia electoral junto a Duran Barba. Vidal decidió hacer el sacrificio e ir por todo o nada acompañando a Mauricio Macri en la boleta, haciéndose cargo de las consecuencias que eso podría llevarle ante la desaprobación de la gestión del actual presidente y la caída de imagen que llega a rozar el sesenta por ciento según las principales encuestadoras, la gobernadora pondrá en juego su proyección y capital político.

Estos procesamientos, tomados como un acto de extorsión por los intendentes y el Partido Justicialista de la Providencia de Buenos Aires, desnudan el intento de domesticar a la oposición que trabaja fuertemente en un armado amplio (con gran anclaje en el kirchnerismo) para confrontar con la gobernación. Esto se debe a que la imagen de Cristina Kirchner en la provincia supera ampliamente el cincuenta por ciento en algunas secciones electorales y esto inquieta al gobierno. En cambio, para los intendentes es absolutamente necesario apoyarse en la ex presidenta para lograr retener sus jurisdicciones.

La inquietud de la alianza gobernante no queda ahí, sino que por lo bajo sospechan un principio de acuerdo entre el kirchnerismo y el massismo, al menos en la provincia de Buenos Aires, lo que dilapidaría el intento de reelección de la gobernadora y pondría en jaque un segundo mandato del presidente.

La imagen e intención de voto que sostiene la senadora de Unidad Ciudadana, a pesar de las diversas acusaciones por hechos de corrupción, el desprestigio mediático y el desgaste de haber estado 8 años en el gobierno, asociada al malestar social, la desesperanza y desilusión de gran parte del electorado que voto y creyó en Cambiemos. Esto se suma al principal problema, que es la economía, y actúa como una combinación explosiva para un gobierno sin logros para mostrar, situación que lo lleva a anclarse en la judicialización de la política con el único objetivo de sobrevivir persiguiendo a la oposición y posicionando al kirchnerismo como una banda delictiva. La estrategia despierta cierta esperanza teniendo en cuenta el caso de Brasil, que arranco con la destitución de Dilma Roussef, y la prisión de Lula, que llevaron a Bolsonaro a la presidencia.

La unidad del peronismo aparece como la gran encrucijada para Cambiemos, por otra parte, también deberá mantener la estabilidad ficticia del dólar, que según analistas económicos de la ortodoxia se pondrá en riesgo a medida que se acerquen las elecciones. Una desestabilización cambiaria arruinaría cualquier expectativa electoral y haría impredecible el escenario de cara a octubre.

Hay una gran paradoja que desvela al gobierno, y que puede ser su llave a la reelección o su final. Si Cristina es candidata puede y tiene chances de ganar, algo que sería inimaginable e inadmisible para una parte de lo que se denomina “círculo rojo”. Al mismo tiempo tanto para Duran Barba, principal asesor del presidente, como para el jefe de gabinete, Marcos Peña, la candidatura de la senadora es lo que garantiza la reelección ante el desastre económico.

La otra disyuntiva radica en que, si Cristina Kirchner desiste de ser candidata y hace su “renunciamiento”, sentenciaría definitivamente cualquier posibilidad de reelección. Ante esta situación se presenta una alternativa que dejo entrever un prestigioso periodista hace pocos días: “candidata o presa”, donde la segunda opción deja múltiples posibilidades de acontecimientos no previstos: ¿se animaría el gobierno a asumir los costos de encarcelar a la principal dirigente de la oposición en plena campaña electoral?

Para llevar adelante ese objetivo es indispensable contar con el consentimiento de una parcialidad de la justicia como nunca antes visto, ya que se dictaría una sentencia con condena firme, lo necesario para que el Senado realice el desafuero según la doctrina Pichetto, y con una velocidad inusitada tratándose de un juicio por hechos de corrupción. No sólo alcanza con la justicia oficialista, sino que además tamaña empresa necesitaría un aval de la opinión pública, el consenso incondicional de los grandes medios de comunicación, y un giro judaico en el Senado. Nada fácil, pero no imposible cuando la realidad aprieta.

Los movimientos que se vienen dando hace unas semanas en Comodoro Py en relación a los procesamientos y declaraciones indagatorias, evidencian las maniobras de un poder judicial al servicio electoral de una minoría que gobierna. En él se plasma un Estado de derecho oligárquico, tal como define el filósofo francés Jaques Ranciere: “donde una minoría profesionalizada y supeditada al poder económico monopoliza la representación política y excluye de facto de la participación política a la mayoría”.

Lo que se busca lograr con la judicialización de la política a través de un Estado de derecho oligárquico es prohibirle al pueblo la posibilidad de elegir. La utilización de la justicia para perseguir y deslegitimar ex funcionarios, candidatos, intendentes, gobernadores, sindicalistas, empresarios y periodistas busca la desmoralización y destrucción de la persona para invalidaría ante la opinión pública, en complicidad con los medios, que montan campañas de desprestigio que funcionan análogamente a los “dos minutos de odio” que narraba Orwell en “1984”.

Una vez deshumanizado, y considerado el enemigo como alguien al que se debe eliminar, incluso dando “la propia vida” (Mirtha dixit), se pueden limitar las posibilidades de que mirar, escuchar, leer y votar, para luego hacer una preselección sobre candidatos que pasen cierto control de calidad, candidatos que garanticen el statu quo y se subordinen a la actual política internacional en la cual Argentina se encargue de ser el proveedor de materias primas de las grandes potencias. No puede obviarse que en el ajedrez internacional EEUU se encuentra en guerra comercial con China, y cuenta además con productos que vender para mantener el superávit comercial y exportar su trabajo al mundo.

Alineado a estos intereses foráneos, el macrismo proclama un Estado que funciona al servicio de una minoría, donde el ajuste y el achique del gastó no recaen en el sector público, sino en el privado y principalmente en los trabajadores, los generadores de riqueza. La propuesta es volver a un estado pre-peronista, por lo que se busca deshacer todos los derechos logrados por y para los niños, trabajadores y jubilados. Volver a un estado de una dimensión pre-capitalista en muchos aspectos, en el cual se desplome el consumo y la inversión, algo insólito para cualquier país inserto en un sistema capitalista global. Es la vuelta a un proceso de reorganización oligárquico, a un Estado de derecho oligárquico, en el cual se le garantiza sólo la justicia a la minoría gobernante, mientras el pueblo queda excluido.

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