Gerardo Morales contra los inmigrantes

Por Nahuel Riberas[i]

El gobierno de Gerardo Morales impulsó que la Legislatura de Jujuy aprobara la imposición de un seguro de salud para los extranjeros que visiten el distrito y requieran atención médica. La denominada ley 6116, que faculta al Ejecutivo a reglamentar las autorizaciones, modalidades y valores retributivos por la prestación del servicio sanitario a extranjeros, fue calificada inmediatamente de inconstitucional por la oposición.

El caso de Manuel Vilca, que se vio impedido de continuar su tratamiento de salud en Bolivia por los altos costos, volvió a encender la polémica. Sobre este aspecto, la Encuesta de Protección y Seguridad Social (Enapross), cuyos resultados fueron publicados en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detectó que “casi 6 de cada 10 migrantes sudamericanos, sobre todo aquellos arribados durante los últimos 20 años, dispone y utiliza solamente la cobertura para la atención de la salud que brindan los hospitales públicos y los Centros de Atención Primaria”. Sin embargo, el informe destaca que “de todas maneras, dada la escasa prevalencia de la población migrante sudamericana sobre la población total, en realidad el impacto que ella ejerce sobre los servicios que prestan los hospitales públicos y los CAPS resulta escaso”.

Sobre este aspecto, el artículo 20 de nuestra Constitución señala que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias…”; de modo que no es disparatado calificar a esta ley de anticonstitucional.

Muchos autores señalan que una característica común de los gobiernos actuales de la región es la imposición de un sistema de pobres contra pobres, que instan al ciudadano común a odiar a su par extranjero y hasta culparlo por la inseguridad y otros males que aquejan a su país, como está sucediendo en Brasil o Estados Unidos. Este sistema, que por un lado lleva a despreciar a los actuales inmigrantes y enaltecer a los europeos que poblaron nuestro país a comienzos del siglo XX, funciona como un mecanismo de distracción ante otras problemáticas que invariablemente conducen a la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Si los niveles de desempleo aumentaron o si la deficiencia en la salud pública también lo hizo, no es a causa de los inmigrantes sino de los recortes que se vienen dando en todas las áreas públicas y a la destrucción de pymes y puestos de trabajo.

Esta ley es solo una de las tantas que a lo largo de la Historia aportaron su grano de arena a la xenofobia del argentino hacia el inmigrante. Los europeos de antaño no recibieron un trato muy distinto al de los latinoamericanos en la actualidad. La primera y más importante de las leyes para prevenir el descontento entre los inmigrantes estuvo dirigida a controlar a los grupos anarquistas y socialistas que crecían entre los conventillos. La denominada Ley de Residencia fue usada para arrestar y deportar a 600 activistas políticos al día siguiente de su promulgación y continuó funcionando hasta los años 50 para barrer con quienes luchaban, aunque con métodos violentos, por modificar la injusticia social.

El problema surgió cuando la ley 4144 fue usada, años más tarde, para impedir la llegada de inmigrantes de “razas no deseadas”, a las que se les imputaba alguna clase de activismo político, cuando en realidad la negativa se originaba en que pertenecían a grupos judíos, eslavos o gitanos, perseguidos por los fascismos en los países europeos. La prohibición a darles refugio implicó, en muchos casos, su muerte en los campos de exterminio.

Algunos años después, en la mañana del 10 de enero de 2001, la inmigrante boliviana Marcelina Meneses viajaba en un tren junto a su hijo de tres años, Josua, al que llevaba para que fuera atendido en el Hospital Finochietto. Cuando Marcelina se dirigió a la puerta para bajar, rozó con uno de sus bolsos a un hombre, que le gritó “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. Julio Giménez, un pasajero que viajaba en el mismo vagón, intentó mediar, pero un grupo de obreros lo increpó al grito de: “¿Qué defendés vos?, si estos bolivianos son los que nos vienen a quitar trabajo, igual que los paraguayos y los peruanos”. Luego, le preguntaron: “¿Vos qué sos? ¿Antipatria?”. Poco después, uno de los obreros empujó a Marcelina, que cayó del tren en movimiento y murió en el acto, al igual que su pequeño hijo. La causa judicial nunca avanzó y el crimen permanece impune.

Según el Censo de 2010, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos, es decir, sólo el 4,6% de la población local. A pesar de estas cifras contundentes, el 81% de los argentinos considera que la inmigración es mala para la economía de un país, según una encuesta internacional que realizó la consultora Ipsos. No es de extrañar, entonces, que los actuales gobernantes y los medios de comunicación tomen esos índices para lanzar políticas y titulares que lleven implícito ese sentimiento xenófobo. Al mismo tiempo, es curioso señalar que la mayoría de los ciudadanos tenga estas percepciones dado que Argentina fue, desde sus inicios, poblada por diversas etnias y calificada como un “crisol de razas” desde el siglo XIX. Ante este hecho, muchos no dudan en distinguir que los inmigrantes de aquel entonces eran distintos a los de la actualidad pues los primeros venían “a trabajar” y los segundos “a delinquir”.

Según Alain Rouquié, Argentina recibió 6.330.000 inmigrantes entre 1857 y 1930, de los cuales solo permanecieron en el país 338.500. No es cierto, por otra parte, que los inmigrantes desplazan a trabajadores pobres argentinos. Simplemente ocupan nichos laborales que, por las más diversas razones, los argentinos desprecian dada su informalidad, mala remuneración o clima laboral, como el servicio doméstico o la construcción. Vale decir que las verduras que consumimos en su inmensa mayoría están producidas por bolivianos, al igual que una parte no menor de las prendas de vestir que llevamos. Otro de los mitos prejuiciosos que rondan especialmente en las redes sociales es el de los falsos altos índices de delincuencia vinculados a la inmigración.

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP, Ministerio de Justicia de la Nación), sólo el 6% de los presos en el país son extranjeros, cifra que se mantuvo estable durante los últimos 10 años. Cabe señalar que son erróneas, en este sentido, las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con respecto a que “el 20% de las personas detenidas son extranjeras”. Los funcionarios del gobierno, por su parte, parecen no incluir en estos índices al magnate británico Joe Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri, que compró ilegalmente tierras protegidas y fronterizas frente a Lago Escondido, o al empresario italiano Franco Macri, padre del presidente, que evadió impuestos a lo largo de su carrera empresarial.

La nueva ley sancionada por el gobierno de Morales, en definitiva, se suma a los recientes hostigamientos de parte de la policía federal a los manteros senegaleses y el endurecimiento de la Ley de Migraciones. Desde Amnistía Internacional, manifestaron su preocupación ante lo que consideraron una política regresiva que genera impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país.

En conclusión, se debe tener cuidado al momento de hablar sobre un determinado colectivo porque, especialmente si no se cuentan con datos oficiales, se puede caer en la discriminación y la estigmatización, además de poner en riesgo conquistas históricas para aquel sector que, además de afrontar el desarraigo, debe aprender a lidiar con el racismo en el ámbito laboral y de su comunidad.

 

[i] Analista en Relaciones Públicas

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