Los pibes como rehenes

Por Facundo Ariel Pajon[1]

En al menos cuatro periódicos[2] de gran relevancia en nuestro país, se publicaron artículos cuestionando el accionar docente, las posibles soluciones incluyeron desde crear cuentas a través de las cuales las familias puedan financiar el futuro educativo de sus hijos (modelo estadounidense), hasta la prohibición de las huelgas docentes (modelo alemán).

De este modo arranca febrero en un año electoral, donde la educación -siempre- es tema clave. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿Lo único que debe debatirse son los días de clases?, ¿Qué sucede con los jóvenes que abandonan la secundaria?, ¿Tienen los gobiernos nacional y provinciales políticas que permitan a los ciudadanos jóvenes culminar sus estudios?, ¿Son los paros la principal razón de los “malos resultados” en las escuelas?, ¿O, por el contrario, es el sistema expulsivo y meritocrático lo que impide que los adolescentes puedan culminar sus estudios en tiempo y forma?

Comencemos por el comienzo: ¿Quién garantiza el derecho a la educación en Argentina?

Desde la Constitución Nacional hasta las leyes que promulgan el cumplimiento de su derecho, la normatividad referida a la educación obligatoria se encuentra respaldada desde el año 1853.

El art. 14 de la Constitución Nacional (CN) del 83 estableció que “todos los habitantes de la nación gozan –entre otros- del derecho a enseñar y aprender, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”.  Es decir, que no sólo es un derecho para los ciudadanos y ciudadanas argentinos, sino que corresponde a todo aquel que “habita” en suelo nacional.

No obstante, hasta la aprobación de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 del año 1993, no existía una ley que regule los servicios educativos y el acceso al derecho a la educación en Argentina. Esto, fue ratificado en la reforma constitucional de 1994, que estableció en su art. 75 inc. 19 que: “otorga al Congreso Nacional la responsabilidad de sancionar leyes que organicen la educación, asegurando la responsabilidad indelegable del Estado, garantizando los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal”. Fue así como la educación primaria gratuita, se extendió desde 1° a 9° año garantizando normativamente 11 años de educación obligatoria. Pero debe hacerse una salvedad. En el año 1991. mediante la Ley de Transferencia de los servicios educativos (Ley Nº 24.049); las provincias y la Ciudad de Buenos Aires debieron de hacerse responsables de la garantía del derecho a la educación en sus jurisdicciones al quedar bajo su tutela la total provisión de los servicios necesarios para la comunidad educativa.

Sin embargo, doce años después, se sancionarían en el Congreso Nacional dos leyes que ampliarían aún más los derechos de los habitantes argentinos y le re-otorgarían al Estado nuevas responsabilidades sobre la educación obligatoria. La primera fue la Ley de Financiamiento Educativo (Ley Nº 26.075/05) y la Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206/06). Por medio de ambas, el Estado asume un rol indelegable -en colaboración con las provincias y la Ciudad- en dos cuestiones fundamentales: garantizar los recursos necesarios para la prestación de los servicios educativos, comprendiendo que el incremento de la inversión garantiza la igualdad en el marco de las oportunidades de acceder, permanecer y culminar una educación de calidad; la segunda cuestión referida a la LEN, es que la misma extiende a 14 años años de educación obligatoria (1 año de nivel preescolar, 6 años de educación primaria y 6 años de educación secundaria)[3].

En suma, como se observa en la normativa nacional, la garantía del acceso, permanencia y promoción de los estudiantes de la educación primaria y secundaria en Argentina, basándonos en los principios de gratuidad, equidad e igualdad de oportunidades recae en un único y irremplazable actor: El Estado.

Entonces, ¿Por qué hablar de las huelgas docentes como el impedimento a la garantía del derecho a la educación de los jóvenes en Argentina?

Los docentes: ¿Tienen derecho a protestar?

Si nos volcamos nuevamente en el marco normativo, encontraremos lo siguiente: El art. 14 bis de la Constitución Nacional de 1994, establece, en el segundo párrafo, los Derechos colectivos del trabajo. Garantizando a los gremios el derecho a: la negociación colectiva y el Derecho de huelga. Asimismo, las leyes: Nº 20.744 de Contrato de Trabajo, N.º 23.551 de Asociaciones Sindicales y N.º 10.579 Estatuto del Docente afirman lo establecido por la CN en un marco regulatorio.

No obstante, hay quienes afirman que ambos derechos se superponen. Los detractores del derecho a huelga, sostienen que los estudiantes no pueden cumplimentar sus días lectivos debido a la protesta docente, cuando esta incluye el cese de actividades; quienes lo defienden, argumentan que un docente que no se encuentra en condiciones laborales dignas no puede brindar una educación de calidad. Pero, más allá de los argumentos de los unos y los otros, ¿Qué dicen los datos objetivos?, ¿Son los docentes responsables del abandono escolar en la secundaria? ¿O acaso es un argumento falaz que el salario mínimo de un trabajador de la educación no se encuentra dentro de los estándares establecidos por el Salario Mínimo Vital y Móvil indicado por el INDEC? Avancemos.

Acorde a un estudio realizado por el sitio Chequeado.com, hacia el mes de marzo de 2018 (últimos datos oficiales) un docente argentino cobraba un salario bruto de $18.524, es decir, sin descuentos jubilatorios y otros impuestos. Inclusive, puede observarse una enorme asimetría entre los salarios docentes fueguinos que cobran en promedio $24.900 y tienen el salario docente más alto del país, seguidos por los docentes de Santa Cruz ($23.560) y Córdoba ($23.460); mientras que en Santiago del Estero cobran $13.290, la cifra más baja de los 24 distritos del país. Le siguen las provincias de Formosa, con salarios de $14.465, y Corrientes ($14.490). En provincia de Buenos Aires, el salario promedio es de $17.970.[4]

No obstante, y si tomamos a un docente promedio con 10 años de antigüedad en el cargo, podemos observar lo siguiente. Basándonos en los datos ofrecidos por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), el salario bruto promedio es de $20.833, teniendo similares diferencias en distribución que el promedio de un docente base, mostrando sus índices más altos en Santa Cruz ($28.439), Tierra de Fuego ($27.916) y Córdoba ($27.291), mientras que en el otro extremo de la asignación de recursos nos encontramos nuevamente con Santiago del Estero ($13.291); Formosa ($15.200) y Corrientes ($15.879)[5].

Considerando que el salario mínimo vital y móvil (Resolución 3/2018) se estableció en $ 19.600, el promedio del salario bruto de un docente base estaría por debajo del mismo, de igual modo para los docentes con 10 años de antigüedad en 8 de las 24 jurisdicciones. Vale recordar que el salario bruto se calcula sin descontar: obra social, cuota sindical y aportes jubilatorios, por lo cual el salario “en mano” que perciben el promedio de docentes en todas las jurisdicciones del país se encontraría por debajo del salario mínimo acordado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

Asimismo, si quisiese corresponderse la responsabilidad del abandono escolar de los estudiantes a las huelgas docentes y la cantidad de días de clases, tampoco cabría posibilidad. Un informe realizado por UNICEF a mediados de 2017, titulado “Posicionamiento sobre adolescencia en Argentina”, reveló que medio millón de jóvenes de entre 10 y 18 años se encuentra fuera de la escuela secundaria. Remarcando que el abandono escolar “está fuertemente relacionado con la inserción temprana en el mercado de trabajo, sobre todo entre los varones, y el embarazo adolescente entre las mujeres“. Estas cifras son alarmantes, ya que el 15% de los nacimientos en Argentina son de embarazos adolescentes: 6 de cada 10 no son “planificados” y 1 de cada 10 mujeres abandona la secundaria por tal motivo o porque se aboca al cuidado de familiares.

El sistema que expulsa

De este modo, pueden concluirse varios puntos importantes. En principio cabe destacar que, si bien el promedio de clases en nuestro país ha ido disminuyendo a causa de las huelgas docentes por motivos salariales, las mismas no son significativas ni tienen correlación con en el abandono escolar juvenil.

De la misma manera, que el promedio de los docentes en todas las jurisdicciones del país perciba un salario inferior al mínimo vital y móvil enunciado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, legitíma normativamente a la protesta del colectivo de trabajadores de la educación.

Por último, es necesario señalar que ya existen normativas legislativo-financieras que se encuentran enfocadas en la resolución de problemáticas tales como el abandono escolar y la paritaria nacional docente, que de aplicarse podrían introducir reformas socialmente justas y equitativas dentro del sistema educativo. Finalmente, no existe la posibilidad de un sistema educativo justo e inclusivo en donde hay más de medio millón de estudiantes fuera de la escuela, y con la mayoría de docentes con salarios por debajo del mínimo indispensable establecido por el Estado para la supervivencia de un grupo familiar.

[1] Lic. en Ciencia Política (UNLaM) y miembro del equipo de coordinación en Fundación Voz para una Nueva Educación. (@facupajon1)

[2] Ámbito financiero: https://www.ambito.com/educard-la-mejor-estrategia-contra-los-paros-docentes-n5014710

Infobae:

https://www.infobae.com/opinion/2019/02/06/preocupante-retroceso-de-la-escuela-primaria-argentina/

Crónica:

https://www.cronica.com.ar/politica/Preocupante-doce-dias-de-paro-docente-por-ano-20190205-0055.html

El Cronista:

https://www.cronista.com/columnistas/Hay-que-prohibir-las-huelgas-docentes-20190205-0059.html

[3] En algunas jurisdicciones puede determinarse de la siguiente manera: 1 año de nivel preescolar, 7 años de primaria, 5 años del nivel secundario.

[4] La tabla de los 24 distritos puede encontrarse aquí: https://infogram.com/salario-docente-por-provincia-1h7g6kkr0ln06oy

[5] Cuadro completo en el siguiente link.: https://drive.google.com/open?id=1iFvkQwwXKN_Adll0VM4PRkeSA_OfqX-o

 

Un comentario sobre “Los pibes como rehenes

  1. Según el documento de la resolución del salario mínimo vital y móvil de 2018 que usted proporsiona, la suma de 19,500 pesos es la que piden los representantes de los trabajadores y, en realidad, a Agosto de 2018 la suma seria de 11,300 y llegaría a 12,500 recién en julio de 2019.

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