Más allá de las rejas

Por Elisa Capparelli[i]

 

Si bien no es casual que la medida se da en un año electoral y en un contexto donde las mayorías exigen que el estado refuerce su capacidad, no es menos cierto que esta inauguración tiene lugar cuando el ámbito penitenciario bonaerense ha alcanzado un récord en el número de internos que alberga.

Para corroborarlo basta con consultar el Informe Anual 2018. El sistema de la Crueldad XII. Sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, Comité Contra la Tortura, que reza: ” A diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas. En el SPB, 38.320 personas se alojaban en 20.071 plazas penitenciarias, generando otro récord: 91 % de sobre-población.

Además, del informe se desprende que, en comisarías, 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros superando el 200 % de sobre-población, y el monitoreo electrónico se aplicaba a 1.677 personas. Otro dato que da cuenta de la gravedad de la situación es que 1.269 personas se alojaban en 109 comisarías inhabilitadas por orden judicial o administrativa, es decir, en lugares prohibidos. La variación interanual de la tasa de personas detenidas fue de 24 puntos porcentuales.

Durante el año 2017 se sumaron 4.500 personas al sistema de encierro: esto supera la variación histórica más alta que correspondió al período 2000-2001, durante la gobernación de Carlos Ruckauf. En 2017 todos los complejos penitenciarios alojaron personas por encima de su capacidad. En varias unidades penitenciarias la sobre-población superó el 200 %; la Unidad 28 de Magdalena obtuvo el récord: el 246 % (aloja a 3,2 personas cada 1 plaza).

Estas cifras provocaron que, a diciembre del año pasado, la PBA tuviera 1 persona detenida cada 395 habitantes. De manera que, a la luz de los hechos, no puede objetarse la razonabilidad de la construcción de un nuevo centro penitenciario. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto de ninguna manera resuelve los problemas estructurales que el S.P.B arrastra desde hace décadas, pero tampoco puede decirse que no abastece aquel principio básico de la Administración Pública: oportunidad, mérito y conveniencia.

En este sentido, y tal como sostienen los sectores progresistas, las políticas públicas vinculadas a la seguridad de la ciudadanía debieran ser fruto de la interacción de diversas disciplinas – sociología, derecho, psicología, seguridad social, pues los motivos que la generan constituyen una amplia gama de factores, no obstante, de ningún modo pueden quedar reducidas a la falacia infantilista de “cultura y educación”, ya que cuando el Estado detenta el poder punitivo, en este caso privando de la libertad a procesados y condenados por diversos delitos, resulta responsable de garantizar óptimas condiciones de detención : a saber infraestructura edilicia adecuada y segura, higiene, sanidad, atención médica, alimentación suficiente.

Cuando la superpoblación se hace presente en los Centros de Detención las condiciones de vida básicas se tornan más difícil de garantizar, y, en consecuencia, terminan desembocando en focos de violencia intracarcelaria y corrupción penitenciaria. La experiencia demuestra que a menor hacinamiento mayor posibilidades de erradicar la violencia, y a menor violencia mejores condiciones para proyectar re inserción social. Para promover la seguridad ciudadana, es fundamental también que el Estado brinde a los detenidos herramientas que le permitan proyectar una vida alejada del delito. Y esas herramientas sólo pueden desarrollarse con inversión presupuestaria y decisión política.

Entonces, todos los internos debieran, durante su detención, poder culminar sus estudios primarios y secundarios, desarrollar un oficio, o contar con la posibilidad concreta de sostener en el tiempo la cursada de una carrera Universitaria. En especial, porque buena parte de ellos proviene de estamentos sociales vulnerables, que ni siquiera han culminado la escolaridad primaria. Y cuya detención, según sus propios dichos obedece a la escasez económica para cubrir necesidades básicas o por la adicción al consumo de estupefacientes.

Es interesante destacar que en el ámbito penitenciario son moneda frecuente los traslados de una unidad a otra, muchas veces porque el S.P.B lo dispone arbitrariamente, otras porque median cuestiones de resguardo de integridad física del sujeto ante problemas convivenciales, que interrumpen y frustran aquéllas actividades que el condenado esté llevando adelante, pues al “mudarse” de unidad rara vez puede continuar en lo inmediato estudiando o trabajando en su nuevo lugar de detención. También ocurre que los cupos para esas actividades no abastecen la demanda.

Es frecuente que muchos detenidos queden inscriptos en listas de espera que nunca se terminan. Es decir, si un detenido quiere capitalizar su detención, hacer algo provechoso de ella, no puede porque los cupos no alcanzan para todos; o porque no todas las Unidades cuentan con todos los niveles educativos, y suficientes profesores. Ello sin contar que pocas poseen con convenios con instituciones Universitarias. Otro problema recurrente es que la oferta laboral y de oficios del S.P.B resulte inadecuada para la época en la que la tecnología y la comunicación se imponen.

Aún hoy, hay detenidos que desarrollan tareas de huerta, limpieza del sector de visitas, o armado de bolsas de papel o broches como actividad laboral. ¿Es posible, entonces, que un sujeto que transita aquél camino pueda proyectar una vida mejor, cuando en su detención no logra participar más que de actividades que resultan cuestionables de toda utilidad a la hora de postularse a un futuro empleo?

Cuando el Estado hace de la punición su principal instrumento para combatir la inseguridad debe, al menos, instrumentar un tratamiento penitenciario que no sólo observe los estándares internacionales de derechos humanos, sino que además se caracterice por un mínimo de efectividad y utilidad. Es loable creer y sostener que la mano dura no resuelve el problema, es más, es sabido que solo evidencia la incapacidad del Gobierno de turno para resolver problemas. No obstante, es insoslayable la problemática que aqueja a la órbita penitenciaria, por lo que viene siendo hora que el Estado asuma un rol activo en las responsabilidades que le competen, y que ha asumido en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Ante este panorama, construir cárceles, pareciera al momento lo más urgente.

[i] Abogada

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s