¿Quién es Ramos Padilla?

Por Gala Kreisler[1]

El 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se sancionó la Ley de Obediencia Debida n.º 23 521. Se trataba de una norma que establecía la presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de Coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), durante el terrorismo de Estado no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida» (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).

¿Por qué es relevante esto? Porque unos meses después, el Juez Juan Ramos Padilla dictaría la inconstitucionalidad de la misma (esto es posible dado que en Argentina rige un sistema de control difuso, lo que significa que los jueces pueden declararlo por sí mismos).

En una entrevista que dió el 20 de diciembre del año pasado al programa radial “Oral y Pùblico”[2], Padilla señaló que Alberto Natalio Nisman (si, el mismo) se ocupó de encubrir la desaparición de cuatro integrantes del MTP una vez que se habían rendido y se estaban entregando, y que la responsabilidad máxima de ese encubrimiento es de Gerardo Larrambebere, juez que lo reemplazó tras su renuncia.

Juan es el padre de Alejo Ramos Padilla, el juez que actualmente lleva la causa que se inició el 28 de enero por una denuncia contra otro fiscal, Carlos Stornelli, vinculado con una red de espionaje ilegal que tiene como protagonista central al falso abogado Marcelo D’Alessio. El 12 de febrero de este año el diario La Nación lo definió como “el juez cercano a La Cámpora que tiene en sus manos la denuncia contra Stornelli”[3]. Pero ¿Quién es realmente y por qué Cambiemos lo quiere destituir?

Alejo Ramos Padilla nació el 30 de diciembre de 1975. Se recibió de abogado en la UBA en el año 2000. Luego de eso, realizó una Especialización en Administración de Justicia en dicha universidad y una Maestría en Derechos Fundamentales en España. Durante ocho años ejerció como abogado particular, actuando como querellante en el primer juicio oral y público por crimen de lesa humanidad, logrando la condena a reclusión perpetua del ex comisario general Miguel Etchecolatz. Fue abogado de la fundadora y primera presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani

Posteriormente inició su carrera como juez y en la actualidad se desempeña como Juez Federal en el departamento judicial de Dolores. Cobró notoriedad el pasado 13 de marzo cuando fue citado por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados  por la causa conocida como “Escándalo D’Alessio” por el involucramiento de periodistas, según aclaró el diputado radical Leopoldo Moreau en la sesión que se puede ver aquí.

Ante la consulta por la acusación de juez militante que pesa sobre él aclaró: “Se me colocó como un juez militante, sobre la base de que, desde que soy juez voy a la marcha del 24 de marzo, que es para sostener el estado de derecho. He ido con colegas jueces, con los ex-combatienes de Malvinas, y ser un juez militante por esas ideas no tiene absolutamente nada de malo”. De hecho, ayer se lo pudo ver en la Plaza en el acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

Estas acusaciones, provenientes del oficialismo, tienen larga data. Estuvieron presentes desde que, en diciembre de 2015, declaró la inconstitucionalidad del nombramiento vía decreto presidencial de los jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mismo procedimiento por el que se hizo conocido su padre 20 años antes. Fue en aquel momento donde La Nación lo tildó de “juez militante”[4] Posteriormente, a mediados de 2018, se opuso a los cortes de gas por falta de pago, dando lugar a numerosos amparos que frenaron la medida[5]. Si a estos dos hechos sumamos la investigación que lleva a cabo actualmente, no ha de sorprender la intención del oficialismo de dar por tierra con su función.

A través de Juan Pablo Mahíques, integrante oficialista del Consejo de la Magistratura, la alianza Cambiemos busca iniciar el proceso de juicio político contra el magistrado. El Ministerio de Justicia comunicó que basa su decisión en la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. Sin embargo, no se manifestó cuando numerosos jueces marcharon por el esclarecimiento de la muerte del Fiscal Alberto Nisman.

Según la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial, a la vez que decide la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, pudiendo ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.

Obra de la casualidad o la causalidad, hoy Ramos Padilla tiene cita en el Consejo, ya que está concursando para ser juez federal de La Plata, un juzgado clave en un año electoral. Obtuvo el mejor promedio en el examen, cuyo desempeño fue calificado de “brillante” desde el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la elección final del juez corresponde al Poder Ejecutivo, es decir a Mauricio Macri, el mismo que intenta destituirlo por su supuesto mal desempeño.

Mientras tanto, el juez federal de Dolores no para: volvió a citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli para el martes 26 de marzo, esta vez bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía, dado que no solo se ausentó en las dos oportunidades en que fue convocado, sino que recusó al magistrado y pidió la nulidad de la  investigación; a pesar de las numerosas pruebas que lo involucran en la causa, incluyendo filmaciones y registros electrónicos.

La causa actualmente involucra a participantes de todo el arco político y mediático, incluyendo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Elisa “ Lilita” Carrió  (que con este Tweet se burló del tema en las redes), la diputada Paula Oliveto, la Agencia Federal de Inteligencia y el mismísimo presidente, quién habría sido referido como “MM”. Visto así, parece bastante claro porque quieren destituirlo.

En una muestra de cordura, la medida fue rechazada por referentes como el abogado Andrés Gil Domínguez, quien twiteó: “Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas del kirchnerisno, y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así[6].

 

[1] Abogada y militante feminista.

[2]https://radiocut.fm/audiocut/juez-ramos-padilla-sobre-la-tablada-por-accion-o-por-omision-el-responsable-maximo-es-larrambebere/

[3] https://www.lanacion.com.ar/politica/quien-es-alejo-ramos-padilla-juez-cercano-nid2219397

[4]https://www.lanacion.com.ar/politica/un-juez-militante-de-justicia-legitima-declara-inconstitucional-el-decreto-de-macri-para-completar-la-corte-nid1856145

[5] https://www.tiempoar.com.ar/nota/en-la-provincia-crece-la-desobediencia-civil-contra-los-tarifazos

[6] https://twitter.com/agildominguez/status/1106699486599016450

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