Por nuestro derecho

Por Daniel Germán Rosetti

Desde su llegada a la Rosada, el presidente Macri y todo su gabinete pusieron el blanco en las y los trabajadores que, si estaban organizados, eran considerados aún más peligrosos. El uso del concepto de  “mafiosos” en los discursos presidenciales marca la doble intención de demonizar a los dirigentes sindicales y poner a toda actividad colectiva en pos de resistir el avance sobre los derechos conseguidos, como un acto delictual.

Luego de más de una década en la cual el avance neoliberal parecía haberse contenido, la restauración conservadora se impuso voraz y rápidamente. La construcción del nuevo discurso tuvo como protagonista a los y las trabajadores como responsable de la situación en la que se encontraba la economía y consecuentemente, la situación socio política del país. El costo laboral, las paritarias, los sindicalistas, las legislaciones laborales, los salarios, las jubilaciones, entre tantas otras estigmatizaciones, eran las responsables de los problemas que tenía la Argentina. Tres años y medio después de gobierno Cambiemita, estas falacias caen por peso propio.

Durante la campaña de 2015, la alianza Pro-Cambiemos se presentaba como la promesa de progreso industrial y “crear empleo privado de buena calidad”. Amparado por la imagen (vaya uno a saber por qué) del expresidente Frondizi, el Macri candidato fue mostrado como un desarrollista que ampliaría la base industrial exportadora con el aporte de los inversores privados extranjeros.

A la vista de los resultados obtenidos, nada de esto pasó. Ya sea por el pésimo diagnóstico de pretender qué el capital internacional invirtiera en proyectos a largo plazo por encima de la velocidad de la especulación financiera, o por suponer que la apertura de importaciones de productos de países con mayor y mejor tecnología actuaría como dinamizadora del mercado, o quizás por volver a profundizar, aún más, el modelo extractivista, o por dejar casi secos de recursos a la inversiones en investigación y desarrollo  nacionales. Ninguna de las políticas implementadas por Macri y sus ministros fue en el sentido de sus promesas.

Lo que sí han producido estas medidas en la destrucción del trabajo industrial, dónde el blanco principal fueron las cooperativas y la Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), lo que denota la estrategia de concentrar a los actores de mercado en solo un puñado de grandes jugadores que imponen reglas que van en contra de las y los trabajadores y quieren avanzar en la restricción de los derechos conseguidos.

La destrucción del mercado interno, consecuencia directa de Cambiemos en el gobierno, hace imposible el desarrollo industrial, puesto que los y las que trabajan son los que consumen y a medida que pueden tener capacidad para invertir en sus proyectos generan más trabajo. Este multiplicador de la economía debe desarrollarse en pos de aumentar la inversión en tecnologías que liberen al ser humano de las tareas repetitivas y amplíen el número de actores que ofrecen nuevos productos; no en aumentar las riquezas de los gigantes jugadores del mundo financiero.

Sin un mercado interno dinámico, sin posibilidad de una población que pueda satisfacer sus deseos, no hay chances de desarrollar ningún proyecto autónomo, ni tecnológico ni cultural, sino la simple reproducción de un sistema de consumo vacío que no respeta singularidades, sino que impone falsas individualidades. La avaricia de los que poseen herencias pone trabas a estos avances e intenta colocar sus productos fabricados en series enajenantes.

La huelga general del 30 de marzo, acompañada por una multitudinaria manifestación, muestra que ninguna de las amenazas de la clase dominante instalada en Balcarce 50 hizo efecto en las bases y demostró que el golpe se sintió en el gabinete gubernamental.

La huelga se realizó en un momento complicado, ya que muchas empresas, en su mayoría PyMEs, están ahogadas por las presiones de los generadores de precios industriales, ejemplo de esto es que mientras que se desarrollaba la medida, las petroleras informaban el aumento en los precios de los combustibles (YPF ya abandonó totalmente la función de ser el regulador de mercado) dejando en el olvido cualquier pretensión de poder sostenerse produciendo.

Además, muchas empresas están en pleno procedimientos de crisis, con suspensiones y despidos, poniendo en una difícil disyuntiva a algunos gremios industriales, que desmienten las cifras oficiales sobre el costo de una medida de fuerza. Según fuentes del gobierno, ésta llegó a 34.000 millones de pesos, algo así como 755 millones de dólares, apenas el equivalente a tres días de la riqueza que se esfuma en la especulación financiera amparada por la subasta de dólares del Banco Central, que ahora que puede llegar a 250 millones diarios y no informar si esa es la cifra fue mayor. Otra política escondida bajo la información del paro, cuyo costo es mucho mayor que la organización de una protesta que visibiliza la situación que se padece en el mundo laboral.

Como superación del cinismo gubernamental, y como construcción ideológica fragmentadora, la ministra Patricia Bullrich pretende cobrar a las centrales trabajadoras que organizaron la movilización 18 millones de pesos por el despliegue de más de seis mil efectivos de fuerzas de seguridad, en una movilización que se caracterizó por su carácter pacífico, no violento, y solo reivindicador de la garantía constitucional de reclamar ante las autoridades. Se sabe que esto no prosperará, pero la intención comunicacional de instalar que “la gente” (como si los trabajadores y trabajadoras fuera otra cosa) no debe “pagar con sus impuestos” estos despliegues cala en algunos sectores que este modelo de país sigue representando. En la misma línea argumental, el ministro Dante Sica sostuvo que la medida fue política y que “la gente quiere cuidar sus empleos”, algo que resuena a la amenaza arrojada por Prat Gay cuando formaba parte del gobierno y lanzó la sentencia que los trabajadores deberían resignar salarios por empleos.

A mediados del siglo XIX, Carlos Marx generó una nueva antropología que ponía al ser humanx como un ser que trabaja en beneficio de la comunidad. A fines de ese siglo y principios del XX, las luchas de los y las trabajadoras en todo el mundo dieron inicio a las reivindicaciones que se transformaron en derechos. A mediados del mismo período, el Estado de bienestar reconocía esas luchas y ponía a los trabajadores y trabajadoras como los actores amparados por el él, para el crecimiento en paz de la sociedad y a la justicia social como producto final del trabajo, también social. El constitucionalismo de segunda generación dio cuenta de ello en nuestro país con la reforma de 1949 y la memoria del peronismo como fuerza que escuchó y entendió sus demandas.

Desde fines del siglo pasado se intenta abandonar este modelo de sociedad. La organización y lucha de las y los trabajadores, ocupadxs o desocupadxs de todos los sectores, puso límites a esos avances y visibilizó nuevas demandas. El comienzo de este nuevo siglo, con los gobiernos nacional populares que se generaron en nuestra región, se demostró que es posible avanzar en espacios que se creyeron perdidos y que el Estado puede ser el ámbito donde se generen los cambios en pos de sociedades más igualitarias , al tiempo que se refuerza la política democrática y participativa la herramienta para esa transformación.

Los intentos de las nuevas oleadas neoliberales de avanzar sobre las conquistas alcanzadas, tienen coto en la resistencia de los sectores populares que no olvidan que existieron tiempos mejores.

Nada está perdido, todo está por lograrse

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