“El Estado no está para matar ni extorsionar, sino para cuidarnos”

Ariel Larroude es abogado por la UBA y especialista en Política Criminal y Seguridad Ciudadana. Es presidente de la Fundación SegurAR (Seguridad Argentina) y Director General del Observatorio de Política Criminal. En diálogo con Primera Generación, el especialista respondió preguntas relacionadas con la muerte de cuatro personas en San Miguel del Monte.

¿Fue correcto el accionar de la policía o se trata de un caso de “gatillo fácil”?

Esto no fue un error. Fue un claro accionar homicida por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro país desde el año 1983 vive, aunque con algunos vaivenes, en un estado de derecho. Lo que supone que todos sus habitantes estén sometidos al imperio de la ley y no bajo la voluntad quien detenta el poder. Nuestra legislación obliga a sus agentes policiales a respetar las garantías constitucionales de la ciudadanía, que son los límites que los constituyentes le impusieron a la fuerza estatal cuando se firmó la constitución. Aquí lo único que se conoce es que la persecución hecha por personal policial terminó con la vida de cuatro personas, tres de ellas menores de edad.

La pregunta que debemos hacernos como argentinos es qué policía queremos y, además, qué elementos entendemos correctos para prevenir la criminalidad. Por mi parte, como presidente de la Fundación Segurar y Director General del Observatorio de Política Criminal, quiero y exijo una policía con un gran sentido de la racionalidad y bajo una dirección político criminal que tenga como fin reducir la violencia y el delito pero dentro de los márgenes del estado de derecho. Esto no es equivalente a tener una mirada permisiva de la criminalidad, pero sí celosa de sus herramientas y métodos. El éxito de una política criminal no debe medirse en razón de la potencia de sus medios represivos sino en la capacidad que tenga el Estado de gestionar el crimen sin agregar más dosis de violencia que aquella violencia que intenta prevenir y cuando se comprometa a no resolver violentamente situaciones que de por sí no tenían un componente violento, como fue el caso de San Miguel del Monte.  

“Fue un claro accionar homicida por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”

¿Tiene algo en común con otros casos renombrados como el de Luciano Arruga o Santiago Maldonado?

Con Arruga, sí. Con Maldonado, no. Arruga era un joven hostigado por personal policial, al que lo obligaban a robar para la policía para no llevarlo preso. Éste se negó y la policía fustigó tanto que cuando escapaba murió atropellado.

Vemos en común la ilegalidad policial y, para el caso en que se compruebe que la policía de Montes pedía dinero para permitir la circulación de vehículos, la forma recaudatoria con que esta fuerza históricamente hizo caja. Bullrich, fiel a su estilo mediático, salió a decir que lo de Arruga fue una construcción, una ficción, para hablar mal de la policía. Lo que Bullrich se olvida es que el Estado no está para matar ni extorsionar, sino para cuidarnos de las ilegalidades que cometen otros ciudadanos, o mismo, otros agentes policiales como en este caso.  

“La pregunta que debemos hacernos como argentinos es que Policía queremos”.

¿Qué creés que va a pasar con el caso?

Creo que va a seguir su curso legal pero mediáticamente va a quedar en nada. El gobierno de la Provincia tiene una gran protección de diarios y programas de TV y en pocas semanas va a quedar en el olvido. Una lástima por los chicos muertos y sus familias quienes, por ser de origen humilde, no van a tener la fuerza necesaria para seguir instalando el tema en su búsqueda de justicia.

Consideras que lo sucedido en San Miguel del Monte está vinculado con las nuevas medidas que implementó la ministra de seguridad, Patricia Bullrich?

Son dos policías distintas. Bullrich maneja las fuerzas federales de seguridad (PFA, GNA, PNA y PSA) no las policías provinciales y, menos, las policías locales. De todas maneras, es innegable el impacto mediático de sus declaraciones. Es una funcionaria irresponsable que pretende ganar votos mostrando un discurso duro, embravecido, sobre el quehacer policial. Lamentablemente por la gente y por la propia policía (porque estos uniformados terminan presos o procesados, como Chocobar) estamos a merced de un interés político que no tiene relación alguna sobre cómo dirigir correctamente las fuerzas de seguridad. Las policías no pueden estar ligadas a las necesidades políticas de turno porque sino lo que tenemos son, más que policías, militantes armados. Un peligro para la ciudadanía, la democracia y el orden constitucional. Hay que cambiar esta visión nefasta y entender que el único control que debe tener la policía es la Constitución y el Código Penal.

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Ariel Larroude es abogado por la UBA y especialista en Política Criminal y Seguridad Ciudadana. Es presidente de la Fundación SegurAR (Seguridad Argentina) y Director General del Observatorio de Política Criminal.

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