Golpe consumado

Por Emiliano Delucchi[1]

Para entender el caso boliviano, es necesario un abordaje técnico-descriptivo y otro histórico-político. Desde la primer perspectiva, la historia se remonta a 2008 cuando, luego de 2 años de gobierno, Evo Morales logra aprobar una reforma constitucional en la que se permite sólo una reelección, por lo que en caso de lograr el triunfo en 2009, el líder cocalero sólo podría encabezar el estado hasta 2014.

Sin embargo, y a pesar de que desde el oficialismo había sostenido que el mandato en el que se reformó la constitución contaba como el primero, durante la segunda presidencia de Evo, el Movimiento al Socialismo (MAS) argumentó que al tratarse de un nuevo régimen constitucional, el mandato actual (2009 – 2014) debía computarse como el primero, y el mandato 2006 – 2009 no sería tenido en cuenta.

Esto permitió una segunda reelección, en la que el presidente obtuvo el 63% de los votos y extendió su carrera como máximo líder del estado hasta 2019. Envalentonado por el fuerte apoyo popular, en 2016 convocó a un referéndum que le permitiera postularse para un cuarto mandato consecutivo. No obstante, Evo encontró allí su primer derrota electoral por medio de un ajustadísimo 51 – 49.

A pesar de esto, en lugar de comenzar el proceso de sucesión para encontrar un candidato competitivo para los comicios de 2019, Morales prefirió presionar al tribunal electoral, para que le permitiera competir, desconociendo tanto constitución que su propio partido había promovido y aprobado como el referéndum en el que había perdido. En este caso, el máximo órgano electoral no se preocupó demasiado en guardar las formas, y autorizó el pedido argumentando que la reelección indefinida formaba parte de “los derechos humanos y políticos” del primer mandatario.

El día D

Hace unos 20 días los comicios presidenciales tuvieron lugar, y por la noche circularon informaciones contradictorias sobre si el oficialismo se impondría en primera vuelta o, de lo contrario, debería definir el balotaje frente al candidato Carlos Mesa, líder de la coalición liberal Comunidad Ciudadana.

Cerca de la medianoche, cuando la tendencia sugería que al MAS no le alcanzaban los votos para ganar en primera instancia, el conteo provisorio se detuvo repentinamente en el 83%, arrojando el resultado de 45% para Morales y 38% para Masa, lo que forzaba una segunda vuelta. Luego de 23 horas se reanudó, ya informando que se había contabilizado el 95% de los resultados y que la ventaja para el oficialismo superaba los 10 puntos.

El día jueves posterior a los comicios, y antes de que el Tribunal Electoral arrojara las cifras oficiales, el presidente anunció la victoria por televisión. En esos momentos, faltando escrutar el 1,5% de los resultados, el oficialismo evitaba el balotaje por una diferencia de 0,13%, ya que el primer mandatario tenía 46,83% de los votos frente al 36,7% del principal opositor.

La semana pasada, el líder opositor Fernando Camacho intentó entregar una carta de renuncia al presidente. Las protestas callejeras se fueron intensificando, al punto que la oposición comenzó a realizar actos terroristas en las calles, persiguió, amedrento e incluso secuestró a funcionarios públicos y dirigentes del MAS. Por otra parte, facciones afines al gobierno comenzaron a marchar hacia La Paz para resistir y apoyar los resultados electorales.

Para lidiar con la presión, el gobierno llamó a esperar los resultados de la auditoría organizada por la OEA, que había comenzado el 1 de noviembre y finalizó el día de hoy. Los resultados no fueron favorables para Morales, ya que la Organización de Estados Americanos concluyó que era “estadísticamente improbable” que existan 10 puntos de diferencia entre ambas fórmulas. Además, señaló fallas graves en el sistema informático, actas físicas alteradas y firmas falsificadas, por lo que instó a realizar nuevas elecciones.

Al haberse comprometido a aceptar la decisión de la OEA, Morales se vió obligado a convocar a nuevas elecciones y renovar a la totalidad de los vocales del Tribunal Superior Electoral (cuestionado por la oposición desde 2016). Sin embargo, la oposición, quizás alertada por la falta de resultados concretos de las violentas protestas en Chile, decidió pisar el acelerador y se negó a aceptar las nuevas condiciones.

Finalmente, las esperanzas del oficialismo de encauzar el conflicto por vía institucional se desvanecieron hace unas horas, cuando Vladimir Yuri Calderón, comandante general de la policía boliviana (que se encuentra acuartelada desde ayer), se sumó al pedido que a primeras horas de la tarde hiciera el jefe del ejército, Williams Kaliman, lo que terminó de consumar el golpe, al no poder Morales controlar a los brazos armados del Estado.

El factor histórico-político

Hasta aquí la cronología que desemboca en el golpe, que explica el 50% (o quizás menos) de lo que está pasando hoy en el país vecino. Es necesario ahora hacer un repaso de la historia reciente de Bolivia, nación que se ha ubicado entre las más pobres del mundo hasta el ascenso al poder de Evo Morales.

Luego del triunfo en 2006, el MAS estatizó los hidrocarburos, modificó la constitución, y dio paso al un proceso de crecimiento y distribución sin precedentes. Generó una clase media incorporada a los circuitos de consumo que décadas atrás no hubiese sido soñada ni por los más optimistas, y otorgó derechos básicos a las masas empobrecidas, en su gran mayoría indígenas.

De esta manera, la crisis boliviana no puede explicarse desde una perspectiva económica, como ocurre con Ecuador y Venezuela, ya que todos los sectores de la economía han experimentado una evolución favorable en los últimos años. Sin embargo, las cuestiones raciales y étnicas juegan un papel preponderante a la hora de marcar alianzas y divisiones en un país que además tiene una tradición política violenta.

Dan prueba de esto el accionar fascista que ha tenido la oposición boliviana desde el primer día de gobierno de Morales, encabezada por unas élites que, reticentes a aceptar a un aborigen como presidente, comenzaron a generar todo tipo de procesos desestabilizadores. Estas incluyeron acciones secesionistas en 2008, cuando las provincias de Santa Cruz, Beni y Pando intentaron constituirse en un estado autónomo en un proceso sumamente violento, que incluyó masacres de partidarios del MAS y llamados a asesinar al presidente, por lo que la UNASUR tuvo que intervenir a fin de evitar una guerra civil.

Esas heridas, algunas que vienen desde hace siglos, permanecen abiertas y hoy se expresan en una nueva crisis. El riesgo de guerra civil permanece en estas horas y seguramente lo hará los próximos días, a menos que se encuentre una salida institucional que resguarde la integridad de los miembros y partidarios del presidente derrocado.

Pequeñas anécdotas sobre las instituciones

Para finalizar, es necesario, en medio de las reflexiones que empiecen a florecer en torno a este conflicto, considerar la problemática de las demandas y su canalización por vía institucional. Los últimos meses nos han presentado los ejemplos de Argentina, Chile y Bolivia, el primero en una enorme crisis económica que puede resolverse con un cambio de mandato relativamente ordenado, gracias a que el partido de la oposición ha logrado presentar una propuesta superadora del neoliberalismo gobernante.

Los casos del país trasandino y Bolivia tienen similitudes: experimentaron un gran crecimiento, reducción de pobreza e indigencia durante los últimos 10 años. Además, en ambos hay una porción de la población (en Chile parece ser más grande) que no puede canalizar sus demandas por vías institucionales, en el primer caso porque oficialismo y oposición no presentan diferencias en cuanto a la agenda neoliberal, alineada a EEUU, mientras que en Bolivia no hay respuestas equitativas del aparato estatal ante las elecciones. Cuando gana Morales todo funciona bien, pero cuando le tocó perder el MAS se ha saltado las reglas.

En ese sentido, la decisión de llamar a nuevas elecciones fue en la dirección correcta, aunque implementada cuando ya todas las cartas estaban jugadas, por lo que terminó funcionando como un signo de debilidad, o de aceptación tácita de las acusaciones de fraude. Quizás el haber permitido el balotaje el mismo 20 de noviembre hubiese habilitado otro desenlace, incluso considerando que las facciones golpistas del Bolivia existen desde 2006.

La cuestión de las demandas populares, su evolución y formas de manifestación se torna central, sobre todo ante la evidencia de que uno de los más eficientes gobiernos de los últimos años, quizás el que más logros económicos y sociales ha conseguido, termina derrocado en manos de una oposición recalcitrante, pero también siendo presa de sus propios vicios, abusos del sistema y sobre todo un error de lectura en cuanto al contexto regional.

En ese aspecto, la dirigencia argentina debe tomar nota de lo ocurrido hoy, y pensar con método y estrategia cuáles serán los lineamientos a seguir luego del cambio de gobierno. El próximo año el Frente de Todos deberá sortear una situación económica delicada, a la vez que se verá obligado a contener de una forma u otra a un 40% de la población que le dio la espalda en la jornada electoral del 27 de octubre, y más temprano que tarde puede salir a la calle a reclamar ser escuchada.

[1] Lic. en Comunicación Social (UNLaM)

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