¿Qué hay detrás del golpe en Bolivia?

Por Pablo Figueroa Sguario[i]

Otra vez un golpe de estado en América Latina. Otra vez Bolivia. Lo habían intentado hace 10 años atrás pero no pudieron. En esta oportunidad, envalentonados por el contexto regional, lograron algo que no pudo ser posible sin el inestimable apoyo de la Organzación de Estados Americanos, ese organismo de des-integración regional creado por los Estados Unidos en 1947 para afianzar su control sobre los pueblos de América Latina.

La destitución del presidente Evo Morales no es el primero ni, probablemente, será el último golpe a las políticas progresistas en nuestra región, por lo que los últimos hechos en América Latina se nos presentan como una nueva oportunidad para pensar qué lugar ocupan Bolivia y la región en la política de los Estados Unidos. Y para ello basta con “hurgar” un poco en las fuentes de información oficiales.

La biblioteca del Tío Sam

Una de las primeras respuestas podemos encontrarlas siguiendo la pista de la U.S Geological Survey (USGS), una agencia de la Casa Blanca dependiente del Ministerio del Interior, que tiene como objetivo definir nada más ni nada menos que la orientación estratégica de la ciencia en los Estados Unidos.

Hace algunos años esta agencia emitió un documento el que se analizan los desafíos a enfrentar por parte del país norteamericano para el período 2007-2017. El documento, titulado “Facing tomorrow challenges U.S. geological survey science  in decades 2007-2017” señala en unos de sus fragmentos: “El surgimiento de una economía mundial afecta la demanda de todos los recursos” a la vez que sostiene que “El uso y la competencia por los recursos naturales en escala global y las amenazas naturales a estos recursos, tiene el potencial de impactar la capacidad de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional, la calidad de vida y el ambiente natural”. Es decir, según la USGS para los Estados Unidos la competencia por los recursos naturales es una cuestión de seguridad nacional.

Una segunda pista podemos encontrarla si analizamos la National security strategy (NSS) del año 2010, un documento aprobado por el entonces presidente Barack Obama, en el que se trazan los ejes centrales de la estrategia norteamericana para asegurar su seguridad nacional, entendida esta en el más amplio de los sentidos. El texto señala: “Estados Unidos, como otras naciones, depende de los mercados extranjeros para vender sus exportaciones y mantener el acceso a las materias primas y recursos escasos“. Algunas líneas más abajo, se justifica el uso unilateral de la fuerza militar para defender los intereses nacionales: “Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses, pero también vamos a tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de la fuerza”.

Por último se menciona: “Para tener éxito, debemos actualizar, equilibrar e integrar todas las herramientas del poder estadounidense y trabajar con nuestros aliados y socios para que hagan lo mismo” dejando en claro que el mantenimiento del poder estadounidense deberá contar indefectiblemente con el apoyo de sus aliados. Si bien han pasado 9 años desde que este documento vio la luz, las prioridades de los Estados Unidos no parecen haber cambiado.

La tercera pista la encontramos en otro documento oficial. Esta vez se trata del informe titulado “Mineral commodity summaries 2018” también de la USGS, donde se detalla el grado de dependencia de la economía norteamericana respecto a las importaciones netas de minerales no combustibles. Allí, se puede observar que durante el año 2018, para satisfacer su demanda interna, Estados Unidos dependió en un 100% de la importación de minerales estratégicos como el asbesto (utilizado en la construcción y en la fabricación de frenos de automóviles), la fluorita (elemento esencial para el procesamiento de aluminio y uranio, este último directamente ligado a la industria nuclear), el niobio ( usado intensivamente por la industria del hierro y como aleación en la industria aeroespacial), el estroncio (como aditivo en fluidos de perforación para pozos de petróleo y gas natural), el tantalio (utilizado en la industria automotriz y en la producción de teléfonos celulares y computadoras) sólo por mencionar algunos.

Habrá que decir que estos son minerales que se encuentran en diferentes partes del mundo, pero que también se encuentran presentes en América Latina. Y como podemos suponer fácilmente, siempre es más barato, sencillo y preferible transportar cosas desde el “patio trasero” de casa que ir a buscarlas al sudeste asiático o en zonas más remotas y hostiles del mundo.

La situación en Bolivia

¿Y entonces qué sucede con Bolivia? Según el informe, Estados Unidos depende de las importaciones bolivianas de antimonio (utilizado en baterías y retardantes de llama para dispositivos electrónicos, en la construcción y en el transporte), de estaño (utilizado para la producción de químicos y como aleación) y de tungsteno (usado principalmente en las industrias de la construcción, metalurgia, minería, petróleo y gas).

Todo ello sin siquiera haber mencionado hasta aquí ni una sola palabra respecto al litio, un mineral que sirve fundamentalmente para la fabricación de baterías de autos, motos, computadoras, teléfonos celulares y todo tipo de dispositivos eléctricos, revelándose como un mineral clave para la transformación de la matriz energética en curso y, por ende, para la economía a nivel internacional.

A propósito de esto, desde hace muchos años se sabía que Bolivia contaba con yacimientos de litio por aproximadamente 10 millones de toneladas, lo que representaba un tercio del total de reservas del mundo. Bolivia era entonces una de las mayores reservas en el mundo sólo por detrás de Argentina, que cuenta actualmente con un aproximado de 14 millones de toneladas distribuídos en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. Sin embargo, en febrero de 2019 la empresa norteamericana SBK Consulting certificó que las reservas sólo en el Salar de Uyuni (Potosí) se estiman en 21 millones de toneladas aproximadamente, es decir, más del doble de lo que se preveía.

Al mismo tiempo, el gobierno de Evo Morales venía encarando un proceso de industrialización en torno a este mineral y para ello había cerrado acuerdos con la empresa china Xinjiang TBEA Group como socio estratégico para varios proyectos de industrialización de litio. Por su parte, la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano había concluido en acuerdo con la alemana ACI Systems para dar nacimiento de forma conjunta a una empresa mixta, con el objetivo de crear plantas industriales destinadas a producir baterías en suelo boliviano. Es decir, dejar de vender el litio como materia prima para comenzar a venderlo al exterior como un producto con valor agregado, algo que suele ser de poco agrado para los países industrializados del mundo.

La historia viene de lejos

Lo mencionado hasta aquí es un repaso de datos objetivos que pueden dar cuenta de cuáles son algunos de los intereses internacionales que pueden estar detrás del golpe de estado contra el legítimo gobierno de Bolivia.

Si volvemos la mirada hacia la política interna del país, habrá que decir que el desconocimiento por parte de Evo Morales de aquel referéndum vinculante del año 2016, la posterior presión ejercida sobre el Tribunal Supremo Electoral para que avale su candidatura, y la dudas sobre la transparencia en las elecciones generales del último 20 de octubre, dan cuenta de un gobierno que había comenzado a tomar decisiones autoritarias abandonando las reglas del juego democrático liberal.

Pero también hay que decir que si un general del ejército le “sugiere” públicamente al presidente que renuncie y este lo hace, estamos hablando lisa y llanamente de un golpe de estado efectuado contra un gobierno democrático. Con rasgos autoritarios, sí, pero un golpe que se aprovecha de las legítimas demandas del pueblo boliviano para instaurar en los próximos días, seguramente, un gobierno de derecha, sumamente clasista, racista y privatizador que, en caso de constituirse, irá en contra de esas demandas de la sociedad boliviana y que posiblemente será articulado desde el exterior para el beneficio económico de unos pocos países del hemisferio norte del mundo.

Si analizamos a vuelo de pájaro lo sucedido en los últimos 20 años en América Latina nos encontramos con: un fallido golpe de estado contra Hugo Chavez en el año 2002, un golpe militar contra Manuel Zelaya en Honduras en el 2009, el levantamiento policial contra Rafael Correa un año después, el golpe parlamentario contra Fernando Lugo del 2012, el golpe parlamentario contra Dilma Roussef del año 2016 y el posterior encarcelamiento de Lula en el 2018. En el medio de todo eso, en el año 2008, un levantamiento en la región de Santa Cruz (de donde es oriundo Luis Fernando Camacho) intentó derrocar al recientemente electo Evo Morales.

Se llegó a hablar incluso de la separación de la región del resto del país, algo que finalmente fracasó como todo el movimiento desestabilizador. Ese año, Evo expulsó al embajador de Estados Unidos Philip Goldberg por estar detrás de la conspiración.

La lista es larga y no es casualidad que todos los golpes hayan sido dirigidos hacia gobiernos que, en mayor o menor medida, impulsaron políticas desarrollistas y tendientes a ampliar los márgenes de soberanía respecto a las directrices de Washington. Así las cosas, los sectores nacionales, populares y progresistas de América Latina deberán empezar a discutir de forma seria qué papel van a jugar para frenar de una vez y por todas estos ataques por parte de las clases más acomodadas y retrógradas de la sociedad.

Los datos están. Están sobre la mesa. Los podemos encontrar y nadie nos oculta nada. Así se podrá discutir si es mejor adoptar una actitud reactiva o tomar iniciativas reales que pongan freno a los sectores conservadores de la sociedad.

Lo que no admite discusión es que, de continuar por este camino, la destitución del presidente Evo Morales no será el último de los golpes que recibamos en América Latina.

[i] Analista internacional y periodista, miembro del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

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